La desarticulación de una red de huachicol en el centro del país evidencia las prioridades del Ejecutivo, apremiado por EE UU y ante los pocos resultados en el combate de esta lacra en el sexenio pasado
EL PAIS
La caída este fin de semana del clan de Don Checo, una red de ladrones de combustible que operaba en el centro del país, subraya el interés creciente del Gobierno mexicano por contener el problema del huachicol, apremiado por Estados Unidos, que ve en este asunto una importante fuente de ingresos para las mafias. En los últimos meses, el gabinete de seguridad ha colocado el robo de combustible al frente de sus prioridades en la materia, tanto la variante tradicional, el robo directamente de los ductos transportadores, como la fiscal, el contrabando de gasolinas desde EE UU, mediante el falseo de la documentación arancelaria.
Igual que ha hecho en el Centro Nacional de Inteligencia, en la agencia de Protección Federal, o en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ha colocado a gente de su confianza en puestos específicos para la lucha contra el huachicol. En Pemex Logística, una de las patas de la petrolera estatal, dedicada entre otras cosas a este asunto, Harfuch impulsó, por ejemplo, a Israel Benítez, a quien tuvo a sus órdenes en sus años en la policía de la capital.
El problema es serio. Su envergadura interpela el actuar de la autoridad en años anteriores. Los decomisos, cateos y detenciones de los últimos meses eclipsan el relato sobre el huachicol que impulsó el expresidente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). En septiembre de 2019, anunció a bombo y platillo que el robo de combustible había sido “prácticamente eliminado”, después de los operativos de los primeros meses de su Gobierno, sobre todo en Guanajuato. Lejos de eso, el problema reverdeció. Los huachicoleros diversificaron sus métodos, acaparando fases del negocio ajenas antaño a su actividad, o innovando, caso de la variante fiscal.
La cantidad de maquinaria requisada al clan de Don Checo da una idea del poderío acumulado. Como explicaba este domingo García Harfuch, la red perforaba ductos de Pemex en el Estado de México, Hidalgo y Querétaro, para extraer gasolina y gas LP. Los criminales almacenaban el combustible en bodegas y luego lo distribuían de manera ilegal en gasolineras. “Algunos de sus integrantes se dedicaban a elaborar documentos falsos y mantener vínculos con autoridades locales para facilitar sus operaciones”, dijo el funcionario.
Harfuch destacaba la importancia del operativo, cuya preparación llevó seis meses y acabó con 32 detenidos, entre ellos Don Checo, apodo de Cirio Sergio N, el líder de la banda, que cuenta 55 años, y su segundo y principal operador, Luis Miguel N, alias El Flaco de Oro, de 40. Además de los detenidos, las autoridades requisaron a la red decenas de vehículos, tractocamiones, remolques, camiones cisterna… Hasta un tanque de 27 metros de largo, además de casi 16 millones de pesos en efectivo, y el clásico apartado de animales exóticos, incluyendo un cachorro de león.
La duda envuelve a las finanzas del grupo, la cantidad de combustible que sacaban de los ductos cada mes, los montos de gasolina y gas que vendían, a cuántas gasolineras lo hacían, el dinero que ganaban con todo eso… Harfuch no dijo nada al respecto. Fenómeno subterráneo, es difícil cuantificar las ganancias del huachicol para las mafias. No tanto por la cantidad de combustible robado, volúmenes que Pemex conoce y cuantifica, sino por las transacciones posteriores, ajenas a toda regulación.
En todo caso, Pemex perdió, solo en 2024, más de 20.000 millones de pesos por el huachicol, algo más de 1.000 millones de dólares, cantidad que aumentó año con año durante el mandato de López Obrador. De acuerdo al informe de resultados de la compañía del primer trimestre de este año, publicado a finales de abril, las pérdidas de enero a marzo ascendían a 5.471 millones de pesos, cifra que refleja la continuidad del problema. A las cantidades referidas se suma el quebranto al fisco del huachicol fiscal, que asciende, según los cálculos de especialistas que ha consultado EL PAÍS, a 177.000 millones de pesos al año, más de 9.000 millones de dólares.
No es un problema nuevo, el huachicol. Es más bien antiguo. Las primeras crisis, provocadas en realidad por la violencia y la agresividad de los criminales, datan de finales del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). El empuje de los huachicoleros en esa época, en estados del centro del país, principalmente en el triángulo rojo de Puebla, de Texmelucan a Quecholac, pasando por Tecamachalco y Palmar de Bravo, obligó a un despliegue militar sin precedentes en la zona.
En algunas ocasiones, la beligerancia de las mafias chocó con las dinámicas bélicas de los militares desplegados. En 2017, por ejemplo, en el municipio de Palmarito Tochapan, soldados y huachicoleros se enfrentaron a balazos, refriega que dejó 10 muertos, todos civiles. Un vídeo difundido después mostraba a un militar aparentemente rematando a uno de los criminales en el suelo.
La llegada de López Obrador y su política de seguridad, basada en la construcción de la Guardia Nacional y un acercamiento de mano blanda contra el crimen, conocido por el lema que el mismo acuñó, “abrazos, no balazos”, limitaron el actuar militar. A la vez, parece que el huachicol aprovechó para crecer. En septiembre de 2024, el día antes de su despedida, el expresidente defendió que su administración había evitado el robo de “80.000 barriles de petróleo al día”. La duda, vistos los operativos y los datos, apunta a la cantidad que los criminales seguían robando.
