La nueva legislación amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, redefine el concepto de personas políticamente expuestas y permite el acceso a datos sin orden judicial
Rafael Ramírez / El Sol de México
Con el respaldo de la mayoría de Morena y aliados, el Senado de la República aprobó este miércoles en lo general, con 74 votos a favor y 13 en contra, una polémica reforma para reforzar el marco legal contra el lavado de dinero, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aunque el bloque argumenta que “se trata de una actualización indispensable para blindar al sistema financiero”, la oposición denunció que la ley abre la puerta al espionaje institucional, la persecución política y la invasión a la privacidad de los ciudadanos.
La reforma modifica la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal. Entre sus ejes principales está el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que ahora podrá acceder, sin orden judicial, a información de ciudadanos contenida en registros de entes públicos.
También se amplían las facultades de la UIF para investigar vínculos con el financiamiento al terrorismo y se establecen controles obligatorios para sectores como el notariado, el desarrollo inmobiliario y las instituciones fiduciarias.
Uno de los aspectos más criticados es la ampliación del concepto de “persona políticamente expuesta” (PEP), que ya no se limita a funcionarios actuales o pasados, sino que incluye también a cualquier persona “relacionada” con ellos, bajo criterios definidos por la Secretaría de Hacienda. Esto podría incluir asesores, trabajadores domésticos, proveedores e incluso familiares lejanos.
El dictamen fue presentado por el senador morenista Javier Corral, quien defendió que se trata de una ley preventiva, no penal, que busca garantizar la estabilidad financiera y cumplir con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Corral, a quien se le adjudica la creación de esta reforma, afirmó que no otorga facultades persecutorias a la Guardia Nacional ni a la Secretaría de Seguridad, y que fue resultado de un proceso de parlamento abierto con sectores del sistema financiero.
En contraste, la senadora del PRI Claudia Anaya advirtió que las nuevas facultades podrían utilizarse para hostigar a opositores, movimientos sociales y organizaciones civiles.Nos quieren hacer creer que es una ley administrativa, pero incluye sanciones penales y deja definiciones clave al arbitrio del Ejecutivo.Claudia Anaya.
Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales alertó que la reforma legaliza el espionaje sin supervisión judicial.Estamos entregando al gobierno las herramientas para vigilar en tiempo real los datos patrimoniales y financieros de cualquier ciudadano, sin control alguno. Esto puede volverse un boomerang contra quienes hoy lo promueven.Alejandra Barrales.
La senadora Geovana Bañuelos, del PT, defendió el dictamen afirmando que representa “una respuesta institucional ante estructuras financieras que se esconden tras operaciones simuladas”. Aseguró que la reforma “cerrará los caminos por los que transita el dinero sucio en México”.
A pesar de las reservas presentadas por la oposición, la reforma fue aprobada en lo general y en lo particular por el oficialismo. PRI, PAN y MC no lograron frenar el avance del dictamen.
Ahora pasará a la Cámara de Diputados para su revisión final, en un contexto marcado por tensiones institucionales y señales preocupantes desde el extranjero: apenas este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres bancos mexicanos por presunto lavado de dinero.
El gobierno federal sostiene que la reforma es una medida necesaria para frenar el financiamiento del crimen organizado. La oposición advierte que también puede convertirse en una herramienta de vigilancia masiva sin freno judicial. El dilema, como en tantas otras reformas impulsadas por la 4T, está entre el combate al delito y la preservación de las libertades.
Morena eliminó modificación sobre terrorismo
Durante la discusión de los artículos reservados, el grupo parlamentario de Morena admitió solamente una reserva presentada por la senadora de su propia bancada, Lucía Trasviña, para suprimir una modificación relacionada con el financiamiento al terrorismo.
En tribuna, Trasviña sostuvo que la legislación mexicana ya cuenta con un marco jurídico suficiente para atender este tipo de conductas, por lo que la modificación propuesta resultaba innecesaria y hasta contraproducente.Contribuir a la integridad y estabilidad del sistema financiero nacional e internacional siempre será una prioridad para el gobierno de la Cuarta Transformación, así como lo es el combate al lavado de dinero.Lucía Trasviña.
La senadora explicó que el Código Penal Federal ya contempla delitos relacionados con el terrorismo, sabotaje y ataques a las vías de comunicación —en los artículos 139, 140, 148, 167 y 170— así como sus vínculos con el financiamiento ilícito. Añadió que México forma parte de diversos tratados internacionales sobre la materia, incluidos los promovidos por la ONU y la OEA.
En ese sentido, justificó su propuesta al señalar que incorporar nuevas disposiciones sobre el tema podría generar contradicciones legales: “Esta reserva tiene la intención de eliminar una modificación redundante que podría derivar en una antinomia jurídica, afectando la correcta aplicación de la ley”.
La reserva fue aprobada por el pleno con el respaldo de la mayoría oficialista.
