Organizaciones civiles, los ciudadanos afectados e incluso la CNDH alertan del aumento de restricciones a la libertad de expresión
Beatriz Guillén
El 14 de febrero de 2024, Karla Estrella, una mujer de Hermosillo, en Sonora, escribió en X: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”. La tuitera se refería a Diana Karina Barreras, quien en ese momento era diputada local en Sonora, se presentaba a la cámara federal y está casada con Gutiérrez Luna, integrante de Morena y presidente de la Cámara de Diputados del país. Por esa publicación, Estrella va a tener que pedir disculpas durante 30 días, pagar una multa, tomar un curso de género y estar inscrita en el Registro de Personas Sancionadas del INE durante un año y medio. Barreras la denunció por violencia política de género y el Tribunal Electoral federal la ha sancionado. Este caso se suma a una estela de demandas y andanadas legislativas contra la libertad de expresión encabezada por gobernantes y políticos de Morena.
Son muchas las piezas que se han unido en las últimas semanas. Ha sido inhabilitado y vinculado a proceso el periodista Jorge González, tras la acusación de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de delito de odio; han aparecido denuncias y resoluciones judiciales contra los periodistas Héctor de Mauleón y Ángel Camarillo, contra los medios de comunicación Código Magenta, Tribuna y SinEmbargo.mx, y contra las usuarias de redes sociales Karla Estrella y Laisha Wilkins. La mayoría fueron denunciados por violencia política en razón de género y todos fueron demandados por figuras vinculadas al partido oficialista. Mientras, el Congreso de Puebla, dominado por Morena, ha aprobado una ley sobre el ciberacoso, que ha recibido el sobrenombre de Ley Mordaza, que amenaza con hasta tres años de cárcel a quien insulte en redes sociales.
“De mayo a la fecha hemos visto un incremento exponencial en estas acciones, particularmente bajo la figura de la violencia política en razón de género. A la par vemos una serie de iniciativas, algunas ya como ley vigente y otras en suspenso, que tienen un claro tufo censor”, explica Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19. La organización en defensa de la libertad de expresión ha registrado desde 2019 una escalada en los casos de acoso judicial a periodistas y medios de comunicación hasta llegar a unas 20 denuncias de media al año, es decir, una cada tres semanas contra periodistas mexicanos. “Hemos visto con preocupación el incremento de procesos de índole penal, civil, administrativa contra periodistas, no con la finalidad de reivindicar la violación de algún derecho de la personalidad (como sería la reputación o la imagen), sino con la idea de desgastar al medio de comunicación y al periodista”, apunta Maldonado.
La elección judicial, el paraguas perfecto
Uno de los factores que ha influido en el aumento de las denuncias, tanto a reporteros como a ciudadanos de a pie, es el escrutinio a los miles de candidatos que se presentaban a la elección judicial. El 1 de junio se elegían casi 2.700 cargos judiciales, desde ministros a la Suprema Corte hasta magistrados y jueces de circuito. Pese al maremágnum de perfiles, tanto la sociedad civil como los medios de comunicación lograron identificar figuras polémicas, por sus vínculos o incluso por sus antecedentes penales.
A inicios de mayo, el periodista Héctor de Mauleón fue denunciado por calumnias y violencia política en razón de género por Tania Contreras, quien fue consejera jurídica del gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, y quien se presentaba a un cargo de magistrada. Mauleón, en su columna, presentaba a Contreras como “la carta fuerte de Morena” para presidir el Tribunal Supremo del Estado y recogía una filtración de Guacamaya Leaks en la que se vinculaba a la familia de la candidata con una red de corrupción y tráfico de huachicol en el Estado.
Rápidamente, el Tribunal Electoral de Tamaulipas —donde incluso una de las integrantes es prima hermana de Contreras— ordenó a El Universal retirar la columna y les prohibió publicar de nuevo sobre la candidata. Tania Contreras operó exactamente la misma dinámica contra el medio digital Código Magenta y su director, Rodrigo Carbajal, que criticó este “intento de censura”: “Código Magenta considera que la ciudadanía tiene derecho a saber quiénes son los candidatos que pretenden asumir el control del Poder Judicial”.
También por un comentario sobre una candidata judicial ha sido denunciada la actriz y conductora Laisha Wilkins. En este caso, todavía más surrealista, Wilkins solo había contestado a un tuit del medio de comunicación Aristegui. La noticia y la publicación en X de este medio decían: “Dora la censuradora: candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks”; a lo que la actriz respondía: “Jaja Dora la censuradora jaaja”. Por esas cinco palabras, Wilkins ha sido demandada por violencia política de género.
La candidata en cuestión, Dora Martínez Valero, quien se había autodenominado “Dora la transformadora” —de ahí el apodo—, ha negado ser ella quien denunció a Wilkins, aunque ha reconocido que sí denunció a otras tres personas por calumnia y violencia política de género. La actriz debe responder ahora a los cuestionamientos del Tribunal Electoral federal. “Aquí lo importante es la censura ciudadana”, ha escrito, “debemos unirnos como sociedad para no permitir el abuso de nuestros derechos y libertades”.
La mal usada violencia política de género
En 2024, de los 21 procesos abiertos contra periodistas, Artículo 19 registró que el 28,5% utilizaban como excusa la violencia política de género. “Se trata del abuso y de la mala utilización de figuras legítimas, que son resultado de luchas históricas de las mujeres, en contra de la prensa”, apunta Leopoldo Maldonado, “lo están instrumentalizando como una forma de censurar”.
Con ese pretexto se sancionó el 17 de mayo al periodista Ángel Camarillo, de Al calor político, quien había publicado una investigación sobre los vínculos entre funcionarios y candidatos en Veracruz. El reportero narra 10 casos de nepotismo, tanto de hombres como de mujeres, entre los que se menciona a una aspirante a la alcaldía de Teocelo, hija del alcalde en funciones, quien lo denunció. La sala regional del Tribunal Electoral lo ha sentenciado a una multa, a retirar el reportaje y a emitir una disculpa pública.
La mala interpretación de esta figura ha llegado a un extremo este lunes: el abogado Miguel Meza, fundador de la plataforma Defensorxs y quien hizo un exhaustivo escrutinio de la elección judicial, ha sido denunciado por “violencia política” por Luis Castañeda, candidato a juez laboral en Ciudad de México. Este delito no existe en la legislación, pero Castañeda lo argumenta así: “La violencia política contra hombres, aunque menos visible que la violencia política contra mujeres, sí existe”. Castañeda fue señalado por acosar sexualmente a 36 mujeres, pero el INE le ha aceptado la denuncia. “Esto forma parte de la intensificación de los ataques contra la libertad de expresión que hemos vivido en las últimas semanas”, ha escrito Meza.
La ley Mordaza de Puebla
En un país conocido por usar el espionaje contra periodistas o ser el más letal contra la prensa, los obstáculos a las posturas críticas llegan ahora también en forma de legislación. A principios de junio, el Congreso de Puebla aprobó la reforma propuesta por el gobernador Alejandro Armenta sobre la Ley de Ciberseguridad. El mandatario, quien llegó a insultar a un reportero en una de sus conferencias de prensa y pidió a la FGR que le iniciara una investigación por difamación y —de nuevo— violencia de género, definió que el “ciberasedio” pudiera pagarse hasta con tres años de cárcel.
La ambigüedad de la ley, que considera ciberasedio como “usar las redes sociales para insultar, injuriar, ofender, agraviar o vejar a otra persona”, hizo saltar las alarmas. “Es ir en sentido contrario. De 2006 a la fecha se había buscado en Puebla derogar los delitos contra el honor, y ahora están regresando a esas figuras punitivas en contra de la libertad de expresión”, apunta Leopoldo Maldonado.
Hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está dirigida por la polémica Rosario Piedra Ibarra, muy cercana a Andrés Manuel López Obrador, ha exhortado al Congreso local a revisar la legislación que acaba de aprobar: “La CNDH considera que el texto del artículo 480 presenta ambigüedades que podrían dar lugar a restricciones indebidas al derecho a la libertad de expresión”. La dependencia, que está trabajando ya en una acción de inconstitucionalidad, ha pedido a las autoridades de Puebla que prevengan “el uso del derecho penal como medio indirecto de censura”.
