Dossier Politico
En un país donde la democracia se sostiene, en teoría, sobre la crítica y la libre expresión, asistimos a una peligrosa distorsión del marco legal que debería proteger a las mujeres en la política.
El caso de Karla Estrella, ciudadana de Hermosillo sancionada por un comentario crítico en redes sociales contra una diputada, es emblemático.
El 14 de febrero de 2024, tras publicar en X una opinión incómoda, fue acusada de violencia política en razón de género, amonestada, multada, obligada a tomar un curso reeducativo y registrada en el padrón del INE por 18 meses.
No se trata de un caso aislado, sino del síntoma de una práctica creciente y alarmante:
El uso instrumental de leyes legítimas para censurar voces críticas.
Organizaciones como Artículo 19 han levantado la voz:
Esta figura legal, diseñada para erradicar la discriminación estructural hacia las mujeres, está siendo convertida en un arma para acallar periodistas, activistas y ciudadanos incómodos.
Leopoldo Maldonado, su director regional, lo advierte con claridad:
Se abusa de estas denuncias más para desgastar al medio o al ciudadano crítico que para proteger a mujeres en el espacio público.
En Puebla, el periodista Jorge González fue vinculado a proceso por presunta violencia política de género contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.
La acusación se basa en el supuesto tono “de odio” de sus expresiones.
Pero, ¿qué criterios definen ese odio?
¿Dónde queda la línea entre crítica legítima y agresión real?
La ambigüedad deliberada de estos términos permite interpretaciones amplias, peligrosamente discrecionales.
La censura ha dejado de ser una amenaza exclusiva a medios establecidos.
La periodista Ruby Soriano fue obligada por el Instituto Estatal Electoral de Puebla a borrar una publicación sobre una diputada local.
Esta sanción institucional extiende la sombra de la censura a ciudadanos que usan redes sociales como espacios de análisis y crítica pública.
El mensaje es claro:
Cuestionar puede salir caro, incluso si lo haces desde tu cuenta personal.
En junio de 2025, el Congreso de Puebla aprobó la reforma contra el “ciberasedio”, conocida como la Ley Mordaza.
Dicha ley penaliza con hasta tres años de prisión a quienes “insulten” o “ofendan” en redes.
La CNDH ha sido contundente:
Esta ley, bajo un lenguaje supuestamente protector, es una herramienta punitiva contra la libertad de expresión.
Su vaguedad da cabida a que cualquier comentario que incomode al poder sea tratado como un delito.
Desde 2019, Artículo 19 ha registrado un promedio de 20 acciones legales por año contra periodistas y ciudadanos bajo el paraguas de violencia política de género.
Estados como Puebla lideran en estas sanciones, con al menos 77 personas procesadas, incluyendo comunicadores como Gerardo Ruiz.
La revista Almanaque ha calificado este uso de la ley como una táctica deliberada:
Es un “utensilio para acallar adversarios” en lugar de una herramienta para proteger derechos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido con claridad que la crítica hacia figuras públicas está protegida, incluso si es dura o incómoda. Ignorar esta jurisprudencia es un retroceso democrático.
La violencia política de género existe y debe combatirse con firmeza.
Pero mal usar esa figura legal la banaliza, erosiona su legitimidad y, en el largo plazo, perjudica a las mujeres que realmente necesitan protección.
La sobreutilización y tergiversación de este marco abre una grieta peligrosa:
La criminalización de la crítica bajo el disfraz del feminismo institucional.
Casos como el de Karla Estrella, Jorge González y Ruby Soriano revelan una tendencia autoritaria con rostro progresista.
El aparato legal, diseñado para empoderar, está siendo manipulado para castigar.
En tiempos donde la transparencia y la crítica son esenciales para contener los abusos del poder, asistimos al inquietante nacimiento de una censura legitimada por ley.
Hoy más que nunca, los ciudadanos y periodistas debemos defender la libertad de expresión como un derecho que no puede subordinarse al confort del poder político.
No se trata de permitir discursos de odio, sino de evitar que las leyes se transformen en mordazas.
En una democracia madura, el disenso no se castiga:
Se escucha y se debate.
Hoy es tiempo de unidad nacional, no de prolongar la polaridad por ideologías políticas que frenan el desarrollo económico y ponen en riesgo la estabilidad social y política de México.
Y que el respeto entre todas, todos y todes; ciudadanos y políticos, sea el inicio de esta gran odisea.
Ninguna ley ni mandamiento religioso puede, ni debe, atentar el libre pensamiento.
Al tiempo.
El autor con más de 30 años de experiencia, es periodista en Derechos Humanos, Migración y Medioambiente.
Director de AM Diario, colaborador en medios de Sonora como Dossier Político, Pajarito News, de Arizona como Irreverente Noticias y Ciudad de México como Esfera Noticias.
