Noelia Bernal, madre de una menor presuntamente abusada sexualmente en esa institución educativa. exhibió las posibles conductas de corrupción en la actuación judicial y de otras instancias
Redacción
Después de 2 años, 5 meses y mil 886 fojas del abultado expediente contra los implicados en el caso de abuso sexual de un menor a una niña, un juez penal oral otorgó el sobreseimiento o deslinde de la acción al propietario del colegio Liceo San Agustín.
La denuncia
La señora Noelia Bernal, madre la menor, denunció a Dossier Político que esta decisión que deslinda parcialmente de responsabilidad al dueño del colegio privado, se debe a un acto de corrupción e influyentismo.
La señora Noelia expone que el pasado lunes 16 de junio fue notificada de la celebración de una audiencia el día miércoles 18 de junio, misma donde el juez Rodrigo García Contreras emitió el fallo a favor del propietario del colegio quien contó con la defensa legal de un exjuez amigo del juez penal oral de nombre Eugenio Medina.
Reiteró que el abogado y hoy exjuez dejó su cargo hace apenas 6 meses.
Además, sostiene que dicho juez no conoce el abultado expediente y no podría lograrlo en sólo dos o tres días, lo que sugiere un acto de corrupción y posible tráfico de influencias.
Refiere que el juez argumento que el propietario no se encontraba físicamente en el colegio el día de los hechos.
Lamentó que la resolución, la dictó en referencia y alusión al caso de la Guardería ABC donde los dueños no se encontraban presentes ese fatídico 5 de junio donde 49 niñas y niños perdieron la vida.
La ley
Noelia Bernal apuntó que la Ley establece que los jueces de Control deben conocer y continuar con los procesos que inician de principio a fin.
Artículo 133. Competencia jurisdiccional
Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes. órganos:
I.- Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio.
II.- Tribunal de enjuiciamiento, que preside la audiencia de juicio y dictará la sentencia, y
III. Tribunal de alzada, que conocerá de los medios de impugnación y demás asuntos que prevé este Código.
Expuso que el proceso contra el resto de los implicados continúa y que la decisión del juez la llevará a la Apelacion con el apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).
Noelia Bernal exhibió las posibles conductas de corrupción en la actuación judicial y de otras instancias en el caso del presunto abuso sexual a su hija en el Liceo San Agustín de Hermosillo.
El origen
Desde febrero del 2023, la madre de familia denunció públicamente que su hija, de apenas 5 años, fue presuntamente abusada por un compañero dentro del Liceo San Agustín.
Desde entonces, ha buscado justicia a través de múltiples instancias:
Presentó denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), la CEDH, la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).
El viacrucis
En este “viacrucis”, llevó a cabo varias audiencias, incluyendo tres con juezas que no vincularon a proceso debido a que la menor no pudo precisar cronología ni detalles de ubicación.
Los señalamientos sobre jueces e instituciones son por la inacción judicial.
Noelia denunció que las primeras juezas se negaron a vincular a proceso a los presuntos agresores a pesar de pruebas como estudios médicos y psicológicos.
Además, retrasos en la SEC y posible encubrimiento.
La lucha
La madre sostuvo reunión el 14 de mayo de 2024 con autoridades de la SEC, CEDH y la Procuraduría, no hubo seguimiento ni respuesta de la SEC, lo cual ella consideró en su momento un intento de dilación.
También señaló las prácticas en la CEDH, ya que entre los actos más controvertidos, se descubrió que un perito médico de la CEDH realizó una revisión ginecológica a la niña fuera de protocolo, aproximadamente 40 días después del abuso.
Según se informó, esto fue iniciado tras una denuncia pública y el profesional dimitió el 10 de mayo de 2024.
El presidente de la CEDH, Luis Fernando Rentería Barragán, admitió el error y ordenó una investigación, aunque Noelia afirma que las autoridades “se están lavando las manos” y no la han contactado directamente
Por lo anterior, se logró la imputación a visitadores y médico de la CEDH el 10 de junio de 2024.
Ello por habilitar esa revisión ginecológica indebida, el perito principal se encuentra desaparecido y los otros dos están sujetos a medidas cautelares, como firma mensual y libertad bajo vigilancia.
La FGJE
La Fiscalía de Sonora continúa con peritajes y apeló la falta de vinculación a proceso dictada por el juez el 30 de octubre de 2023.
Actualmente se espera resolución del Tribunal de Alzada.
Por su parte, la SEC ha señalado que, sin una sentencia judicial firme, no puede sancionar ni cerrar el colegio.
Únicamente pueden emitir medidas después de que el Poder Judicial lo autorice.
Las irregularidades
Entre las posibles irregularidades y señales de corrupción se encuentran la negligencia institucional: por estándares mínimos para el seguimiento del caso que no se cumplieron, según la madre.
Desde el inicio denunció la inactividad judicial por los repetidos rechazos de vinculación sin fundamentar técnica y con evidencias médicas y forenses.
Conductas reprochables en la CEDH, al autorizar exámenes fuera de protocolo.
Posible colusión entre autoridades, derivando en dilación o encubrimiento.
Noelia Bernal solicita la remoción de juezas y la presentación de quejas formales.
Demandó en su momento que la SEC aplique medidas al colegio solo con respaldo judicial firme.
El Tribunal
Noelia Bernal afirmó que continuará su lucha hasta llevar el caso a instancias federales incluyendo la Presidencia y hasta lograr sentencias condenatorias para todos los responsables y reparación del dañó en el Tribunal de Alzada.
El caso que la mamá de Noelia Bernal expone a este medio desde abuso escolar hasta posibles actos irregulares en jueces, revela profundas fallas institucionales.
A ellos se suma la combinación de dilaciones, cuestionables prácticas de investigación y falta de transparencia.
La madre de la menor aduce que lo anterior ha creado una percepción de corrupción arraigada en distintos niveles del sistema legal y educativo en Sonora.
