Jesús Presiche Olachea advierte que diputados buscan castigar hasta con 9 años de cárcel la pesca ilegal, mientras omiten sancionar a grandes empresas que contaminan y saquean el mar
SERGIO GARCÍA / LA SILLA ROTA
NOGALES, Son.— La propuesta legislativa para tipificar la “pesca ilegal” como delito penal es un intento por criminalizar la pobreza del sector social, denunció Jesús Presiche Olachea, presidente de la Federación de Cooperativas Puerto de Guaymas. Aseguró que esta medida solo profundiza la desigualdad en el sector, al tiempo que se tolera la depredación ambiental de grandes empresas pesqueras y acuícolas.
“El neoliberalismo en el sector pesquero se sigue fortaleciendo. Hacemos un llamado al Congreso de la Unión para frenar leyes que aplastan a los de abajo”, expresó. Aseguró que es necesario poner orden, pero “barriendo desde los escalones de arriba”, citando al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Presiche criticó la propuesta del diputado Jorge Sánchez Reyes (Morena), secretario de la Comisión de Pesca en San Lázaro, quien planteó reformas a la Constitución y al Código Penal Federal para castigar con hasta nueve años de prisión la pesca durante vedas.
Recordó que mientras la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) impone restricciones al sector social —como la veda del pez dorado—, la Armada persigue y criminaliza a pescadores ribereños. En contraste, dijo, se permite que grandes embarcaciones extranjeras capturen libremente esa especie en aguas de Estados Unidos, y denunció el contrabando de toneladas hacia ese país.
También cuestionó la prolongación de vedas del camarón, que antes iniciaban el 20 de agosto y ahora llegan hasta octubre, cuando el crustáceo ya migró a aguas profundas inaccesibles para los pangueros. Solo en Sonora, dijo, hay 32 mil familias ribereñas, y en 2024 su producción se redujo un 40%, generando más pobreza y deudas.
Presiche responsabilizó al modelo neoliberal instaurado en el sexenio de Ernesto Zedillo de haber desmantelado al cooperativismo pesquero para beneficiar a grandes empresas, lo que ha llevado al colapso de la pesca en altamar.
Además, exigió al Congreso revisar las granjas acuícolas, particularmente en Sonora y Sinaloa, señaladas por contaminación, deforestación de manglares y vertimiento de residuos tóxicos en zonas costeras. Citó denuncias de pueblos yaquis sobre los daños a ecosistemas clave como esteros, lagunas y humedales.
Sobre la pesca de sardina, advirtió que muchas capturas no se destinan al consumo humano, sino a la producción de harina y alimento animal, mientras se sigue afectando la biodiversidad marina.
“Desde el Congreso, donde se supone que hay representantes del pueblo, están buscando criminalizar a los pescadores pobres y beneficiar a quienes siguen depredando el mar”, acusó.
Finalmente, manifestó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero advirtió que ya enfrenta resistencias internas. “Debemos estar alertas para defender sus políticas que buscan el bienestar de las comunidades”, concluyó.
