Daisy Zavala Magaña / NOGALES INTERNACIONAL
El viernes pasado por la mañana, Donasiano Ugarte Ramírez, residente de Phoenix, estuvo inactivo cerca del Instituto Nacional de Migración de México en Nogales, Sonora.
Estuvo atento a que las autoridades estadounidenses pasaran por el puerto de entrada de DeConcini y dejaran a su esposa en México. En última instancia, esperaría 11 horas para que esos procedimientos de deportación llegaran a su fin.
Ugarte, su esposa y sus hijos representan solo un ejemplo de aquellos atrapados en la turbulencia de las separaciones familiares a medida que la administración Trump busca implementar políticas de inmigración más agresivas.
Un funcionario en Nogales, Sonora, dijo que las deportaciones diarias continúan a través del puerto local. Sin embargo, el volumen de esas repatriaciones no ha estado ni cerca de lo que esperaban, según el secretario municipal, Hipólito Sedano Ruiz.
Señaló que las deportaciones a través del puerto local habían sido relativamente bajas desde enero, con un promedio de 30 a 40 personas por día.
“Esperábamos ver un mayor número de deportaciones, pero afortunadamente no ha sido así”, dijo Sedano.
Los funcionarios federales, estatales y locales habían tomado medidas proactivas para prepararse para lo que esperaban que fueran deportaciones masivas. Las autoridades prepararon dos refugios improvisados dentro de la ciudad, en los que planeaban albergar y asistir a los migrantes deportados.
Hasta la semana pasada, Sedano dijo que solo habían estado alojando a los migrantes en uno de esos albergues. E incluso entonces, señaló, el refugio no se ha acercado a su capacidad de hasta 800 personas desde que abrió.
Aun así, los funcionarios continúan siguiendo una rutina formal mientras reciben a las personas recientemente deportadas a la ciudad, un proceso establecido por el programa México Te Abraza del gobierno federal.
Los migrantes deportados son trasladados directamente de las oficinas de inmigración al albergue para su registro. Allí, se les proporciona áreas climatizadas para la higiene y las pernoctaciones, y acceso a los miembros de contacto de la familia. A través del programa federal, los ciudadanos mexicanos también tienen acceso a servicios médicos sin costo y una tarjeta de débito con $2,000 pesos (alrededor de $100 dólares estadounidenses) que se pueden usar para ayudar con la reubicación.
“Preparados para ayudar”
Alrededor del 95 por ciento de los migrantes repatriados han sido mexicanos, mientras que el resto son de países centroamericanos, dijo Sedano. De esos ciudadanos mexicanos, una parte significativa había establecido raíces profundas en los Estados Unidos; algunas personas ya no tienen familia en México, anotó.
“Eso te dice: ‘Bueno, ya son extraños en su propia tierra porque ya pertenecían más a ese lado que a este lado del territorio'”, dijo Sedano.
Agregó que la mayoría de los migrantes que son deportados a través de Nogales, Sonora, solo permanecen en el albergue del gobierno durante unas 48 horas antes de trasladarse a otro lugar.
“La mayoría de ellos no buscan permanecer en la zona fronteriza. Buscan trasladarse a su lugar de origen”, dijo.
Y para aquellos ciudadanos mexicanos que buscan establecer una residencia a largo plazo en la ciudad, Sedeño dijo que los funcionarios locales tratan de ayudarlos a encontrar oportunidades de trabajo.
“Lo que no debe pasar es dejarlos desprotegidos en la calle. Al fin y al cabo, son seres humanos, ante todo”.
En cuanto a las bajas cifras de deportaciones a través del puerto local, Sedano dijo que podría haber un par de factores contribuyentes: más personas posiblemente opten por las autodeportaciones en medio del clima político actual en Estados Unidos, o que la administración Trump recurra a otros “esquemas”.
Por ejemplo, el presidente Donald Trump ha deportado a cientos de migrantes indocumentados, principalmente de América Central y del Sur, a una prisión en El Salvador sin el debido proceso. Además, otros migrantes han sido deportados a lugares distintos a sus países de origen, según el Consejo de Relaciones Exteriores, un grupo de expertos estadounidense centrado en las relaciones internacionales del país.
Sheinbaum había buscado inicialmente un acuerdo con Trump en diciembre para evitar recibir deportados no mexicanos en caso de deportaciones masivas. A finales de enero, Sheinbaum anunció que México había aceptado a un pequeño número de deportados estadounidenses que no eran ciudadanos mexicanos. En abril, reiteró que no muchos extranjeros habían sido deportados a México en los últimos meses.
A pesar de los niveles de deportaciones más bajos de lo esperado, Sedano dijo que las autoridades mexicanas planean mantener los dos refugios listos en caso de un aumento en el volumen.
“Estamos observando la conducta de esta administración”, dijo Sedano. “Y creemos que eventualmente puede haber un resurgimiento en el número de deportados. … Estamos preparados para ayudar a nuestros conciudadanos”.
Mientras tanto, el número de migrantes solicitantes de asilo que llegan a Nogales, Sonora, también ha disminuido, dijo Sedano. Señaló que es posible que los migrantes estén viajando a través de áreas más aisladas a lo largo de la frontera, pero no se han observado muchos dentro de la ciudad.
“No se lo deseo a nadie”
En años anteriores, era común ver grandes grupos de migrantes, más a menudo solicitantes de asilo y, a veces, deportados, justo al sur del puerto de entrada de DeConcini. Ese ya no ha sido el caso durante los últimos meses.
El viernes pasado, Ugarte se quedó solo en medio del bullicio regular del tráfico transfronterizo. Señaló que había llegado a Nogales, Sonora, alrededor de las 7 a.m. de ese día, y se quedó esperando a su esposa hasta que se reunieron a las 6 p.m.
“Esta situación ha sido muy dura, muy difícil para mi familia y para mí”, dijo. “No se lo deseo a nadie”.
Ugarte y su esposa habían vivido en los Estados Unidos durante unos 30 años, construyendo sus vidas en Phoenix y criando a sus cinco hijos. La mayor parte de la familia tiene ciudadanía estadounidense, con la excepción de su esposa, dijo. Y durante los últimos ocho años, dijo Ugarte, su familia había luchado para obtener la residencia legal para ella.
El proceso comenzó después de que su hija mayor cumpliera 21 años y comenzó a tratar de ayudar a su madre a establecer su estatus legal. Luego, llegó la pandemia y el proceso de varios pasos vino con nuevos contratiempos.
En 2023, durante la administración Biden, la solicitud de residencia en Estados Unidos de su esposa fue denegada, dijo Ugarte. El rechazo se debió a que omitió erróneamente que su esposa había ingresado ilegalmente a los Estados Unidos en dos ocasiones distintas, en lugar de una vez, un asunto que surgió durante su entrevista con funcionarios estadounidenses.
“Ni siquiera nos acordábamos de eso. Fue un error”, dijo Ugarte. “Pero las cosas suceden por una razón, no lo sé”.
Después de esa negativa, Ugarte dijo que su esposa regresó a Estados Unidos ilegalmente para que su familia pudiera permanecer unida.
“Desafortunadamente, a veces uno puede buscar una manera de cruzar a su ser querido de una forma u otra (para estar juntos), y a veces no funciona”, dijo. “Incluso los pones en riesgo”.
La familia logró mantenerse unida durante algún tiempo, dijo Ugarte. Pero hace unas tres semanas, su esposa fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante una redada en Phoenix. Agregó que la mantuvieron en un centro de detención de inmigrantes hasta que fue liberada en México la semana pasada.
Ugarte dijo que trata de mantenerse agradecido de que tengan familia en México, lo que podría ayudar a aliviar las preocupaciones por la seguridad y el bienestar de su esposa. Señaló que su esposa planea vivir en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras trata de aferrarse a la esperanza de que algún día obtendrá un estatus legal para regresar a los Estados Unidos.
“Pero podría ser más difícil ahora con Trump”, dijo Ugarte.
Una barrera más resistente
Luis Fernando Parra, un abogado de inmigración local, explicó que el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense puede ser largo y costoso. Agregó que algunos ciudadanos extranjeros pueden convertirse en residentes legales permanentes, o titulares de tarjetas verdes, a través de visas relacionadas con el empleo o relaciones familiares.
Pero aquellos que buscan un estatus legal a través de familiares inmediatos podrían enfrentar nuevas barreras si actualmente viven en el país con estatus de indocumentados, anotó Parra. La administración de Biden permitió que las personas indocumentadas se sometieran al proceso mientras vivían en Estados Unidos, explicó. Pero las nuevas directivas políticas del presidente Donald Trump ya no lo permiten.
“Ahora se enfrentan a una barrera mucho más dura”, dijo Parra. “Básicamente, está llevando a la detención de personas que están en esa situación, incluso si esas personas nunca han cometido un delito, porque se les considera indocumentadas”.
Además, señaló que las personas con estatus legal permanente ahora podrían enfrentar la revocación de sus tarjetas verdes por delitos que se remontan a décadas atrás, como la posesión personal de marihuana en la década de 1990.
Y los solicitantes se enfrentan a un mayor escrutinio, dijo.
“En este momento, está muy claro para mí que la directora de Seguridad Nacional (Kristi Noem) está muy enfocada en aumentar la deportación de la población indocumentada en Estados Unidos. Ese parece ser el esfuerzo principal en este momento”, dijo.
Parra señaló que el Partido Republicano está bien posicionado para aprobar la reforma migratoria dado que controlan la Cámara de Representantes, el Senado y el presidente es del mismo partido.
