El Departamento del Tesoro pone en la mira al conglomerado empresarial de un matrimonio acusado de limpiar las finanzas de los hijos fugitivos del Chapo
Micaela Varela
Parecían dos jóvenes nadando en éxito. Él, un prometedor empresario con varios negocios inmobiliarios y hoteleros, dedicado a gestionar inversiones en el mundo del entretenimiento y la hostería. Ella, una ambiciosa emprendedora en el mundo del maquillaje con su propia tienda de venta de vestidos de fiesta y al frente de un spa de lujo. Este lunes la burbuja de la ostentación reventó cuando el Departamento del Tesoro publicó sus nombres en la lista de sanciones por ser facilitadores de la red criminal de Los Chapitos, así como la lista de todas sus empresas involucradas en el entramado de lavado de dinero del narcotráfico en Mazatlán. El matrimonio de José Raúl Núñez Ríos y Sheila Paola Urías Vásquez está en el ojo de las autoridades de Estados Unidos por su implicación con el Cartel de Sinaloa.
La fachada de prósperos empresarios empezó a derrumbarse cuando el Departamento del Tesoro estadounidense detectó que Núñez amasaba su fortuna a una sospechosa velocidad. Este abogado de 44 años, nacido en Rosario, Sinaloa, fundó su primera empresa a finales de 2019, antes de la pandemia. Se trataba de la Inmobiliaria Grupo 247, dedicada a la construcción y compraventa de inmuebles. En redes sociales promocionaba las oportunidades de invertir en bienes raíces cerca de la costa y las playas de Mazatlán. “Imagina la Casa de tus sueños frente al mar, escuchando las olas, viendo el amanecer. Todo esto es posible al invertir en Casas del Fraccionamiento Playa Brujas. Comunícate con nosotros, haremos que tus sueños se cumplan”, se leía en sus primeras publicaciones.
Su esposa, Sheila Paola Urías Vásquez, de 31 años, es una figura reconocida en Mazatlán por su trabajo como maquilladora en redes sociales. Urías comenzó con un canal de YouTube en 2017 donde mostraba sus habilidades maquillando sus grandes ojos verdes en tutoriales. En menos de un año, abrió un salón de belleza y spa donde ofrecía masajes y tratamientos estéticos. Cortó la cinta roja del local acompañada de su familia, entre ellos su hermana Melissa, quien fue candidata a diputada local por el Partido Verde con solo 24 años. La propia Urías prestaba su rostro cubierto con mascarillas de arcilla para publicitar los servicios del local. En poco tiempo, el lugar comenzó a ser frecuentado por modelos e influencers, como la reina de belleza de Sinaloa, Pety Juárez.
El matrimonio de Núñez y Urías consiguió adquirir o fundar hasta una docena de empresas para su entramado en tan solo seis años. La mayoría de ellas estaban relacionadas con el desarrollo inmobiliario, pero también con el mundo de la moda y belleza o con la hostelería. Diez de estas empresas han sido sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su vinculación con el Cartel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses aseguran que Núñez financia las operaciones de Víctor Manuel Barraza Pablos, el jefe de plaza de Los Chapitos en Mazatlán. También le acusan de ser un “socio cercano” de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos fugitivos de Joaquín El Chapo Guzmán.
Las empresas de Núñez y Urías ocupan un rol específico en cada parte de la cadena del desarrollo inmobiliario, desde la adquisición de lotes, la obtención de materiales para la construcción, la venta o renta a través de inmobiliarias o incluso una agencia de marketing para promocionarlas. Urías registró en 2024 la empresa Bloquera Real MX, dedicada a fabricar y vender bloques, tabiques o ladrillos. Sin embargo, ni esta empresa ni la inmobiliaria Ocean Plus, de la que fue administradora en 2024, aparecen en la lista preliminar de sancionados por Estados Unidos. En 2020, Núñez adquirió la constructora Proyecta Interna, creada el año anterior. Esta empresa tenía permisos para urbanizar, vender o arrendar bienes inmuebles, al igual que Grupo 247 o Beach and Marina.
Luis Pérez de Acha, abogado especialista en lavado de dinero, explica que el sector inmobiliario es muy atractivo para el lavado de dinero porque se requieren grandes inversiones. “El reto está en cómo se incorpora el dinero en efectivo al sistema financiero. Se maneja como sistema fachada, pero en el lavado de dinero se están celebrando operaciones verdaderas que pagan impuestos”, apunta el especialista, quien también señala la idoneidad del boom inmobiliario que ha vivido Mazatlán en los últimos cinco años, el campo de cultivo perfecto. Además, en México se permite un límite de uso de efectivo para la compra de inmuebles de hasta 907.000 pesos, una cantidad elevada que dificulta rastrear su procedencia.
En el desarrollo inmobiliario hay varias rutas para incorporar dinero ilícito al flujo financiero, donde se mezcla con dinero legal para difuminar su origen. Desde el pago del terreno, la compra de materiales, los honorarios del arquitecto o el sueldo de la mano de obra pueden pagarse en metálico. En las constructoras existe una costumbre de usar billetes en gran parte de las operaciones, desde el inicio al final de la cadena del sector, según apunta Salvador Díaz de León, especialista en prevención de lavado de dinero. “Tienes la inmobiliaria, la desarrolladora, la casa de materiales, la empresa de transporte, tienes una empresa de recursos humanos para la mano de obra. Hay una cadena de empresas relacionadas que permiten realizar el lavado”, explica.
Dentro de las empresas de Núñez y Urías había también negocios dedicados a la hostelería, especialmente clubs de playa. En estos locales es más fácil simular las operaciones legítimas inflando la cantidad de ventas o aumentando las facturas. Uno de ellos era el Sea Wa Beach Club, creado en 2024 y con permiso no solo de bar, restaurante y pesca como actividad turística, sino también para arrendar cabañas, bungalows y departamentos turísticos. Núñez también era apoderado legal en la empresa Club Playa Real, creada en el año 2000 y en la que él comenzó a participar más tarde. Al igual que con Beach and Marina o la Comercializadora Copado (una empresa de importación y exportación), estas empresas fueron registradas varios años antes de que entraran Núñez y Urías como apoderados. Hernández indica que es habitual en los esquemas de lavado de dinero “reactivar” entidades que se crearon previamente, ya que tienen un historial operativo y financiero legítimo que las ayuda a pasar más desapercibidas.
Además de los clubs de playa, Urías tenía por su cuenta una tienda de vestidos de fiesta, disponibles para comprar o rentar para ocasiones especiales. El local está en la esquina de las oficinas de Inmobiliaria Grupo 247, donde era frecuente ver coches de lujo estacionados. Urías solo se mostraba públicamente en esta tienda y en el spa, en las demás empresas aparece como administradora o accionista de manera temporal. “El hecho de poner a cualquier persona como testaferro o portanombres quita el foco sobre el propietario y se lo pone a alguien que no mueve los hilos. Permite a otro individuo estar entre las sombras. Es una estrategia de escudo para cuidarse”, señala Hernández.
Tanto Pérez de Acha como Hernández coinciden en que el cambio de política de Estados Unidos respecto a los carteles de droga mexicanos, considerados ahora una organización terrorista, ha encendido la cacería de facilitadores financieros para los criminales. Sin embargo, el Cartel de Sinaloa cuenta con incontables recursos para tejer redes de lavado complejas con asesoría de abogados y contadores de alto perfil, tanto dentro como fuera de México. Tras el anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es el turno de las entidades financieras mexicanas de dar el aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera de estas empresas para que se pongan bajo la lupa de las autoridades. De momento, sus activos y propiedades en Estados Unidos están bloqueados.
