Controversia por supuesta utilización de tecnología de lectura de matrículas
Oscar Ramos / PRENSA ARIZONA
Departamentos de policía de Arizona utilizan sistemas automatizados de lectura de matrículas (ALPR) placas cuyos datos podrían beneficiar investigaciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), según revelaciones recientes.
La herramienta, comercializada por Flock para combatir robos de vehículos o localizar personas desaparecidas, ha sido empleada por ICE a nivel nacional sin un contrato federal directo.
Nueve agencias policiales de Arizona confirmaron su uso de cámaras Flock, concentradas principalmente en Phoenix y zonas fronterizas, mientras los departamentos de El Mirage, Buckeye, Apache Junction y Casa Grande negaron haber recibido solicitudes de datos por parte de ICE.
El jefe de policía de Casa Grande, Mark McCrory, precisó: “No hemos recibido ninguna solicitud de ICE para nuestros datos. La Patrulla Fronteriza y HSI reciben nuestras alertas para vehículos robados o sujetos buscados. No pueden acceder a nuestros datos más allá de estas alertas”.
La herramienta Nova de Flock enfrenta escrutinio tras revelarse que usaba información obtenida mediante violaciones de seguridad, no solo registros públicos. Aunque Flock anunció que dejará de emplear datos hackeados, Scottsdale Police admitió desconocer si ICE ha solicitado información y las oficinas de los alguaciles de La Paz, Maricopa y Graham no respondieron consultas.
La controversia surge mientras agencias policiales enfrentan presión por su colaboración con la agenda de deportaciones del presidente Donald Trump.
En Phoenix, activistas de Poder in Action entregaron una petición ciudadana exigiendo que el departamento de policía local cese su cooperación con ICE.
Ben Laughlin, codirector ejecutivo del grupo, declaró: “Las deportaciones resultan de paradas, interacciones básicas que llevan a personas a la Cárcel de la Cuarta Avenida, donde contactan con ICE”.
Aunque Phoenix no usa sistemas Flock, emplea tecnología ALPR de Vigilant Solutions y durante una audiencia municipal, la concejal Anna Hernández preguntó si comparten estos datos con ICE.
El jefe Dennis Orender respondió que entidades “aprobadas” pueden acceder a ubicaciones vehiculares en “un momento dado”, pero no a información de propietarios.
La concejal Kesha Hodge Washington cuestionó los protocolos de privacidad, citando el caso de Texas donde datos ALPR rastrearon a una mujer tras un aborto. Ante la pregunta de la alcaldesa Kate Gallego sobre controles para evitar “consultas por exesposas”, Orender prometió responder el 18 de junio.
El consejo municipal exigió a la policía presentar para esa fecha un plan de auditorías del uso de datos ALPR.
Laughlin enfatizó: “Necesitamos que los funcionarios electos cumplan las promesas de no cooperar con la agenda de deportaciones de Trump”, mientras, The Arizona Republic reportó que la mayoría de arrestos que derivaron en deportaciones en el área metropolitana provinieron del Departamento de Policía de Phoenix.
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