Paula Diaz / CONECTA ARIZONA
Tucson, Arizona. – El 7 de junio de 2025, durante un mitin en Bogotá, el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado. Un menor de 15 años le disparó varias veces con el arma comprada legalmente en Arizona, impactándolo en la cabeza y pierna, dejándolo en estado crítico.
Una pistola Glock 9 mm, comprada legalmente en Arizona el 6 de agosto de 2020, fue utilizada en el ataque, según la fiscalía colombiana, que investiga el caso. Además, sospecha que se trata de una estructura criminal más amplia, ya que los sicarios menores suelen ser utilizados por redes por encargo.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro y líderes políticos han expresado su preocupación por la aparente reducción inexplicable del esquema de seguridad del candidato el día del atentado. Se ha programado una audiencia judicial para el 16 de junio, mientras Uribe se mantiene bajo pronóstico reservado.
¿Quién es Miguel Uribe Turbay?
Miguel Uribe Turbay es un político colombiano de 39 años, senador del partido Centro Democrático y precandidato a la presidencia de la Republica de Colombia para las elecciones de 2026.
Hace parte de una familia política influyente en Colombia, es nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala e hijo de la periodista Diana Turbay, quien fue secuestrada y asesinada por el cartel de Medellín en 1991.
Decisión de la Corte Suprema de EE. UU. en caso contra fabricantes de armas
México continúa su lucha contra el tráfico ilegal de armas provenientes de Estados Unidos, pero el pasado 5 de junio de 2025, la Corte Suprema de EE. UU. rechazó por unanimidad la demanda de 10 mil millones de dólares presentada por el gobierno mexicano contra fabricantes estadounidenses de armas como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock, según reportó la agencia de noticas AP.
El tribunal determinó que la petición estaba bloqueada bajo la Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) de 2005, que protege a los fabricantes de responsabilidad civil por el uso indebido de sus armas, a menos que se demuestre que activamente “ayudaron e incitaron” a actividades criminales.
En su fallo, la jueza Elena Kagan destacó que, aunque México alega que el conocimiento de las ventas ilícitas fue suficiente, no existe evidencia de que los fabricantes promovieran activamente esas transacciones.
El gobierno mexicano afirmó que continuará su lucha legal por casos futuros, y dicha sentencia también podría servir de precedente en litigios similares en EE. UU.
🔗 Conexiones entre ambos hechos
- Aunque los casos son distintos—uno criminal, otro litigioso—ambos resaltan la complejidad de la cadena que facilita que un arma comprada legalmente en EE. UU. termine en un ataque político en Colombia, sin que haya mecanismos legales directos para perseguir a fabricantes por ese destino final.
- El atentado contra Uribe Turbay involucra un arma Glock comprada legalmente en Arizona, destacando una ruta de tráfico de armas desde EE.UU. hacia Latinoamerica.
- La sentencia en EE. UU. refuerza la protección legal para fabricantes, lo que podría afectar esfuerzos internacionales para responsabilizar legalmente a estos actores en casos de tráfico ilícito que terminan en violencia.
