Sonora: primer lugar en resolución de conflictos laborales
La ya muy añeja saga de episodios violentos en Ciudad Obregón no tiene fin. Pero cuando se combina con la pérdida de contacto con la realidad, la ineptitud, la confusión y el valemadrismo de las autoridades, el único espacio que queda libre es para la desesperanza.
Beatriz Elena apenas estaba celebrando la vida después de superar un cáncer, cuando quedó atrapada en medio de los disparos que un grupo de sicarios dirigió contra un sujeto al que asesinaron en la Colonia Hidalgo, que ya es como decir la Cajeme, la 410, Villa Bonita, la Xochiloa o cualquier otra de aquella ciudad donde diariamente se registran ejecuciones relacionadas con el enfrentamiento de las bandas criminales que allí operan.
Beatriz Elena tenía solo 29 años y trabajaba como conductora de Uber. Tuvo la desgracia de estar en el lugar y momento equivocados, aunque en Ciudad Obregón a estas alturas no parece haber lugar ni momento que no sean equivocados.
La tragedia se acrecienta cuando uno se entera de que el secretario de Seguridad Pública, el contralmirante Claudio Cruz en una declaración que pretendió descubrir el hilo negro del fenómeno criminal sostuvo en rueda de prensa que “las situaciones como las balaceras se deben a los ciudadanos viciosos que se ponen en riesgo ellos solos”. Y fue más allá al sostener que conductores de plataformas digitales trabajan para esos grupos criminales, una lamentable declaración considerando que la víctima colateral de esta nueva ejecución trabajaba precisamente en una de esas plataformas.
La rueda de prensa en la que participó el jefe de la policía cajemense tendría que quedar para la historia de los desbarres más ominosos. Lamentó la muerte de la joven conductora, pero le tiró el tema a la fiscalía estatal argumentando que a esa instancia le tocan las investigaciones, lo cual es cierto, pero agregó en un deslinde no pedido que “Nosotros (la policía municipal) somos preventivos”, lo cual también sería cierto si y solo sí previnieran algo, lo cual está muy lejos de suceder.
Pero en una ciudad que ha aparecido varias veces en el top five de las más violentas del mundo y en ocasiones ocupando el nada honroso primer lugar, evidentemente lo que sucede tiene que ver con todo, menos con la prevención.
El militar en funciones de jefe policiaco fue más allá y se quejó de que la ciudadanía no colabora con las autoridades, pues no denuncia ni proporciona información: “preguntamos por los carros o los responsables y nadie dice nada”, se lamentó.
Obviamente el secretario de seguridad local trae la realidad bien alterada. En una ciudad donde te matan por ‘quítame estas pajas’, nadie en su sano juicio desearía verse involucrado en una denuncia contra los criminales, fundamentalmente porque saben que el vacío de autoridad es tal, que nadie va cuidar de ellos.
Por si fuera poco, en esa misma rueda de prensa el alcalde Javier Lamarque Cano pidió a los representantes de medios de comunicación ya no seguir preguntando sobre el tema, evidentemente incómodo para desastrosa administración, pero indudablemente de interés para la ciudadanía.
Quizás el munícipe habría preferido que los y las colegas le preguntaran sobre la fecha y el lugar donde será cortado el listón inaugural del próximo bebedero como el que puso en operación hace unos meses en Palacio Municipal, para lo cual convocó a todos los medios y a varios funcionarios de su administración. La relevancia histórica de tal acto por supuesto que habría justificado incluso la invitación de una delegación de la ONU o algo parecido.
Mientras, los cajemenses siguen viviendo sus cotidianidades pegados a las paredes, pecho a tierra y con el Jesús en la boca ante las constantes balaceras, pero eso sí, al menos pueden pasar a Palacio Municipal para tomarse un vasito de agua con el cual pasarse por el buche un puño de pastillas para los nervios…
II
Pero bueno, no todo son malas noticias. Vientos frescos llegan desde el ámbito de la justicia laboral, donde Sonora se afianzó en el liderazgo nacional al resolverse 119 mil conflictos laborales de forma ágil, justa y humana. Eso se tradujo en beneficios para los y las trabajadoras demandantes, por casi 3 mil millones de pesos en los últimos 30 meses.
En este periodo, los tribunales laborales de Sonora recibieron 149 mil 633 solicitudes de las cuales 148 mil 230 fueron admitidas, y se lograron 119 mil 955 convenios de los cuales19 mil 877 fueron producto de la conciliación y poco más de cien mil correspondieron a ratificaciones.
Con esto, la tasa de resolución de conflictos laborales llegó al 91.9 por ciento, la más alta en el país, superando la media nacional con 14 puntos.
Estos resultados no son casuales. Obedecen a un proceso de transformación del sistema laboral en Sonora promovido por el gobernador Alfonso Durazo con varias acciones, entre ellas la ampliación del equipo de conciliador@s y notificador@s en el Centro de Justicia Laboral que opera en ocho sedes distribuidas estratégicamente en el estado, garantizando atención cercana y eficiente.
Y ahora que tengo su atención aprovecho para decir que no tengo, en absoluto, porqué dudar de estos datos, pero asumo que como siempre pasa, existen excepciones que ensombrecen las cuentas.
Tal es el caso de Verónica, una mujer sorda que fue despedida de la Secretaría de Salud hace casi ocho años, de manera injustificada y en medio de un proceso a todas luces irregular. La gran paradoja es que la Secretaría de Salud, esa institución que debe velar, precisamente por la salud, haya despedido a una persona enferma. Porque la sordera es considerada una enfermedad.
Verónica se desempeñaba como capturista de datos y sus competencias laborales eran adecuadas, sin embargo fue despedida argumentando solo que ya no eran requeridos sus servicios, por los cuales devengaba un sueldo que le ayudaba a mantener a su hijo (es madre soltera) y a su madre enferma.
Han sido casi ocho años de un largo peregrinar por los tribunales buscando la conciliación, que no ha llegado.
Luego les ampliaremos la información sobre este caso.
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