El gobierno de Trump elimina requisitos ecológicos para construir 58 kilómetros de muro fronterizo, tras una caída del 90 % en detenciones de migrantes
PAlan Rodríguez / LA CRONICA DE HOY
El Gobierno de EU anunció este jueves la aprobación de tres nuevas exenciones ambientales que permitirán avanzar sin restricciones ecológicas en la construcción de 58 kilómetros de muro fronterizo en los estados de Arizona y Nuevo México, una medida que se suma a otra similar emitida en abril para tramos en California.
Las nuevas obras cubrirán sectores en Yuma, Tucson y El Paso, y fueron anunciadas por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, quien justificó la decisión como parte de un esfuerzo “crucial” para cerrar brechas críticas y fortalecer la seguridad fronteriza.
“Los proyectos ejecutados al amparo de una exención son pasos cruciales para asegurar la frontera sur”, declaró Noem en el comunicado oficial.
Barreras más rápidas
Las exenciones permitirán al DHS ignorar una serie de normativas, entre ellas la Ley Nacional de Política Ambiental, que normalmente exige estudios de impacto ecológico para construcciones como carreteras o muros.
La secretaria invocó para ello una facultad incluida en la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante de 1996, promulgada bajo el mandato del expresidente Bill Clinton.
La estrategia de Trump apunta a eliminar cualquier freno regulatorio que limite el avance del muro. Noem ya había firmado una exención similar en abril para continuar la expansión en el estado de California, marcando una clara línea de continuidad en la política migratoria de confrontación territorial.
Balance migratorio a la baja
Los anuncios ocurren en un contexto de drástica disminución en las detenciones de migrantes. Según datos oficiales de la Patrulla Fronteriza, entre febrero y abril de 2025 se detuvo a 23.912 personas en la frontera con México. Si se suma el dato de enero (29.105 detenciones), el total acumulado del primer cuatrimestre de este año es de 53.017 personas: una reducción de más del 90 % respecto al mismo período en 2024, cuando se registraron 531.224 detenciones.
Para la administración Trump, esta baja es una señal del efecto disuasivo de su política de mano dura, incluidos los operativos exprés de deportación, la militarización de sectores clave y la reactivación del muro físico como emblema de control territorial.
Ambientalistas en alerta
Aunque el gobierno insiste en que las exenciones son herramientas legales legítimas, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos ya han expresado su rechazo. Sostienen que este tipo de medidas pone en riesgo ecosistemas frágiles, hábitats de especies protegidas y comunidades indígenas sin que se haya realizado una evaluación adecuada.
Además, alertan que los sectores de Yuma y Tucson incluyen zonas de alta biodiversidad y corredores migratorios de fauna que podrían quedar fragmentados por la expansión del muro. Sin embargo, el gobierno ha hecho oídos sordos a estas preocupaciones, y mantiene que su prioridad es sellar cualquier punto vulnerable de la frontera sur.
