Paula Diaz / CONECTA ARIZONA
Tucson, Arizona. – A solo unos pasos de la estación principal de la Patrulla Fronteriza en Tucson, un campamento de personas sin hogar o en situación de calle se extiende sobre un terreno polvoriento. Bajo el implacable sol del desierto, entre tiendas improvisadas, cobijas y pertenencias apiladas, vive Juan Gómez, un hombre de 60 años originario de Veracruz, México, quien llegó a Estados Unidos cuando tenía 10 años. En este lugar comparte el refugio con su pareja y su hijo José Luis.
Gómez asegura ser residente permanente legal en Estados Unidos, aunque perdió su documentación hace años. Hoy, atrapado entre la falta de vivienda y la imposibilidad de demostrar su estatus migratorio, enfrenta una doble vulnerabilidad.
“Yo he vivido muchos años aquí en Estados Unidos”, dijo a Conecta Arizona con voz serena, sentado en su bicicleta mientras salía del campamento a buscar su sustento. “Perdí mi traila y por eso estoy aquí. No quiero quedarme mucho tiempo.”
Dijo que llegó a Estados Unidos cuando tenía apenas diez años. Creció y vivió durante décadas en San Diego, pero se mudó a Tucson para estar cerca de su hijo. “Mi esposa se vino para acá, y él es uno de mis hijos. Por eso me moví yo también”, explicó. “Ahora vivo con mi pareja actual y con mi hijo”.
Aunque no está completamente solo, las condiciones del campamento son extremas. El calor sofocante, la falta de servicios básicos y la constante entrada y salida de personas —algunas con comportamientos agresivos— marcan el día a día. A pesar de estar a pocos metros de la estación principal de la Patrulla Fronteriza, Gómez asegura que su presencia no genera tensión directa, aunque muchas de las personas que viven en el lugar tienen historias migratorias complicadas.
“No es bonito vivir aquí, hay muchos problemas. A veces llegan personas armadas. La policía pasa, pero solo da la vuelta. Tenemos que caminar lejos para traer agua, para bañarnos o tomar, porque la que hay aquí no sirve”, relató con resignación.
Mientras conversábamos en el límite del campamento, Gómez nos pidió no ingresar. “No todos ven con buenos ojos las miradas externas. Es que no saben quiénes son ni a qué vienen, y si los ven con cámaras, no sabemos cómo van a reaccionar”, advirtió.
En medio de las carpas improvisadas, resalta un pequeño puesto de sodas que, durante la noche, ilumina gran parte del campamento. Gómez explicó que el dueño del puesto cuenta con generadores eléctricos, lo que le permite encender luces mientras todo lo demás permanece a oscuras.
La situación del migrante mexicano no es única. Tucson ha visto crecer estos campamentos en los últimos años, reflejo de una crisis mayor que combina falta de vivienda, salud mental, adicciones y barreras migratorias. Las soluciones a nivel local han sido insuficientes frente al aumento de personas sin hogar y la saturación de albergues.
“No quiero quedarme aquí mucho tiempo”, repitió Gómez, como si con esas palabras buscara alejar el peso de su realidad. Su deseo es simple: recuperar sus documentos, encontrar estabilidad y volver a tener un hogar digno. Pero no es fácil, dijo que no poder recuperar sus documentos le impide encontrar apoyo de las organizaciones que ofrecen vivienda a las personas sin hogar. Todos piden documentación para solicitar.
“Aquí llega gente de todas partes, de California, hasta de Nueva York”, comentó.
Una cifra de personas sin hogar que va en aumento
La situación de Gómez se enmarca en una crisis más amplia que afecta a Tucson y al condado de Pima. Según el conteo anual de 2024, al menos 2,102 personas viven sin hogar en el condado, y más del 75% de ellas —alrededor de 1,589 personas— no tienen acceso a ningún tipo de refugio. Este número representa un aumento del 12.8% con respecto a 2015. Cifras de la Encuesta de Punto en el Tiempo (Point-in-Time Count, PIT), realizada el 24 de enero del 2024. Esta encuesta es coordinada por la Tucson Pima Collaboration to End Homelessness (TPCH) y se lleva a cabo anualmente en cumplimiento con los requisitos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD).
El problema está estrechamente vinculado con el déficit de vivienda asequible en la región. El informe de 2024 encargado por la ciudad de Tucson reveló que se necesitan aproximadamente 35,000 unidades de vivienda adicionales, incluyendo al menos 13,000 unidades asequibles para personas de bajos ingresos, para satisfacer la demanda actual y evitar que más personas terminen en la calle.
La ciudad, como muchas otras en el suroeste del país, también enfrenta un incremento en la población sin hogar entre mujeres y jóvenes menores de 35 años. En el último año, el número de mujeres sin hogar aumentó un 9%, alcanzando las 685 personas. Niños y adultos jóvenes representan casi 800 personas, un aumento del 13%.
Frente a esta realidad, Goméz insiste en que su estancia en el campamento es temporal. “No quiero quedarme aquí mucho tiempo”, repite con firmeza. Su esperanza está puesta en recuperar sus documentos, encontrar un lugar seguro para vivir y reconstruir la estabilidad que ha perdido.
Mientras tanto, sobrevive cada día a la intemperie, en un espacio que refleja con crudeza el rostro humano de una crisis que Tucson aún no ha logrado resolver.
La respuesta institucional: entre los esfuerzos locales y el llamado a más apoyo
Vecinos de varios sectores de Tucson llevan meses denunciando la constante presencia de personas sin hogar, algunas de las cuales consumen drogas abiertamente en las paradas de autobús, ante la mirada de transeúntes y la aparente indiferencia de las autoridades.
El comerciante Benjamín Galaz, propietario de BK Tacos en la calle Primera, ha encabezado un esfuerzo para visibilizar la situación y exigir acción por parte de los líderes locales. Uno de sus negocios fue víctima de vandalismo y, en un caso más grave, fue incendiado presuntamente por personas sin hogar que se refugian en la zona durante las noches.
Frente a las crecientes quejas de comerciantes y vecinos, la alcaldesa de Tucson, Regina Romero, aseguró que su administración ha invertido millones de dólares en programas dirigidos tanto a la población sin hogar como al apoyo de negocios afectados.
“Es un problema más complejo que antes. Hoy los temas de salud mental y adicciones están mucho más presentes”, afirmó Romero en una entrevista reciente. “Pero hemos tomado acción desde que asumí el cargo.”
Entre los programas destacados están Housing First y Community Safety, Health, and Wellness, que buscan atender integralmente las causas estructurales del sinhogarismo.
Sin embargo, Romero fue enfática al señalar que Tucson no puede enfrentar esta crisis en solitario. “Esto no lo puede resolver solo Tucson. Necesitamos apoyo estatal y federal.”
Tribunal de Apelaciones permite que avance demanda contra Tucson por campamentos de personas sin hogar
Mientras tanto, la presión sobre la ciudad aumenta también en los tribunales. La Corte de Apelaciones de Arizona falló recientemente a favor de la Asociación de Vecinos de Hedrick Acres, que demandó a Tucson por no controlar los campamentos en el parque Navajo Wash, al norte de la ciudad.
La demanda alega que el parque se volvió inutilizable debido a la acumulación de basura, incendios y la presencia continua de personas sin hogar. Aunque la ciudad argumentó que ha intervenido en múltiples ocasiones, el tribunal del condado de Pima inicialmente exoneró al gobierno local. Ahora, la Corte de Apelaciones ha revocado esa decisión, permitiendo que el proceso legal continúe.
Este caso recuerda a los litigios presentados contra la ciudad de Phoenix por el campamento conocido como La Zona, que fue desmantelado tras acuerdos legales. En Tucson, aunque el área de Navajo Wash luce más limpia, los vecinos afirman que la actividad continúa.
