Según el organismo empresarial, el proceso de organización de estas elecciones ha dejado ver fallas graves en términos de legalidad, transparencia e imparcialidad.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el resultado de las elecciones del 1 de junio será un sistema judicial debilitado, expuesto “a intereses partidistas y del crimen organizado”, lo que, advierte, pone en riesgo la imparcialidad de los jueces y afecta directamente la economía y la estabilidad institucional del país.
A través del análisis Señal Coparmex, el organismo empresarial expuso que este proceso electoral, en el que se renovarán 800 cargos judiciales, no fue diseñado para mejorar la impartición de justicia, sino para controlar al Poder Judicial a lógicas políticas y de control.
“Desde su origen advertimos que la reforma no partió de un diagnóstico técnico de mejora institucional, sino fue configurada bajo la lógica de control. En lugar de garantizar un sistema más independiente y profesional, se impulsó una reconfiguración que prioriza la lealtad sobre la idoneidad, debilitando los contrapesos y comprometiendo la imparcialidad del Poder Judicial”, indicó.
La confederación señaló que la debilidad institucional generada por esta reforma abre espacios para que actores partidistas y del crimen organizado interfieran en decisiones judiciales clave, lo cual puede derivar en impunidad, inseguridad jurídica e incertidumbre para la inversión.
Según Coparmex, el proceso de organización de estas elecciones ha dejado ver fallas graves en términos de legalidad, transparencia e imparcialidad.
“La fragilidad que rodea al nuevo sistema de justicia no es producto del azar sino resultado de una reforma mal diseñada y apresurada”, sostuvo el documento.
El presidente nacional del organismo, Juan José Sierra Álvarez, también cuestionó el perfil de muchas de las candidaturas impulsadas, al exponer que se han privilegiado los discursos populistas por encima de la trayectoria, la formación jurídica y los criterios técnicos.
“Reconocemos excepciones con candidaturas que sí cumplen con los perfiles deseados para personas juzgadoras, sin embargo, una gran cantidad de candidaturas no cubren los requisitos”, afirmó.
Además, la Coparmex acusó una falta total de información clara y accesible que permita a la ciudadanía emitir un voto razonado. Señaló que no existe un mecanismo eficaz para difundir los perfiles, trayectorias ni propuestas de quienes aspiran a los cargos.
“Sin criterios claros ni evaluaciones técnicas disponibles, los electores enfrentan una boleta llena de nombres sin rostro ni contexto”, consideró.
Veracruz y Durango, en la mira
Aunque el proceso judicial electoral abarca 19 estados, la Coparmex ubicó a Veracruz y Durango como los principales focos rojos por la ausencia de reglas claras y garantías mínimas de legalidad.
“Conscientes de que este proceso electoral judicial incluye elecciones en 19 estados del país, hemos prestado particular atención a entidades como Veracruz y Durango, donde coinciden procesos distintos sin garantías de orden ni claridad”, detalló el análisis.
Papel observador
Para monitorear estos comicios, el organismo desplegó una red de más de 215 personas observadoras, registradas y capacitadas formalmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Esta estructura cubre el 60.6% de los distritos electorales federales, es decir, más del 65% del territorio nacional.
El objetivo es documentar irregularidades, informar sobre los riesgos de captura institucional y visibilizar el peligro de que el sistema judicial quede en manos de intereses partidistas o incluso del crimen organizado, lo que representaría uno de los retrocesos democráticos más graves en décadas.
