La empresa beneficiada, que cuenta sin ninguna experiencia en el sector, se creó a penas un día después del anunció del programa de infraestructura concesionada por el gobernador Alfonso Durazo.
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En ‘Aristegui en Vivo‘ el abogado Paulo Díez alertó sobre lo que describe como “una nueva estafa carretera, ahora con sede en Sonora”, una trama que, según él, repite los mismos patrones y actores de escándalos de corrupción previos en el sector de infraestructura del país.
“Muy rápidamente te cuento y le cuento al auditorio, en un esquema previamente acordado… se autorizó de manera absolutamente ilegal la cesión de la concesión para la explotación del libramiento de Nogales en Sonora, que es una autopista de jurisdicción federal, en favor de una empresa de muy reciente creación, sin ninguna experiencia en el sector”, relató Díez.
Lo más grave, subrayó, es que esta empresa no pagó “un solo peso al gobierno federal como contraprestación por esa cesión”.
Díez detalla que la empresa favorecida, Nogamex, fue creada apenas un día después de que el gobernador Alfonso Durazo anunciara su programa carretero.
“Ya le habían puesto el nombre de Nogamex, digamos que hacía referencia a la carretera que les iban a entregar sin licitación pública”, explicó.
Los accionistas principales de esta empresa, según el abogado, son Daniel Madariaga Barrilado, “socio y amigo de Alfredo del Maz, además de una firma vinculada a Family Office del exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
Ambas empresas tienen su sede en una casa de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, que anteriormente pertenecía a una sociedad de Madariaga.
“No sabemos hoy bien a bien quién es el dueño”, añadió Díez, quien sugiere que la operación estuvo cuidadosamente orquestada para beneficiar a un círculo cercano de poder.
El abogado señala dos ilegalidades centrales en el proceso. Primero, la cesión de la concesión se hizo a pesar de que el concesionario anterior tenía un “incumplimiento crónico” en sus obligaciones, lo que, según el artículo 13 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, debió impedir cualquier cesión.
“El estado físico lamentable de ese libramiento lo conocen todas las personas que transitan por ahí”, enfatizó.
La segunda irregularidad ocurrió meses después, cuando Jorge Nuño Lara, entonces titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, amplió el plazo de la concesión “a 30 años más, en una cosa claramente ilegal”.
Díez explica que la ley establece un máximo de 30 años y que, en este caso, la concesión original era de 25 años, ya extendida previamente por cinco años más.
“No se podía haber ampliado más allá de 20 años adicionales… pero aquí este señor que no respeta y nunca ha respetado la ley, y menos cuando se trata de beneficiar a sus amigos y socios, pues les regaló 10 años adicionales”, denunció.
Díez expresó que este caso es un reflejo de viejas prácticas al hacer referencia al caso del viaducto bicentenario en la Ciudad de México.
“Volvemos a ver involucrado a muchos de los que formaron parte de aquella trama corrupta del viaducto bicentenario, Julio Scherer Ibarra, por supuesto a la cabeza… Jorge Nuño Lara, Daniel Madariaga… y este otro conjunto de sociedades que forman parte del llamado Family Office de Julio Scherer Ibarra”.
El abogado presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, esperando que la autoridad investigue y revierta la concesión.
“Espero que la fiscalía la tome en consideración y que haga las investigaciones adecuadas para exigir que esa concesión se deje sin efecto, que revierta al gobierno federal, que es lo que tendría que haber ocurrido”, insistió.
Cuando se le preguntó por su interés en el caso, Díez fue argumento que lo hacía únicamente por motivos cívicos.
“Mi interés jurídico es clarísimo… soy un ciudadano, soy un abogado efectivamente, una persona a la que fue educada a querer a su país, y me parece que no hago más que devolverle al país un poco de lo mucho que me ha dado a mí… Lo hago por eso, en cumplimiento de un deber”.
El abogado lamenta que, pese a las denuncias, ha enfrentado demandas y presiones por su activismo, pero asegura que seguirá adelante.
“Me han molestado durante más de cuatro años, me han hecho gastar tiempo, dinero, y han generado preocupación en mi familia… pero voy a seguir batallando para que el gobierno federal recupere el viaducto bicentenario en beneficio de todos, y para que esta nueva estafa, esta nueva trama corrupta del libramiento de Sonora, pues no se consume, porque lo pagamos todos”, concluyó.
