Un juez federal se muestra escéptico con la medida de la Casa Blanca para desincentivar la inmigración irregular en Texas y Nuevo México
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Donald Trump sigue desafiando los límites de su poder presidencial. La militarización de la frontera ha dejado a cientos de inmigrantes enfrentando delitos federales por la “invasión” de Estados Unidos. Esta estrategia fue puesta en marcha por la Administración para frenar la llegada de inmigrantes, pero parece destinada a sumarse a la larga lista de choques entre el ejecutivo y judicial por la gestión de la política migratoria. Un juez federal ha mostrado su escepticismo con la medida y ha desestimado los cargos contra un centenar de indocumentados, lo que puede abrir un nuevo frente legal con la Casa Blanca.
Trump ha creado desde abril mediante un par de decretos dos zonas militares de “defensa nacional” en la frontera con México. La primera es una franja de tan solo 18 metros de ancho en la Reserva Roosevelt que corre desde Nuevo México a Arizona, una área de 440 kilómetros cuadrados. La segunda fue establecida a principios de este mes en 101 kilómetros de colindancia entre Nuevo México y Texas, donde está El Paso.
El decreto sirvió para transferir temporalmente la tierra al Departamento de Defensa. El trámite permite entonces a los miles de militares enviados desde enero a la frontera por Trump aprehender a las personas que ingresan en esas zonas como parte de las rutas migratorias. El Gobierno ha dicho que aunque los arrestos sean realizados por militares, estos entregan a los detenidos a las autoridades civiles como la Patrulla Fronteriza, quien continuará realizando los procedimientos de deportación.
La estrategia hizo que en menos de dos semanas unas 82 personas fueran procesadas por entrar sin autorización a la primera zona militar en Nuevo México. La Oficina de Aduanas y Control Fronterizo informó que las detenciones no fueron realizadas por soldados, sino por agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes no pierden la facultad de operación en las franjas mencionadas.
El juez federal Gregory Wormuth, quien se encuentra en Las Cruces, Nuevo México, se ha mostrado escéptico con la estrategia. El magistrado desechó el miércoles los cargos contra 98 inmigrantes indocumentados, argumentando que el Gobierno federal no había probado que los acusados eran conscientes de que estaban entrando a una zona prohibida. Se han iniciado al menos 400 casos con estos cargos desde el 11 de abril en los tribunales de Nuevo México.
Trump ordenaba mediante su decreto dirigido al Pentágono, Agricultura e Interior acondicionar estas nuevas regiones militares con concertina y letreros que indicaran a la gente que se trata de áreas vigiladas por el Ejército. El fiscal de Nuevo México, Ryan Ellison, nombrado en abril, ha afirmado que las autoridades han colocado desde entonces “cientos” de carteles en español e inglés que anuncian el “área restringida”. Los defensores públicos de los migrantes, sin embargo, argumentaron que varias de las detenciones se hicieron antes de estos cambios se llevaran a cabo en lo que es un vasto paisaje desértico.
La medida ha dejado mucha confusión en la región. Los pobladores de estas franjas fronterizas no saben con claridad si el realizar actividades deportivas como senderismo, ciclismo o caza los convierte en blancos de la detención por “invadir” una zona militar. Los ciudadanos estadounidenses detenidos dentro de este perímetro pueden enfrentarse a un año de cárcel o multas por 100.000 dólares. Los indocumentados, en cambio, se exponen a 18 meses de cárcel.
El senador Martin Heinrich, de Nuevo México, ha alertado a los ciudadanos para que se anden con cuidado por estas zonas, pues el territorio vedado abarca varios condados e incluye populares caminos escénicos, campos de caza y pesca y hasta una carretera. Heinrich ha enviado al secretario de Defensa, Pete Hegseth, una carta para que este explique lo que se permite y lo que no en “una base militar indefinida”.
La gobernadora de Nuevo México, la demócrata Michelle Lujan Grisham, calificó la iniciativa de Trump como un “desperdicio de recursos y de personal militar”. Todo lo contrario opinó su vecino, el mandatario republicano de Texas, Greg Abbott, quien vio en el decreto la oportunidad de profundizar las duras medidas que ha llevado a cabo para combatir a los inmigrantes.
Nuevo pulso a los poderes
Algunos expertos legales han advertido del peligro que encierra esta nueva iniciativa del trumpismo. El centro Brennan para la Justicia, una institución legal apartidista, considera que los decretos del presidente “alargan un patrón que busca estirar los límites de su poder para usurpar el rol del Congreso y saltarse algunos derechos”.
La organización alerta que la estrategia de la Casa Blanca está diseñada para evitar la Ley Posse Comitatus, que prohíbe a las fuerzas armadas federales, como los militares, participar en tareas de seguridad que corresponden a los cuerpos civiles. Los abogados del centro argumentan que este permiso debe ser otorgado por el poder legislativo o la Constitución. Aunque hay algunas excepciones que facultan al Ejército en el auxilio de estas tareas, los expertos apuntan a que la vigilancia fronteriza no es una de estas salvedades.
Trump podría movilizar a los militares para estas tareas invocando la Ley de Insurrección. El presidente ha sugerido públicamente su utilización para frenar lo que considera una invasión, pero la medida crea muchas divisiones al interior del trumpismo. El secretario Hegseth y Kristi Noem, la encargada de la cartera de Seguridad Interior, han desaconsejado a la Casa Blanca emplear una norma del siglo XIX que fue utilizada por última ocasión en 1992 durante los disturbios y saqueos de Los Ángeles.
