Donald Trump firmó una orden ejecutiva para eliminar el derecho a la ciudadanía para bebés nacidos en Estados Unidos, pero al menos 22 fiscales la consideran inconstitucional.
Diego Salcedo / MILENIO
En medio de protestas de migrantes, los 9 magistrados de la Suprema Corte de Justicia iniciaron esta mañana los argumentos orales sobre la demanda de la administración Trump para limitar los alcances de los fallos judiciales que han bloqueado por inconstitucional su orden ejecutiva para negar la ciudadanía por nacimiento a hijos de personas indocumentadas.
Al grupo de “Sí Se Puede”, un contingente de manifestantes mayormente de origen latino de la organización CASA, la principal acusada en el proceso legal, y del Centro de Democracia Popular, se apostó frente a las escaleras del edificio de mármol de la Corte para denunciar la ilegalidad de las acciones de Trump.
Pero los gritos no se escucharon al interior del recinto en la sesión presidida por el presidente de la Suprema Corte John Roberts, que tendrán que decidir si la decisiones de cortes inferiores que bloquearon la implementación de la orden ejecutiva a nivel nacional son válidas o sólo pueden aplicar en los estados donde se ha litigado el caso.
Al inicio de la sesión, el Abogado General de la Nación John Sauer argumentó que las cortes menores no tienen jurisdicción para tomar decisiones de alcance nacional, pero fue refutado de inmediato por la magistrada Sonia Sotomayor. “Eso no tiene sentido”, le dijo.
Durante las primeras intervenciones, los magistrados presionaron al Sauer para justificar por qué razón las cortes no pueden tomar decisiones que incidan a todos los estados del país, como por ejemplo fallan en contra de una empresa contaminante, lo cual sugirio que los magistrados tienen escepticismo de la postura del gobierno.
Protesta afuera de la Corte:
Un total de 22 fiscales generales de estados demócratas presentaron una demanda para bloquear la orden, cuyo objetivo era poner fin a la práctica de otorgar automáticamente la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
Los estados argumentaron que la orden es inconstitucional y viola la Enmienda 14 de la Constitución y priva a los niños del “valor incalculable” de la ciudadanía. Todos los jueces que han tomado el caso han estado de acuerdo con los 22 demandantes y otros grupos,
Aunque no se espera una decisión inmediata, la mayoría de expertos constitucionalistas coinciden que la orden ejecutiva de Trump contradice la letra y el espíritu de la Enmienda 14 y que por lo tanto será eventualmente declarada inconstitucional.
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