La comunidad latina de Arizona implementa una red de defensa informal ante las redadas del ICE, organizándose sin respaldo institucional para contrarrestar deportaciones.
LA REPUBLICA
En Arizona, la comunidad de latina ha iniciado la aplicación de una red de defensa informal ante la intensificación de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Frente a la constante amenaza de deportaciones, y en un escenario de tendencia antimigrante, residentes, iglesias y grupos ciudadanos han decidido organizarse sin respaldo institucional.
Mediante instrumentos digitales, acompañamiento en persona y lugares seguros, estos colectivos aspiran a evitar arrestos y brindar asistencia inmediata a personas indocumentadas. El movimiento, descentralizado y en muchos casos anónimo, surge de una necesidad urgente: salvaguardar la vida diaria de aquellos que hoy viven bajo el amparo del miedo.
¿Cómo se están organizando las comunidades en Arizona para proteger a los inmigrantes ante las redadas del ICE?
En ciudades como Phoenix, Mesa y Tucson, las estrategias comunitarias fusionan tecnología, solidaridad y resistencia cívica. Uno de los métodos más populares es la creación de redes de alertas mediante aplicaciones como WhatsApp y Signal. Estas plataformas facilitan el intercambio en tiempo real de localizaciones de operaciones o presencia posible de entidades federales, brindando a los residentes la oportunidad de tomar medidas preventivas.
Además, se distribuyen folletos informativos acerca de los derechos de los migrantes y se establecen lugares de alojamiento temporal en viviendas, iglesias y centros comunitarios. Además, se lleva a cabo el “acompañamiento solidario”: personas voluntarias asisten a los inmigrantes en sus citas con autoridades migratorias o judiciales, con el objetivo de brindar apoyo emocional y actuar como testigos ante eventuales maltratos.
¿Cómo contrasta la respuesta ciudadana en Arizona con las políticas migratorias promovidas por Donald Trump?
El empeño local en salvaguardar a los inmigrantes difiere drásticamente de la postura enérgica del presidente Donald Trump, quien ha jurado llevar a cabo la mayor deportación masiva en la historia de Estados Unidos. Parece que Arizona, un estado que ha tenido políticas antimigrantes como la ley SB 1070, está mostrando indicios de una transformación desde la base.
Mientras el discurso federal promueve la colaboración entre agencias locales y ICE, ciertas ciudades de Arizona como Tucson han elegido una política no oficial de “ciudad santuario”. Allí, se alienta a que la policía local no actúe como brazo ejecutor del control migratorio federal. A pesar de no tener una base legal clara, esta resistencia civil demuestra que, en ciertos sectores del estado, la solidaridad tiene un mayor peso.
