El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles gravar con un impuesto de 5 por ciento las remesas que envían trabajadores en territorio estadunidense a sus países de origen.
Con 26 votos a favor y 19 en contra, el comité aprobó la legislación propuesta por Jason Smith, presidente de la comisión.
La bancada demócrata se pronunció en bloque en contra del proyecto, mientras que los legisladores republicanos mostraron un respaldo unánime al proyecto propuesto por el gobierno de Donald Trump.
La Comisión de Presupuestos reunirá las secciones de un paquete fiscal más amplio en un proyecto de Ley que se prevé sea votado en el pleno la Cámara de Representantes antes del 26 de mayo para, en caso de ser aprobado, enviarlo al Senado para su discusión.
Este proyecto ha generado controversia y un rechazo generalizado y total por parte de las autoridades mexicanas, quienes consideran la imposición del impuesto a las remesas como una medida “discriminatoria y abusiva” en función de que las y los migrantes residentes de dicho país ya aportan el 20 por ciento de sus ingresos a la economía nacional.
Los republicanos de la Cámara de Representantes incluyeron en el proyecto de ley prioritario del presidente, Donald Trump, un impuesto especial de 5 por ciento sobre las transferencias de remesas, que cubriría a más de 40 millones de personas, incluidos los titulares de permisos de residencia permanente y los titulares de visas de no inmigrante, como las de tipo H-1B, H-2A y H-2B. Los ciudadanos estadunidenses estarían exentos.
De acuerdo con datos del Banco Mundial, las remesas enviadas a los países de origen en 2023 totalizaron alrededor de 656 mil millones de dólares, equivalente al producto interno bruto de Bélgica.
El dinero que los migrantes mexicanos envían a sus familiares creció 7.6 por ciento en 2023, alcanzando un récord de 63 mil 300 millones de dólares en ese año.
Las remesas también son un factor importante en la economía global, ya que a menudo se envían a través de servicios de transferencia de dinero estadunidenses en lugar de bancos y cooperativas de crédito.
India, México y China son los mayores receptores de esos fondos, según el Banco Mundial.
Expertos en remesas, líderes locales y antiguos migrantes dicen que prohibir, limitar o agregar un impuesto a ciertas remesas podría dañar a las comunidades que dependen de ellas, resultar oneroso para los ciudadanos y empresas estadunidenses y, paradójicamente, terminar causando aún más migración ilegal a Estados Unidos.
Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo en el Diálogo Interamericano, señaló que cualquier medida para reducir las remesas tendrá un impacto negativo en el interés nacional de Estados Unidos y en el país de origen.
Los defensores de los esfuerzos para afectar a las remesas dicen que son un impuesto efectivo a las personas que están sin permiso en Estados Unidos y podrían ser una fuente de ingresos para el gobierno estadunidense.
Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, que aboga por menos inmigración, reconoce que limitar, prohibir o gravar las remesas haría la vida más difícil para los inmigrantes que están en Estados Unidos sin autorización.
“Una de las principales razones por las que la gente viene aquí es para trabajar y enviar dinero a casa”, comentó Krikorian. “Si eso es mucho más difícil de hacer, se vuelve menos atractivo venir aquí”.
La legislación para controlar las remesas a través de impuestos sobre las transferencias de dinero, nacionales e internacionales, se ha propuesto en 18 estados en los últimos años. Casi todos esos esfuerzos han sido rechazados.
La excepción es Oklahoma, que en 2009 aprobó un impuesto sobre las remesas: una tarifa de 5 dólares por cualquier transferencia de dinero inferior a 500 dólares y un 1 por ciento sobre cualquier cantidad superior.
La sección 112105 del proyecto de ley denominado “Único, Grande, Hermoso”, referente al Impuesto especial sobre las remesas dice:
– Esta disposición impone un impuesto especial del cinco por ciento sobre las transferencias de remesas, que será pagado por el remitente con respecto a dichas transferencias.
-La disposición exige que el impuesto sea recaudado por los proveedores de transferencias de remesas y que éstos sean responsables de remitir dicho impuesto trimestralmente al Secretario del Tesoro.
-La disposición también deja claro que los proveedores de transferencias de remesas tienen responsabilidad secundaria por cualquier impuesto que no se pague al momento de realizar la transferencia.
-La disposición también crea una excepción para las transferencias de remesas que son enviadas por ciudadanos estadounidenses verificados o nacionales estadounidenses a través de proveedores de transferencias de remesas calificados.
-Los “proveedores de transferencias de remesas calificados” se definen como proveedores de transferencias de remesas que celebran un acuerdo escrito con el Secretario del Tesoro para verificar que los remitentes de las transferencias de remesas son ciudadanos estadounidenses o nacionales estadounidenses.
-La disposición también proporciona un crédito fiscal reembolsable por cualquier impuesto especial que deban pagar los contribuyentes con números de Seguro Social válidos.
-Por último, la disposición también contiene una regla para evitar la solicitud de devoluciones.
