Hermosillo: electromovilidad mejora calidad del aire
Cuando los capitanes del capital en el estado propusieron al gobernador Alfonso Durazo que les cobrara un porcentaje adicional en sus impuestos sobre la nómina, en noviembre del año pasado, más de un observador del acontecer político alzó las cejas con escepticismo.
Se trataba, detallaron, del cobro de 1% adicional (a empresas con más de 100 trabajadores en su nómina) para la creación de un fideicomiso cuyos recursos se aplicarían en la capacitación de los cuerpos policiacos y los requerimientos económicos de las tareas de seguridad tanto del estado como de los municipios. Que recuerde, es la primera vez que el sector privado le propone al gobierno de Sonora incrementarle sus impuestos.
Pues ayer fue presentado el Ficoseg (Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad) que ya cuenta con un fondo de 350 millones de pesos y espera llegar a mil millones al término de este año. Esos recursos serán administrados por un Comité Mixto mayoritariamente integrado por empresarios, bajo un criterio principal: el de no politizar la administración, asignando los recursos a partir de prioridades, no de afinidades políticas.
Parafraseando a McLuhan: el acuerpamiento es el mensaje.
En un contexto nacional particularmente complicado en materia de seguridad pública y con los halcones gringos sobrevolando el territorio mexicano, en Sonora el cierre de filas entre sociedad y gobierno fue impresionante. No solo estaban allí los principales jefes del sector privado, los ‘machuchones’, los ‘cuello 18’, los capitanes de los más importantes sindicatos patronales; también viajó desde el altiplano la mujer que desde el sector privado le habla más de cerca a la presidenta de la República, Altagracia Gómez Sierra, Coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas.
Mandos militares y de la Guardia Nacional; de la Fiscalía estatal y la federal, de la secretaría de Seguridad (que anda estrenando titular en la persona de Braulio Martínez Navarrete, un joven marino que recién se desempeñaba como secretario particular del gobernador); los alcaldes y alcaldesas de los principales municipios; diputados locales y federales, senadores, dirigentes sindicales…
Todos acuerpando al gobernador del estado en esta iniciativa que corre en dos planos: el de las acciones estratégicas para la seguridad, y el del desarrollo económico en favor de la sociedad, lo que se traducirá en más inversión, más inteligencia e investigación, más seguridad y competitividad.
El gobernador hizo el recuento de lo alcanzado hasta ahora en esta materia, delineó las expectativas y llamó a manejar los recursos desde la neutralidad política y con base en las prioridades, pero sobre todo, con transparencia y honestidad. Por cierto, se comprometió a ‘devolver las entradas’ si no se alcanzan los objetivos de este fideicomiso.
Fue un evento sobre seguridad, pero sin duda también con una gran carga política considerando la coyuntura por la que pasa el país y la necesidad de cerrar filas no solo contra la delincuencia, sino también contra amenazas externas.
Mucho se ha hablado de los ahorros presupuestales que representa el uso de vehículos eléctricos y las ventajas de esa electromovilidad amigable con el medio ambiente.
Ayer se instaló el Comité de Monitoreo de Calidad del Aire en la ciudad, que en lo sucesivo aportará los elementos necesarios para que los gobiernos puedan evaluar esos impactos y actúen en consecuencia.
Ese Comité, presidido por el alcalde Antonio Astiazarán y en el que participan, además de directores de área municipales, regidores y funcionarios estatales, académicos e investigadores de diversas universidades, empresarios, profesionistas y representantes de Organizaciones No Gubernamentales.
Por lo pronto, en la instalación de este Comité surgió un dato positivo. De acuerdo a un estudio elaborado por la maestra Diana María Meza, directora de Apoyo y Vinculación y Difusión de la Universidad de Sonora, en los últimos años se ha detectado una reducción histórica de partículas suspendidas en el aire (PM10, que incluye polvo, hollín, cenizas y metal).
En el periodo 2023-2024 se registró esta reducción y es la primera vez que en Hermosillo estamos por debajo del límite que marca la Organización Mundial de la Salud, que es de 15 PM10. Sería muy interesante, dijo la investigadora, analizar las acciones implementadas por el Ayuntamiento, porque considerando que el 2023 no llovió “evidentemente es resultado de acciones tomadas por el municipio para lograr esta disminución.
Otro dato interesante es el que reveló la directora de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático, Carla Neudert, quien dijo, entre 2022 y 2024 se detectó una disminución de seis mil toneladas de dióxido de carbono en Hermosillo.
El gobierno municipal por su parte se comprometió a seguir impulsando la electromovilidad con patrullas, unidades de bomberos, barredoras, HBus, y próximamente camiones recolectores de basura que no utilizan combustibles fósiles, sino que operan con energía eléctrica.
El Comité se reunirá bimestralmente para presentar informes sobre calidad del aire y emitir las recomendaciones en cada caso.
III
No son pocas las voces que advierten sobre los riesgos de regresión a un gobierno autocrático en el que se imponga la sola visión de una aplastante mayoría.
Sí es paradójico que algunas de esas voces provengan del PRI, que en sus momentos estelares lo hizo una y otra vez sobre la minoritaria oposición. Paradójico, sí, pero no desprovisto de razón.
La dirigente estatal del PRI en Sonora, Lupita Soto Holguín ilustra sobre esos riesgos a propósito del tema en boga: el cierre de la frontera a la exportación de ganado sonorense por restricciones norteamericanas basadas en la presencia del gusano barrenador en México.
Desde el mes de marzo pasado, los diputados locales tricolores, Iris Sánchez Chiu y Emeterio Ochoa presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Ganadería para el Estado de Sonora para ‘sellar’ las fronteras estatales al internamiento y tránsito de ganado que no cumpla lineamientos y protocolos oficiales en materia de sanidad animal, equiparables con los exigidos por las autoridades norteamericanas, para evitar la presencia de plagas y enfermedades.
La iniciativa surge después del primer cierre fronterizo en noviembre de 2024, pero la iniciativa fue enviada a la ‘congeladora legislativa’ “quizá por ser del PRI”, dijo el secretario General de ese partido, Onésimo Aguilera en la rueda de prensa que ofrecieron ayer y en la que lamentaron que la mayoría de Morena y sus aliados hayan ignorado la propuesta, pues apenas hace unos días el gobierno norteamericano volvió a cerrar sus fronteras a la exportación de ganado en pie, por un lapso de 15 días al menos.
Este es un terrible golpe para el sector ganadero nacional, pero sobre todo para el de Sonora, donde desde hace muchos años se tienen los estándares más altos de sanidad animal y el descuido, las omisiones o la corrupción del gobierno federal que permitió la entrada de ganado contaminado, provocaron de nuevo el cierre de la frontera norte, y siguen sin tomar medidas al respecto, que por cierto, urgen para evitar más daños a la economía no solo de los ganaderos, sino de comerciantes, criadores y ejidatarios, con el consecuente desempleo rural y la migración.
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