Para autoridades, ciudadanos y organismos electorales la elección judicial de junio será una experiencia inédita. Incluso quienes consideramos que era necesaria una sacudida radical del anquilosado Poder Judicial, tendríamos que reconocer que la elección de miles de cargos y varias páginas de boletas de distintos colores con largos listados de nombres, no es precisamente la mejor manera para propiciar una elección razonada de parte de los ciudadanos. Salvo el caso de iniciados y profesionales en materia judicial, el votante afrontará el deber de cruzar nombres a diestra y siniestra a partir de lo que le parecerá un pedazo del directorio telefónico.
Como toda primera vez, algunos retos de esta jornada serán resueltos de manera aceptable, sobre todo gracias a la experiencia del INE, pero seguramente habrá muchos otros que serán perfectibles y más de uno podría hacerse engrudo. Se estima que el tiempo promedio que tomaría a cada votante revisar, cruzar e introducir en urnas las boletas podría superar los 10 minutos, más aún en las 19 entidades en las que, además, se eligen magistrados y jueces locales. Esto podría traducirse en largas esperas y colas interminables que lleven a algunos a desistir en la tarea. A esto habría que aunar el hecho de que el número de casillas programadas por el INE es de 84 mil, poco menos de la mitad a las que el votante está acostumbrado en una elección presidencial. Ello significa que la distancia promedio para cada ciudadano será el doble que la usual. En conjunto, mayores distancias y largas esperas podrían acrecentar uno de los mayores temores por parte de los organizadores: una baja afluencia de parte del “pueblo”. Si bien los resultados serán válidos cualquiera sea el porcentaje de participación, en términos políticos el número importa para efectos de legitimación de todo el proceso. El gobierno aspira a alcanzar o superar un 15 por ciento de afluencia del padrón electoral; otros consideran que un 10 por ciento sería más realista. Por el contrario, un solo dígito generaría, seguramente, duras críticas a la validez de fondo de todo el proceso.
Esos son los retos de la autoridad. Para el ciudadano dispuesto a participar, el problema sigue siendo qué hacer para elegir a jueces frente la larga nómina de desconocidos a la que habrá de enfrentarse. Y ojo, esa “anonimidad” puede convertirse también en un factor disuasorio para acudir a las urnas. En una elección política la mayoría de los votantes acude a sufragar por partidos y candidatos conocidos, sobre los cuales se habrá hecho alguna idea, sea o no fundamentada. Hay un componente cívico sí, pero también un impulso emocional e incluso lúdico en participar en una competencia en la que habrá ganadores y perdedores ampliamente conocidos. Acá, en cambio, tendrá que elegirse entre un Martínez, un Pérez, un Serrano sin rostro ni identidad. Salvo, claro, los tres nombres de las ministras afines a Morena que han hecho campaña mediática desde hace rato.
¿Qué puede hacer una persona bien intencionada que, a pesar de todo, considera que es una oportunidad que jueces y ministros sean elegidos por los ciudadanos y no por un gremio enclaustrado en sus propios arreglos y privilegios? Respuestas simples no hay. En lo que a mí respecta, he resuelto tomar decisiones a partir de la revisión que algunos analistas, investigadores o periodistas han realizado sobre estas listas. En algunos casos se trata de alguna columna de opinión en la cual un comentarista elogia a tres o cuatro candidatos, particularmente para las posiciones más importantes, como son los de la Suprema Corte; en otros casos se aborda, en sentido contrario, las razones por las cuales no debería votarse a favor de determinadas personas.
Con mucho, el ejercicio más sistemático que he visto es el de Viri Ríos, académica y periodista lúcida y responsable, también columnista en este diario, con cuyos artículos y análisis suelo coincidir en lo sustancial. Ella se dio a la tarea de analizar a cientos de aspirantes a partir de su trayectoria, sus propuestas y, sobre todo, cuán progresistas o no han sido en su desempeño.
El resultado es un excel que arroja una valoración del 1 al 10 que se compone por la suma de dos calificaciones. Una por el grado reaccionario o progresista del candidato, medido del cero al 5; ¿Qué significa ser progresista para efectos de la valoración de Viri? Ella misma lo responde: que en sus decisiones conocidas hayan puesto al frente los derechos de los trabajadores, no se hayan plegado al poder de las súper empresas ni se hayan prestado a la evasión de impuestos de los poderosos. La otra mitad de la calificación procede de una valoración de criterios profesionales, relativos a la experiencia del candidato y a la calidad de propuestas viables, también de cero al 5.
La valoración puede consultarse en cuadros que dan cuenta, para cada candidato, de los antecedentes, las afinidades políticas, lo más destacado del curriculum vitae, las razones por las cuales quiere ser ministro o juez y síntesis de sus planteamientos o propuestas. Y por supuesto, la calificación final, si es que usted no desea entrar en pormenores. Se trata de un enorme esfuerzo, aun cuando se limita a las dos elecciones más importantes por mucho: la Suprema Corte y el poderoso Tribunal de Disciplina que será el juez de jueces en el futuro. Adelanto que entre las diez candidatas mejor calificadas por Viri para la Suprema Corte no están las tres actuales ministras asociadas a las banderas obradoristas: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Las listas pueden consultarse en “Herramienta de evaluación de candidatos(as) al poder judicial”, VIRI RÍOS.com.
Supongo que medios de comunicación y otros especialistas comenzarán a divulgar nóminas de deseables y de indeseables en vísperas de la elección. Eso permitirá al interesado tener otros puntos de referencia para no acudir a ciegas a esa cita anónima. Por lo pronto, agradezco desde ahora contar con una propuesta que hago mía.
