El contrato de Construcción Instrumentación y Servicios representa el 78% del monto total otorgado por la SICT a empresas fantasma en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con una investigación de Quinto Elemento Lab.
Violeta Santiago y Priscila Cárdenas / Quinto Elemento Lab
CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La línea fronteriza con Estados Unidos corta la sierra de San Luis-Janos como una guillotina. A menos de dos kilómetros serpentea el tramo de la Carretera Federal 2 que va de Janos, Chihuahua, a Agua Prieta, Sonora. Cuando las heladas arrecian, el paisaje blanco presagia un pavimento congelado e intransitable. Pasado el frío, la cinta asfáltica queda craquelada, como el suelo de un lago tras secarse. En apenas siete metros de ancho, sin acotamientos, los camiones de carga compiten por circular en sentidos opuestos. En su prisa, a veces chocan y mueren personas.
Para aumentar la seguridad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SICT) presentó un plan para ampliar la carretera a 12 metros de ancho y dos carriles. Parte de ese proyecto fueron los 4.1 kilómetros del tramo Janos-Agua Prieta, para el que en abril de 2019 se otorgó un contrato por 85.6 millones de pesos a Construcción Instrumentación y Servicios, en conjunto con Vicer Agregados y Concretos.
Así se planeaba ampliar el camino en dos tramos de la carretera que conecta a los municipios fronterizos de Janos, Chihuahua, y Agua Prieta, Sonora. Imagen: Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto de Modernización y Ampliación de la carretera a Agua Prieta
Sin embargo, no había pasado ni un mes desde la firma del convenio cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) calificó a Construcción Instrumentación y Servicios como Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS) definitiva, es decir, era una compañía que no podía comprobar personal, infraestructura ni capacidad material para realizar los trabajos que facturaba, o que no fue localizada en su domicilio fiscal.
Por sí solo, este contrato representó 78 por ciento del dinero que la SCIT asignó a empresas fantasma en el sexenio anterior.
En total, la SICT pagó 36 millones de pesos (más IVA) a la empresa fantasma y prorrogó la entrega del camino a Janos por casi un año. Ahora no hay ampliación ni modernización de la carretera: la empresa abandonó la obra, dejó perder el contrato y no ha devuelto el millonario anticipo.
La dependencia federal justificó las obras de ampliación por el pésimo estado de la carretera. Imagen: Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto de Modernización y Ampliación de la carretera a Agua Prieta
Millones de pesos perdidos
Es primavera de 2024. El cielo está limpio de nubes y el calor castiga la carretera hacia Agua Prieta. La sombra intermitente de las colinas con sus grandes pedruscos ofrece un alivio momentáneo a los conductores. La baliza anuncia el kilómetro 107, el final del tramo que debería haberse modernizado.
Pero no hay nada ahí ni en los dos kilómetros previos ni en el trecho encargado a la empresa que refleje alguna mejora en el camino. Solo alcantarillas abandonadas, letreros de desviación y muchos baches.
Según el contrato, Construcción Instrumentación y Servicios realizaría el 90.42 por ciento del proyecto (terraplenes, bases, pavimento, señalizaciones), mientras que Vicer se encargaría del drenaje y alcantarillado.
Los trabajos tenían que empezar en mayo de 2019, pero se aplazaron porque la SICT debía adelantar un primer pago por 25.7 millones de pesos —lo que hizo en junio de ese año—, y porque no se había presentado el resolutivo del Manifiesto de Impacto Ambiental. Finalmente, las obras arrancaron en octubre.
Ese mismo mes, una publicación de la revista Nexos advirtió que Construcción Instrumentación y Servicios era una facturera. La dependencia explicó a Quinto Elemento Lab que, debido a la nota, “solicitó a la empresa presentar de nueva cuenta la opinión de cumplimiento emitida por el SAT y, con fecha del 31 octubre de 2019, presentó el documento de opinión positiva”. Así, la secretaría sepultó sus dudas.
“No estábamos enterados de eso, en su momento no lo vimos; pero al tener el documento del SAT lo dimos por bueno”, declaró a la prensa en aquel entonces el titular del Centro SICT Sonora, Eduardo Antonio Pacheco Grajeda.
El SAT especifica en el Código Fiscal de la Federación que, para tener una opinión positiva, el contribuyente no debe estar en la lista definitiva de EFOS. Para cuando la secretaría asegura que recibió una nueva Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, la firma ya se encontraba en dicho listado. Vía Transparencia, la SICT sonorense solo entregó el documento fechado en abril de 2019 —poco antes de ser declarada empresa fantasma—, cuya vigencia por ley es de tres meses.
Por medio de imágenes satelitales de Google Earth y Maps se ubicaron los tramos de la ampliación y modernización de la carretera Janos-Agua Prieta, a partir de las coordenadas incluidas en el estudio de impacto ambiental. En una imagen de marzo de 2020, en el trecho entre los kilómetros 98+000 y 100+000 todavía se distingue la máquina amarilla que coloca el drenaje perpendicular a la carretera, a pocos metros de un claro con medio centenar de alcantarillas.
Sin embargo, la obra se suspendió poco después debido a la pandemia de covid-19. El papeleo señala que los trabajos debían reiniciarse el 1 de junio y que la carretera, a más tardar, tenía que entregarse el 21 de noviembre.
En agosto de ese mismo año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) —con la SICT presente— visitó la obra y calculó que no se habían hecho trabajos de excavaciones, terraplenes y alcantarillado, correspondientes a 2019, por 6.7 millones de pesos.
La respuesta del Centro SICT Sonora para esta investigación fue un mensaje de siete párrafos, que concluye: “A la fecha, la empresa se encuentra realizando los convenios contratados en ese tramo carretero”, aunque la misma dependencia reconoció vía Transparencia que no había un contrato vigente para la modernización del trecho. La dependencia se negó a responder preguntas adicionales al cierre de esta investigación.
Mediante solicitudes de información, Quinto Elemento Lab obtuvo documentos que revelan que la obra se canceló por incumplimiento del contratista, no existe otra licitación para el tramo, y no se han recuperado los millones de pesos pagados por adelantado a la empresa fantasma.
Un acta circunstanciada de la SICT, fechada en febrero de 2021, expone que el contrato de la carretera Janos-Agua Prieta fue rescindido, de acuerdo con la Ley de Obras Públicas, porque Construcción Instrumentación y Servicios incumplió el encargo.
El documento estima que, en total, se pagaron 36 millones de pesos a la empresa fantasma por una obra inconclusa, “encontrada en estado total de abandono” y sin “personal, maquinaria o equipo de construcción”.
En septiembre de 2021, Pacheco Grageda dejó la oficina federal de la SICT para convertirse en titular de la Junta de Caminos de Sonora. El funcionario no aceptó dar una entrevista para este reportaje.
Una empresa fantasma en el camino
Construcción Instrumentación y Servicios vio la luz en 1996 en Hermosillo, Sonora, de acuerdo con su inscripción en el Registro Público de Comercio. Los socios fundadores —un hombre que actualmente ronda los 84 años y sus dos hijos— vendieron la empresa por 50 mil pesos en 2011.
El excontador de la empresa dijo a Quinto Elemento Lab que tiempo después de su conformación la firma dejó de funcionar por falta de trabajo y que los accionistas originales le avisaron que se retirarían de la actividad.
Carlos Alfredo Apodaca Hernández, un estudiante de 19 años y originario de Agua Prieta, adquirió el 60 por ciento de las acciones y se convirtió en administrador y representante de la compañía, mientras su padre, el también contratista José de Jesús Apodaca Otero, ocupó el cargo de representante legal.
El cambio de manos convirtió a Construcción Instrumentación y Servicios en contratista gubernamental.
Entre 2011 y 2019, de acuerdo con los registros de Compranet, obtuvo en Sonora 10 contratos por 103.9 millones de pesos con la Junta de Caminos estatal, la SICT, la Comisión Federal de Electricidad e incluso el IMSS.
Pese a esto, la compañía es desconocida en el mundo empresarial del estado: “En la CMIC Sonora no tenemos conocimiento de esa empresa de construcción”, precisó Luz Fernanda Enríquez López, gerente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la entidad, consultada para este reportaje.
La exitosa trayectoria de la contratista quedó bajo investigación del SAT por operaciones inexistentes en noviembre de 2016, cuando la autoridad fiscal realizó observaciones y la exhortó a demostrar que era una empresa legítima y así desvirtuar las sospechas.
Estar en la lista de presuntas EFOS —estatus previo a ser catalogada como definitiva— no frenó la búsqueda de convenios públicos de la empresa sonorense. En marzo de 2019, el gobierno de AMLO le otorgó un primer contrato de 7 millones de pesos por el estudio y proyecto para la restitución estructural y las obras de drenaje de ocho kilómetros del camino Basiroa-Tapizuelas en Álamos, Sonora.
Dos meses más tarde firmó el contrato de la carretera Janos-Agua Prieta en un proceso cuya revisión pone en evidencia algunas irregularidades cometidas por la SICT de Sonora.
La dependencia no explica por qué eligió la propuesta más cara de las seis que se presentaron. Vía Transparencia, la secretaría entregó el acta de fallo firmada por Ricardo Alarcón Abarca, subdirector de Obras (en representación del titular, Pacheco Grageda), en la que resuelve que la proposición encabezada por Construcción Instrumentación y Servicios reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, y que “por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas”.
Mediante correo electrónico institucional se contactó a Alarcón, quien actualmente se desempeña como director del Centro SICT Guerrero, para conocer cuáles fueron los parámetros de evaluación que se emplearon para seleccionar a la empresa, pero no se obtuvo respuesta a los hallazgos de esta investigación.
Además, la EFOS debió entregar a la SICT la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales con el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero la dependencia no la proporcionó cuando se le pidió por medio de solicitudes de información.
Este documento permite saber cuántas personas trabajadoras están aseguradas por la empresa, y por ley debe incluirse en caso de que la contratación sea mayor a los 300 mil pesos.
Quinto Elemento Lab también visitó el domicilio fiscal indicado en el contrato por Construcción Instrumentación y Servicios: el número 1126 de la Calle 6, entre las avenidas 12 y 13, de la colonia Centro, en Agua Prieta, Sonora. Entre tiendas de conveniencia, casas y algunos negocios de venta de productos de plástico o pinturas no fue posible localizar las oficinas de esta compañía.
La dirección es la misma de otras dos firmas que también han recibido dinero público: Recubrimientos Decorativos e Industriales de Sonora, que en años recientes tuvo contratos por adjudicación directa del Consejo de la Judicatura Federal, y Tecnología Avanzada del Color, que figura en el padrón de proveedores del ayuntamiento de Agua Prieta. De acuerdo con registros públicos de comercio, José de Jesús Apodaca Otero forma parte de ambas empresas.
Se buscó establecer contacto con las tres firmas y sus principales socios mediante las direcciones de correo electrónico encontradas en contratos, padrones de contratistas y registros ante el SAT, pero al cierre de este reportaje no se consignó una respuesta.
Obra olvidada
A casi cuatro años de la cancelación del contrato, Construcción Instrumentación y Servicios no ha cubierto las penalizaciones ni devuelto los millones de pesos que le pagaron por una obra que no terminó. La compañía tampoco figura en el Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, aunque mantiene el impedimento de emitir facturas por su inclusión en la lista de EFOS definitivas.

Mientras, poco ha pasado en la carretera hacia Agua Prieta.
Desde la visita de la ASF en 2020, las imágenes satelitales y de vista de calle de Google Maps evidenciaban la falta de movimiento: para mediados de 2022, donde termina el kilómetro 107+000 quedó abandonada una retroexcavadora amarilla —que sucumbió al óxido y al sol del desierto— junto a unos señalamientos reflejantes que advertían de una “desviación” para evitar que los conductores se desbarrancaran al final de un terraplén sin concluir.
El recorrido hecho en 2024 por el tramo licitado mostró que han desaparecido los indicios de lo poco que avanzó la obra, como el raspado del pavimento para el intento de ampliación, y decenas de alcantarillas que deberían estar bajo un doble carril.
No hay, dice la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, algún nuevo procedimiento de contratación para acabar esta obra.
La modernización de la carretera Agua Prieta-Janos era una deuda de décadas para el séptimo municipio más poblado de Sonora y su importante industria maquiladora. Hoy, para ir a Chihuahua, los habitantes de Agua Prieta prefieren cruzar a Estados Unidos y circular por la interestatal 80 antes que hacerlo por la “ruta de la muerte”, como la llaman periodistas locales debido a los cierres por nevadas, deslaves y accidentes.