El exgobernador de Puebla Sergio Salomón entra a la dependencia, en medio de los cuestionamientos por la actuación de su predecesor en el incendio de Ciudad Juárez, que sigue acusado por el suceso
Beatriz Guillén
Francisco Garduño ha terminado al frente del Instituto Nacional de Migración dos años, un mes y tres días después de que un incendio dentro de uno de sus centros matara a 40 hombres e hiriera de forma grave a otros 27. Garduño, que sigue acusado de ejercicio ilícito de la función pública, se va de su cargo sin haberse disculpado públicamente con las familias de los migrantes que murieron asfixiados en un edificio público de Ciudad Juárez. Garduño se va, en palabras de los representantes de las víctimas, “sonriendo”. Las organizaciones de derechos humanos no dudan: “Es un mensaje de impunidad”.
La noche del 27 de marzo de 2023, 67 hombres se quedaron encerrados con el fuego en un centro de detención federal sin que nadie les abriera la puerta. Fallecieron 40 y el resto quedó gravemente herido, muchos siguen sin recuperarse de las secuelas. Los relatos de los supervivientes y los videos de la tragedia revelaron cómo los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y los guardias de seguridad privada abandonaron el edificio y dejaron atrás, atrapados, a estos hombres cuya única falta había sido ser migrantes.
Hay 11 personas imputadas por la masacre, seis son funcionarios del INM, uno de los cuales es, quien era hasta este miércoles, su titular. Francisco Garduño gozó desde el inicio de un trato especial. Fue el único que quedó acusado solo de ejercicio ilícito de la función pública, un delito menor, que se considera prácticamente una falta administrativa. Esto, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció que “había un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado en el INM” y que ese había sido el “causante” de la tragedia. De 2019 a 2024, la dependencia gestionada por Garduño acumuló 5.600 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y llegó a registrar 14 incendios.
La FGR apuntó que la imputación de Garduño era porque “incurrió en presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos contra los migrantes”. Quedó imputado. “Fue una investigación fast track, que duró solo de cinco a 10 días”, explica Yesenia Valdez, coordinadora de Defensa de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), una de las organizaciones que representa a las víctimas: “Fue una investigación a modo, poco exhaustiva, que no llegó a meterse en el contexto en que se dio el incendio, por lo que no llegó a la responsabilidad que pudo tener Garduño por acción u omisión en el caso de los homicidios y las lesiones”.
Desde el principio, el comisionado, de 76 años, trató de quitarse de encima la imputación. Lo consiguió finalmente este enero, cuando un juez de control de Chihuahua le concedió una suspensión provisional del proceso judicial. Esto es un beneficio al que pueden acceder los acusados de delitos leves, como parte de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. “Una mala investigación inicial lleva a imputarlo por un delito menor, que lleva después a que pueda acceder a este beneficio”, resume Valdez.
El juez exigió a Garduño varias condiciones, las más importantes: una reparación y una disculpa pública. El comisionado no ha cumplido personalmente ninguna de las dos. “Aquí el juez tomó como válido una atrocidad: la reparación que pagó el Gobierno mexicano por no proteger a los migrantes se consideró como la reparación del propio Garduño”, explica la abogada. La disculpa, que las familias han solicitado que sea en las instalaciones quemadas —y ya inutilizadas— del INM de Ciudad Juárez, todavía está a la espera. “No puede ser el 2 de mayo porque las familias quieren estar presentes y queremos que él cubra los gastos y los viáticos, para que no volvamos a pagarlos la sociedad mexicana”, añade Valdez, “también hay que hacer los trámites migratorios para que puedan venir”. Entre las víctimas hay venezolanos, hondureños, guatemaltecos y salvadoreños.
Una reunión en Palacio Nacional
La presidenta Claudia Sheinbaum eligió al exgobernador de Puebla Sergio Salomón ya en octubre para hacerse cargo del INM. Sin embargo, ha tardado siete meses en volverse el titular. La mandataria adujo que era para hacer más fácil el traspaso, especialmente ahora que la situación migratoria se ha convertido en un contrapeso esencial en las negociaciones con Estados Unidos. Así, la visita a México de la secretaria de Seguridad de Donald Trump, Kristi Noem, dejó una imagen inusual: en la reunión con la alta funcionaria en Palacio Nacional había una presidenta, un canciller, una secretaria de Gobernación, pero dos representantes del Instituto Nacional de Migración. Sheinbaum ha avalado al funcionario hasta su salida final.
Garduño ha tratado de sacudirse las críticas por su gestión, e incluso ha buscado presentarse como un luchador social al que el incendio le había causado su “mayor dolor”: “Porque terminó con mi perspectiva de defensor de derechos humanos, a los cuales me he dedicado, tengo maestría y doctorado en ese tema”. El funcionario, que participó en la fundación de Morena, fue quien llevó la militarización al Instituto Nacional de Migración. Pasó directo de ser el encargado de la red de cárceles federales de México al INM, bajo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Con él, la dinámica del instituto pasó de ser “de gestión de flujos migratorios a ser de seguridad nacional”, explicó a este periódico María Inés Barrios, coordinadora de Migración Internacional del Colegio de la Frontera Norte. “Garduño tomó el cargo como una continuidad en su función del control de las cárceles, no hubo una ruptura con su trayectoria previa”, apuntó Tonatiuh Guillén, quien fue su antecesor al frente del INM.
Así sale ahora el funcionario, en un movimiento que los representantes de las familias definen con una sola palabra: tarde. “Es una salida tardía, que manda un mensaje de impunidad porque le permitió al comisionado Garduño seguir haciendo uso de los recursos públicos para viajar a las firmas semanales que tenía que hacer en el centro de justicia de Chihuahua”, explica Blanca Navarrete, directora de DHIA. “Durante más de dos años gozó de todos los beneficios como comisionado, para asistir a sus audiencias y para influir en sus funcionarios —que estaban obligados a aportar información a la investigación—: sale demasiado tarde cuando ya pudo hacer y deshacer”, añade Valdez: “Y al mismo tiempo sale y sigue sin haber justicia ni verdad para las familias”.
