ChildFund señala que el crimen capta hasta 40 mil niños al año; los usa como sicarios, mensajeros…
Alan Gallegos / LA RAZON
Yil Felipe Wood, especialista en protección a la niñez de la organización ChildFund México, afirmó que se tiene información acerca de que la mayor incidencia de reclutamiento forzado de menores de edad por parte del crimen organizado en nuestro país se concentra en los estados de Colima, Sonora y Morelos.
Esta declaración coincide con el informe “Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de NNA por Grupos Delictivos” que dio a conocer en días pasados la Secretaría de Gobernación, en donde se incluye a las tres entidades federativas entre las más afectadas por este fenómeno, con Colima ubicada en el segundo lugar nacional.
- El Dato: El pasado martes, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que fueron desactivadas 200 cuentas de redes sociales que eran usadas para reclutar.
En entrevista con La Razón, Yil Felipe Wood mencionó que no existen cifras exactas ni en instituciones públicas ni en privadas, pero de acuerdo con los estudios de diversas organizaciones no gubernamentales, en México cada año son reclutados entre 35 mil y 40 mil menores de edad por grupos criminales, con un comportamiento sostenido al alza.
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Indicó que los niños y adolescentes son utilizados como sicarios, mensajeros, narcomenudistas o halcones, y los cárteles de la delincuencia organizada optan por este sector de la población porque quienes pertenecen al mismo son más vulnerables y es más fácil formarlos.
El especialista añadió que este flagelo no tiene un carácter nacional, sino regional, ya que se presenta sólo en zonas específicas de algunas entidades federativas, de entre las que destacan, según estudios y datos a que ha tenido acceso la organización que representa, Colima, Sonora y Morelos.
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Apuntó que el fenómeno es multifactorial, pues hay situaciones que incrementan el riesgo y facilitan esta tarea, como la marginación social, las carencias económicas y la falta de oportunidades para niñas, niños y adolescentes.
De igual forma, dijo, la apología del delito mediante expresiones artísticas y otros mensajes, la narcocultura y la deserción escolar son factores que empeoran la situación, pues desde la pandemia hasta la fecha, más de cinco millones de niños han abandonado la escuela.
El también activista indicó que en los últimos años se ha incrementado en forma considerable el reclutamiento forzado a través de redes sociales, lo cual se confirma con un estudio elaborado recientemente por el Colegio de México, mediante el cual se analizaron poco más de 50 cuentas y el 47 por ciento de ellas presentó actividad de reclutamiento explícito, mientras que el 31 por ciento tenía propaganda de alguna organización criminal específica.
“Aquí también hay una situación que influye y es la brecha generacional que existe entre los adolescentes y sus padres, quienes no puedan ver lo que sus hijos consumen en Internet; pareciera que a través de la computadora no están en riesgo, pero la verdad es que sí lo están”, dijo.
El representante de ChildFund México consideró que el Estado debe poner en marcha diversas políticas públicas que ayuden a combatir el fenómeno del reclutamiento forzado de menores de edad, como el destinar un mayor presupuesto a la protección de las infancias.
En el informe de la Secretaría de Gobernación citado líneas arriba se menciona que la ciudad de Colima en donde se presenta la mayor incidencia de reclutamiento de niños y adolescentes es Manzanillo. En esta entidad operan el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, escisiones de lo que fue el Cártel de los Beltrán Leyva y células de La Familia Michoacana.
En el caso de Sonora, los municipios con mayor presencia de este fenómeno son Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Nogales, Caborca y San Luis Río Colorado, demarcación caracterizada por un elevado nivel de violencia.
Los grupos delincuenciales con mayor presencia en el estado gobernado por el morenista Alfonso Durazo Montaño son el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Caborca, Los Rusos y Los Salazar.
En septiembre del año pasado, el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, Sergio Francisco Méndez, reconoció que el crimen organizado reclutaba adolescentes de entre 12 y 14 años para generar violencia en el norte del estado, principalmente en los municipios de Caborca, Sonoyta, Puerto Peñasco y Sáric.
En el caso de Morelos, el municipio de Cuernavaca es el que presenta la mayor incidencia en reclutamiento de menores. En esta entidad hay actividad del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, Guerreros Unidos, Los Rojos y la Unión Tepito, entre otros grupos.
HIELO LEGISLATIVO. El 24 de febrero del 2024, la entonces diputada federal del PRI, Erandi Nassar Piñeyro, presentó una iniciativa de reformas al Código Penal Federal para tipificar como delito el reclutamiento de menores de 18 años de edad por parte de integrantes de la delincuencia organizada.
La legisladora propuso imponer una pena de entre siete y 12 años de prisión y de entre 800 y dos mil días-multa “a quien emplee, obligue, incite o coaccione a una o varias personas menores de 18 años de edad para formar parte de una asociación delictuosa o para cometer cualquiera de los delitos referidos en este ordenamiento o en alguna ley especial”.
En la exposición de motivos, Nassar Piñeyro hizo alusión a un estudio que semanas antes dieron a a conocer la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el Observatorio Nacional Ciudadano, en el que se señalaba que en nuestro país entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo permanente de ser reclutados por el crimen organizado.
Sostuvo que el reclutamiento de niños y adolescentes “es una actividad que lamentablemente no ha sido lo suficientemente visibilizada por los mecanismos de prevención de la violencia en sus tres niveles de Gobierno, además de que no se encuentra tipificado como delito”.
La iniciativa presentada por la diputada federal del PRI fue enviada a la Comisión de Justicia de San Lázaro, pero no fue dictaminada por la anterior legislatura, mientras que los actuales diputados federales no han mostrado interés alguno en el tema.
