Redacción
El poblado de La Ciénega, municipio de Pitiquito, Sonora, y sus alrededores, se encontraban bajo control absoluto de grupos criminales que se apoderaron de ranchos y caminos, así como de recursos minerales que se convirtieron en una millonaria fuente de financiamiento para el cártel de Sinaloa, señalaron asesores de seguridad minera durante un operativo de vigilancia realizado la tarde del martes en esa localidad ubicada en el noroeste del estado.
Durante al menos cinco años, los yacimientos conocidos como La Ciénega y Rancho Colorado fueron explotados por células delincuenciales que extraían oro, generando –según estimaciones oficiales– alrededor de 1.6 millones de dólares mensuales. Esta operación clandestina sostenía financieramente a La Chapiza, una facción de dicha organización criminal, destacaron los informantes, quienes pidieron el anonimato.
En el operativo, funcionarios y elementos de seguridad estatales, así como asesores, explicaron paso a paso el impacto de estas actividades, que no sólo alteraron la seguridad de la región, sino que desmantelaron la vida productiva de decenas de familias ganaderas y agricultores, que se vieron obligados a abandonar sus ranchos en medio de amenazas, violencia y desplazamientos.
Víctor Hugo Enríquez García, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, señaló que, en respuesta a las denuncias de productores y empresarios, la dependencia implementó el año pasado operativos de recuperación que permitieron asegurar 42 ranchos y dos minas que habían sido tomadas por la delincuencia organizada.
De acuerdo con información que tenemos, los recursos que se obtenían de la minería ilegal se llevaban a la delincuencia organizada, apuntó el funcionario.
Las operaciones, que incluyeron patrullajes, vigilancia aérea con drones, vuelos y desmantelamiento de antenas de comunicación, restablecieron la presencia de la autoridad en la zona. Además, se aseguraron campamentos, puntos de vigilancia o halconeo y equipos utilizados por La Chapiza para el control territorial.
Enríquez García destacó que la recuperación de estos espacios permitió también reactivar parte de la actividad económica en el poblado de La Ciénega, Pitiquito, y sus alrededores, con un incremento de hasta 40 por ciento en la ocupación de ranchos y regreso de desplazados.
Todos los procesos económicos de la zona se habían visto afectados; evidentemente, muchas fuentes de empleo fueron perjudicadas y, por consiguiente, la inversión. Entre 35 y 40 por ciento de los ganaderos han vuelto a sus actividades; en el caso de la mina es otro proceso que lleva más tiempo, afirmó.
El propietario de Los Pozos, uno de los ranchos asegurados, relató bajo condición de anonimato haber vivido episodios de la violencia, que incluyeron la pérdida de 700 cabezas de ganado y múltiples agresiones por parte de delincuentes.
La mina La Ciénega fue oficialmente recuperada durante un operativo realizado el 25 de septiembre de 2024, en el que participaron 200 elementos de seguridad y fueron capturadas ocho personas.
Detrás de la fachada minera se ocultaba una red criminal que en 2019 había expulsado a la empresa RM La Esperanza, operadora legal de la mina, para tomar control de la extracción.
En la actualidad los ranchos y minas permanecen bajo vigilancia permanente con apoyo de bases operativas, patrullajes diarios hasta de 300 kilómetros y monitoreo del C5i, el centro estatal de videovigilancia.
Las autoridades han reforzado los corredores productivos y fronterizos, enfocándose en desarticular células delictivas y evitar nuevos focos de violencia.
Pitiquito es un municipio costero mayormente desértico ubicado a 268 kilómetros de Hermosillo, capital del estado; es la segunda demarcación más extensa de la entidad (casi 12 mil kilómetros cuadrados). Colinda con la localidad fronteriza de Altar.
Es un territorio en constante disputa por bandas del crimen organizado que buscan traficar narcóticos hacia Estados Unidos, aprovechando los caminos despoblados y desérticos.
La actividad criminal en esta zona costera comenzó con el trasiego de drogas, pero se ha extendido al tráfico de armas, dinero e indocumentados. Rancheros de la región han denunciado que las bandas también se han apoderado de sus propiedades y de los recursos naturales de la zona.
