Sin embargo, la reforma también aumentó la pena por el aborto forzado hasta con 15 años de prisión; ya son 20 de los 32 estados que despenalizan el aborto en México.
Redacción AN / ES
El Congreso de Yucatán aprobó este miércoles la despenalización del aborto siempre y cuando la gestación tenga como máximo 12 semanas.
En México los estados que han despenalizado la interrupción legal del embarazo antes de los 12 meses son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas y se suma Yucatán.
Por otro lado, en sesión ordinaria, los diputados yucatecos aprobaron por mayoría de 22 votos a favor y 13 en contra, el dictamen de las comisiones unidas de Justicia y Seguridad Pública, y de Salud y Seguridad Social, en materia de autonomía reproductiva y derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes, esto en el marco de la sentencia resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En este se expone que, de acuerdo con el mandato de la Suprema Corte, se permite el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes hasta las 12 semanas y se establece con claridad el tipo penal de aborto forzado y se aumentan las penas para este delito pasando de 3 a 8 años, a 5 y 10 años de prisión; y en el caso del aborto forzado con violencia pasando de 6 a 9 años, a 9 y 15 años de prisión.
Asimismo, se mantiene la definición del aborto como la interrupción del embarazo en cualquier momento antes de su conclusión, establecido en el artículo 389 del Código Penal de Yucatán, de acuerdo con un comunicado del Congreso de la entidad.
Posicionamientos de legisladores
A favor, se manifestó la diputada Clara Paola Rosales Montiel (Morena) y propuso una modificación al dictamen para que se agregue al artículo 390 del Código Penal del Estado, un párrafo cuarto que indique que, en caso de no acreditarse el delito de aborto, este no podrá ser reclasificado por el delito de homicidio en razón del parentesco o relación.
“Bajo el contexto de si una mujer aborta por razones de salud o por estar en peligro su vida o en situaciones en las que se considera que la gestación representa un grave riesgo para su bienestar, el acto no se debe de tratar como un homicidio”, dijo.
De igual manera, la diputada Larissa Acosta Escalante (MC) explicó que se somete a votación un dictamen que actualiza el marco legal conforme a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió que al penalizar el aborto voluntario es un acto inconstitucional.
“No voto a favor desde una ideología, lo hago con la convicción de que todo embarazo debe ser un proceso digno que garantice el Estado. Voto a favor porque no quiero que ninguna persona tenga que enfrentar sola una decisión así de difícil, marcada por la violencia, la pobreza o el abandono del Estado”, dijo.
Por último, el diputado Bayardo Ojeda Marrufo (Morena) a favor de este dictamen expresó que, al aprobarlo, se da libertad a las futuras generaciones para que sean ellas quienes decidan por su cuerpo, su autonomía.
“Porque no solamente es tener hijos por tenerlos, a veces no hay la capacidad física, a veces no hay la capacidad mental, a veces no hay la capacidad económica, para poder maternar”, dijo.
Votación no alcanza mayoría calificada
Con 22 votos a favor y 13 votos en contra, no se aprobó por mayoría calificada el dictamen de la comisión de Puntos Constitucionales por el que se modifica la Constitución Política de Yucatán en materia de reconocimiento, protección y garantía del derecho a la vida, por lo cual, este se regresa a la comisión para ser analizado de nuevo.
Al hacer uso de la voz a favor, el diputado Mario Alejandro Cuevas Mena (Morena) dio lectura a la resolución dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual instan al Legislativo a cumplir con la misma.
Por su parte, la diputada María Teresa Boehm Calero expresó que el voto de la bancada de Acción Nacional era en contra, argumentando que “la vida debe protegerse desde sus inicios”.
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