En México hay 5 obstáculos que limitan el derecho a la información y la libre expresión de la población, incluyendo la desaparición del INAI y la vigilancia digital del Estado hacia sus ciudadanos, advirtió la organización A19
Redacción AN / BJC
La organización Artículo 19 (A19) advirtió que en México se presentan cinco obstáculos que limitan el derecho a la información y la libre expresión de la población, incluyendo la desaparición del INAI y la vigilancia digital del Estado hacia sus ciudadanos.
De acuerdo con el informe denominado ‘Derecho a la información ha sido acorralado, silenciado y convertido en un botín‘, las barreras que el actual gobierno ha ido adoptando cómo parte de su política son: el apagón de la transparencia, resultado de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que facilita la ocultación de corrupción y abusos de poder; la vigilancia digital del Estado, que implica el uso indebido de tecnologías para la vigilancia, afectando la privacidad y la libertad de expresión.
Además, existe una persistente violencia contra la prensa, manifestada en un alto número de agresiones, asesinatos y acoso judicial contra periodistas; la apuesta gubernamental por el olvido, caracterizada por la falta de un compromiso real con la justicia y la verdad en relación con las violaciones graves de derechos humanos del pasado; y una gran incertidumbre institucional, reflejada en la erosión y extinción de instituciones clave para la protección de derechos, la procuración de justicia y la atención a víctimas, a través de limitaciones presupuestales, falta de autonomía y efectividad en sus labores
“En México, el derecho a la información ha sido acorralado, silenciado, convertido en un botín que se entrega o se niega según convenga a quienes gobiernan”, afirma Artículo 19.
Foto: Archivo Cuartoscuro
“Los hilos de la opacidad han tejido una telaraña que asfixia a la sociedad. El debilitamiento y la desaparición de los contrapesos (como el Poder Judicial y el INAI), la censura a la prensa por acción y omisión de las autoridades, la vigilancia digital, la militarización de la vida pública y la criminalización de quienes buscan justicia no son hechos aislados. Por el contrario, forman parte de una estrategia de concentración de poder que busca mantener al país sumido en la incertidumbre y el miedo. Lo que no se nombra, lo que no se documenta, lo que no se denuncia, pareciera que no existe“.
Barrera 1: el apagón de la transparencia
Esta barrera se refiere al debilitamiento de los mecanismos de rendición de cuentas, siendo la desaparición del INAI uno de los golpes más significativos.
El gobierno argumentó que la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia se debía a medidas de austeridad, así como para combatir la corrupción y la fragmentación del poder. Sin embargo, Artículo 19 asegura que sin el INAI, el gobierno puede ocultar con mayor facilidad la corrupción, las violaciones a Derechos Humanos y los abusos de poder.
Aunque se anunció la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para asumir algunas funciones del INAI, Artículo 19 advierte que el modelo de transparencia se fragmentará entre distintos órganos internos de control sin real independencia, lo que podría llevar a un caos institucional donde las solicitudes de información se pierdan en la burocracia.
“La Plataforma Nacional de Transparencia, que resguardaba millones de documentos accesibles a la ciudadanía, está en riesgo de quedar obsoleta sin una instancia dedicada a actualizarla y hacer valer su funcionamiento. A medida que la transición se materializa, se avizora un sistema fragmentado, opaco y con escasos incentivos que garanticen la rendición de cuentas”, asegura la organización defensora de la libertad de expresión.
Foto: Archivo Cuartoscuro
Artículo 19 detalla que el órgano garante y autónomo del derecho a la información surgió hace más de 40 años como una demanda ciudadana amplia, en el contexto de la transición democrática mexicana. Esta demanda no solo buscaba transparencia en los procesos del Estado para acceder y ejercer el poder, sino que también se enmarcó en otras exigencias ciudadanas a favor de la democracia, como el derecho al voto libre y efectivo
Por lo anterior, la transferencia de las funciones del INAI al Poder Ejecutivo representa un grave retroceso en autonomía, especialización e imparcialidad, afirma A19.
La desaparición del INAI también tiene repercusiones en el derecho a la memoria y a la verdad, dificultando el acceso a archivos sobre la guerra sucia, el papel del Ejército en la represión de movimientos sociales y la responsabilidad del Estado en violaciones graves a los derechos humanos.
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Adicionalmente, la nueva legislación en materia de transparencia y acceso a la información introduce modificaciones que inquietan, como la eliminación de la obligación de los sujetos obligados de documentar todos sus actos administrativos.
Barrera 2: El Estado Digital y la Vigilancia
Esta barrera se refiere a la digitalización del gobierno en México, impulsada como una vía hacia una mayor eficiencia y modernización, pero que también puede devenir en exclusiones sociales, vigilancia indebida y vulneraciones a la privacidad.
Artículo 19 expone preocupaciones clave en torno al uso de tecnologías emergentes por parte de instituciones públicas como el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Fiscalía General de la República (FGR), que adquirieron sistemas de recolección biométrica y geolocalización sin mecanismos adecuados de supervisión y transparencia.
“Se han documentado contratos del Instituto Nacional de Migración y la Fiscalía General de la República para la compra de tecnologías invasoras de la privacidad, sin controles claros, que ponen en peligro el derecho a la privacidad y otros derechos fundamentales“, expresa la organización.
Foto: cottonbro studio vía Unsplash
A esto se suma el hecho de que persisten amplias brechas digitales, alimentadas por factores sociodemográficos, económicos y culturales, que generan exclusión y afectan el acceso a servicios y derechos básicos.
El informe reporta que de 168 solicitudes de información enviadas a 24 instituciones públicas, se identificaron 31 contratos relacionados con tecnologías biométricas, tres con inteligencia artificial y uno con geolocalización.
Destacan entre los contratos los realizados con empresas como IDEMIA y NSO Group, esta última vinculada al software espía Pegasus.
Barrera 3: La persistente violencia contra la prensa
La violencia contra periodistas y medios de comunicación en México sigue en aumento, convirtiéndose en una de las barreras más graves para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Entre las principales formas de agresión Artículo 19 documentó casos de intimidación y hostigamiento (195 casos), uso ilegítimo del poder público (99), bloqueo o alteración de contenido (91), amenazas (90) y ataques físicos (47).
Especial preocupación genera el aumento del 57.25% en los casos de intimidación y hostigamiento en comparación con el año anterior.
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El informe señala que los discursos estigmatizantes por parte de funcionarios públicos, tanto federales como locales, contribuyen directamente al clima adverso que enfrenta la prensa. Estos discursos no solo desacreditan a periodistas, sino que los colocan en situaciones de riesgo ante agresores.
Artículo 19 también denuncia el uso sistemático del aparato legal como herramienta de acoso, a través de demandas judiciales promovidas por actores tanto del sector público como del privado. Uno de los casos más recientes es la denuncia interpuesta por Grupo Salinas y Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, contra periodistas y usuarios de redes sociales, como represalia por coberturas críticas sobre su desempeño empresarial.
La situación se agrava en regiones controladas por el crimen organizado, donde los periodistas enfrentan amenazas constantes y el Estado ha sido incapaz de garantizar su seguridad. Esto ha dado lugar a lo que se conoce como “zonas de silencio”, donde informar se convierte en una actividad imposible.
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Además, las conferencias matutinas iniciadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y perpetuadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, con secciones como “Detector de mentiras”, son señaladas como espacios donde se refuerza la estigmatización de la prensa crítica, debilitando aún más el rol del periodismo independiente.
En 2024, las autoridades mexicanas han sido responsables del 44.91% de las agresiones contra periodistas, consolidándose como los principales agresores de la libertad de expresión en el país, de acuerdo con el informe.
La mayoría de los ataques están vinculados con coberturas sobre corrupción y política, temas que concentraron 396 de las agresiones registradas.
Barrera 4: La transición al olvido
A pesar de los compromisos públicos del gobierno en favor de la verdad y la justicia, el Estado mexicano sigue fallando a las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, arrastrando deudas históricas y actuales que continúan sin respuesta.
El cierre del sexenio anterior dejó un saldo desalentador, expone A19, en materia de derechos humanos, particularmente en los casos de desapariciones forzadas, impunidad y falta de transparencia institucional.
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Durante el gobierno anterior se crearon diversas instancias para atender estas deudas, como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (CoVEHJ) y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa). No obstante, los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas de las familias de víctimas ni de la sociedad.
En lugar de avanzar en el esclarecimiento de los crímenes, López Obrador optó por proteger al ejército, negando sistemáticamente su participación en violaciones graves a los derechos humanos, incluso cuando existían elementos probatorios y testimonios de peso.
Particularmente preocupante fue el caso de la Comisión para la Verdad (CoVEHJ), cuyas investigaciones sobre los crímenes cometidos entre 1965 y 1990 fueron minimizadas, e incluso, según denunciaron algunos comisionados, censuradas.
El caso Ayotzinapa también mostró las limitaciones del compromiso institucional con la verdad. En los últimos meses de la administración pasada, la lealtad a las Fuerzas Armadas prevaleció sobre la búsqueda de justicia, negando acceso a archivos clave y frustrando los esfuerzos por esclarecer la desaparición de los 43 normalistas.
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A esto se suma una crisis forense en expansión. Al finalizar el sexenio, más de 72,000 cuerpos permanecían sin identificar en instalaciones del Estado mexicano.
Además, el “censo” de personas desaparecidas impulsado por el gobierno fue duramente criticado por su opacidad y por omitir miles de casos. Investigaciones periodísticas revelaron que al menos 6,000 denuncias de desaparición no habían sido incorporadas al Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Uno de los temas más sensibles que emergieron en los últimos meses del sexenio fue el de los “vuelos de la muerte”, una práctica utilizada por el ejército en décadas pasadas para desaparecer cuerpos de víctimas. A pesar de su gravedad, las Fuerzas Armadas han negado información al respecto, reforzando la percepción de impunidad.
Barrera 5: La incertidumbre institucional
Las instituciones encargadas de proteger la libertad de expresión, garantizar el acceso a la información y procurar justicia atraviesan una profunda crisis de funcionalidad y credibilidad, según Artículo 19.
A pesar del contexto de violencia creciente contra periodistas y defensores de derechos humanos, la respuesta del Estado ha sido insuficiente, fragmentada y limitada por falta de recursos, voluntad política y autonomía institucional.
Uno de los ejemplos más preocupantes es el de las fiscalías, que continúan siendo un obstáculo para acceder a la justicia. Según datos de 2024, solo uno de cada tres periodistas agredidos presentó una denuncia, reflejo de la desconfianza generalizada hacia las autoridades. Y con razón: el 84.77% de los casos de violencia contra la prensa permanece impune, en el caso de la La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE).
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Esta fiscalía, clave para proteger a periodistas, opera con un presupuesto limitado y una capacidad reducida. En lo que va del año, solo ha iniciado 84 investigaciones y ha atraído apenas un caso de los cuatro asesinatos de periodistas registrados en 2024. El resto de los casos queda en manos de fiscalías locales, muchas veces vulnerables a presiones políticas y del crimen organizado.
La situación no es mejor para quienes buscan apoyo en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que enfrenta una grave crisis presupuestal. En 2024, el 71.04% de las solicitudes para ingresar al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fueron rechazadas, lo que deja a muchas personas en situación de riesgo sin respaldo alguno.
“En 2024, el gasto en Derechos Humanos, protección de víctimas y acceso a la justicia fue de apenas 1.5% del presupuesto total de la Federación, mientras el Ejército ha seguido acumulando recursos y atribuciones. La Sedena recibió, a pesar de ser un presupuesto más austero, 2.5 veces más que la totalidad de las instituciones de justicia, protección de derechos humanos y atención a víctimas.”, apunta el informe.
