El pasado viernes, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU anunció que estableció medidas cautelares dirigidas al Estado mexicano.
Redacción AN / BJC
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) rechazó el pronunciamiento aprobado por el Senado de la República que busca sancionar al presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Nunca antes desde una de las cámaras del Congreso de la Unión se habían pedido sanciones para un integrante de un órgano previsto en un tratado de Derechos Humanos”, escribió Centro Prodh en su cuenta de X.
“En vez de disputar el diagnóstico y cuestionar al régimen internacional de Derechos Humanos, debería trabajarse en revertir la grave crisis de desapariciones”, añadió.
Este martes, con 71 votos a favor de la mayoría oficialista de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, el Senado aprobó el pronunciamiento contra el funcionario de la ONU.
Durante la sesión, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña anunció que recurrirán a las más altas instancias de Naciones Unidas para exigir la sanción correspondiente al presidente del Comité contra la Desaparición Forzada.
Al leer el pronunciamiento, Noroña dijo:
“¿Cómo se atreve a emitir semejante aseveración personal a nombre del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU? ¿Bajo qué denuncias, pruebas o criterios sustentados realiza semejante aseveración?
“Bajo ninguno. En primer lugar, el informe final de la CED no contempla ninguna consideración, crítica, exigencia o reclamo hacia nuestro país en materia de desapariciones forzadas. Por si esto no fuera suficiente, en la sesión final no se integró en ningún apartado de la misma tocar algún punto en relación con México
[…]
Las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad que requieren ser tratados con toda la seriedad que una acusación de esa dimensión representa. Anunciamos que recurriremos a las más altas instancias de Naciones Unidas para exigir la sanción correspondiente al citado funcionario, sin que ello signifique que el Estado mexicano dejará de cumplir con sus obligaciones de información que se le solicite y de colaboración, en cualquier caso, que la citada comisión plantee a nuestro país”.
¿Qué dijo el Comité?
El pasado viernes, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU anunció que estableció medidas cautelares dirigidas al Estado mexicano en relación a los desaparecidos en el país, observando que se han convertido en un fenómeno “sistemático o generalizado”
Ante ello, el Comité anunció que, por primera vez en México, iniciará un procedimiento contemplado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el cual establece abre la posibilidad de intervención a la Asamblea General de la ONU:
“Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado al Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas.”
Foto: EFE
En este contexto, el Presidente del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), Olivier de Frouville, afirmó este viernes, durante la clausura del 28º período de sesiones, que fue “oportuno” atender esta situación conforme al artículo 34.
Procedimiento del Comité de la ONU se da en un contexto de negación del Estado mexicano: Corcuera y Dayán
Durante Aristegui En Vivo, Santiago Corcuera, expresidente del CED y Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM (CCU) coincidieron que la activación del artículo 34 se da en un contexto de negación por parte del gobierno mexicano y de creciente preocupación internacional.
Corcuera explicó que la decisión se produjo después de una serie de alertas y recomendaciones emitidas por el Comité desde 2015, cuando por primera vez se señaló un contexto de desapariciones forzadas generalizadas en México. “El Comité ya había señalado, en informes previos, que México vivía un contexto de desapariciones generalizadas, una conclusión que reiteró en 2018 y luego en 2021 y 2022″, dijo.
“Lo último que le quedaba al Comité es activar el procedimiento del artículo 34. Ya se había agotado el uso de otros mecanismos, y ahora es necesario llevar el caso a la Asamblea General de la ONU”, explicó.
Por su parte Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, aseguró que “el Estado mexicano no está reaccionando de manera efectiva ante el problema”.
“Esto ha sido evidente incluso desde la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada en 2017, que no ha dado los resultados esperados. Los registros están desactualizados y fragmentados”, agregó.
El académico también señaló que el gobierno mexicano ha minimizado la gravedad del problema, descalificando las recomendaciones internacionales. “El Gobierno federal ha hecho declaraciones en las que niega que exista una política de Estado para las desapariciones, lo cual no es correcto. La desaparición forzada no solo involucra a actores estatales directos como policías y militares, sino que también incluye casos donde el crimen organizado actúa en complicidad o con la omisión del Estado. Esto constituye una desaparición forzada bajo la definición de la Convención de la ONU”, precisó.
Dayán añadió que es relevante que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU utilizara los términos “sistemática’ y ‘generalizada”, porque ambos entrarían en el supuesto de crímenes de lesa humanidad.
