El ‘caso Teuchitlán’ ilumina un fenómeno que había permanecido fuera de los focos, la captación de jóvenes por parte de grupos delictivos, mediante ofertas laborales falsas o de manera directa por las redes sociales
Erika Rosete y Pablo Ferri
“Reclutamiento masivo”, “durante el adiestramiento se les paga”, “las 4 letras de Guadalajara les invitan a trabajar”… Son mensajes del crimen organizado en México, ofreciendo trabajo. Algunas veces con sutileza, mediante engaños, y otras de manera directa, grupos delictivos como “las cuatro letras”, esto es, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), utilizan cada vez más las redes sociales para captar soldados que engrosen sus filas. El caso Teuchitlán, el rancho descubierto por familiares de personas desaparecidas en marzo en el centro del país, ha arrojado luz sobre este fenómeno, del que hasta hace poco no se sabía demasiado.
Mientras los investigadores trabajan en procesar la enorme cantidad de evidencia hallada en el rancho, entre ropa, huesos y restos de hogueras, la sociedad se pregunta por su funcionamiento. Familiares de personas desaparecidas, que se cuentan por decenas de miles en el país, han señalado que allí, un rancho de una zona agrícola, a hora y cuarto de Guadalajara, la segunda ciudad más importante del país, operó un centro de exterminio, con sus hornos crematorios. A la espera de que el trabajo pericial muestre el tamaño del horror, las preguntas apuntan al resto de usos que los criminales daban al lugar.
Como las autoridades han informado estas semanas, el CJNG manejaba un centro de entrenamiento en el rancho. El grupo criminal, uno de los más poderosos del país, que envía ingentes cantidades de fentanilo y metanfetamina a Estados Unidos, reclutaba jóvenes mediante ofertas de trabajo falsas, con el objetivo de integrarlos en sus filas a la fuerza. El presunto encargado de esta operación, detenido en marzo, que las autoridades identifican como Comandante Lastra, entrenó en el rancho a “cientos de individuos” reclutados. A los que se negaban o trataban de escapar, los mataban, según el detenido, de acuerdo con el relato del Gobierno.
En un informe presentado a finales de marzo, el zar de seguridad federal, el zar de la Seguridad, Omar García Harfuch, informaba de que el Comandante Lastra manejaba “un grupo de colaboradores dedicado al proceso de reclutamiento a través de TikTok, donde ofrecía oportunidades laborales falsas”. Harfuch presentó cantidad de cuentas dedicadas al asunto en esa red social, y aseguró que ya habían detenido a 49 reclutadores. Los detalles de la operación sorprendían a un país que sufre los estragos de la violencia desde hace casi dos décadas, añadiendo nuevas inquietudes sobre las capacidades virtuales del crimen, un campo relativamente nuevo para las autoridades.
Antes de Teuchitlán, poco se sabía del reclutamiento del crimen a través de las redes sociales. Así le pasó a Josué Gutiérrez Ríos. En agosto de 2024, Gutiérrez Ríos tenía 25 años y había trabajado ya mucho tiempo como guardia de seguridad en una empresa privada en el Estado de México. Ese verano, un compañero suyo le habló de una oferta laboral que vio en redes sociales. La paga y los requisitos eran lo más atractivo, aunque nunca le quedó muy clara exactamente la ubicación del rancho que tendría que cuidar. Su hermana, Guadalupe Gutiérrez, ha contado que, inicialmente, a Josué le dijeron que tenía que presentarse con sus documentos en Guanajuato para después trasladarse al lugar de trabajo que era Guadalajara, en Jalisco, sin embargo, una vez que partió, lo último que supo de él fue que en realidad llegó a Nayarit. Una vez en ese estado, Josué no volvió a responder los mensajes.
El 4 de octubre de ese mismo año, mientras Guadalupe veía publicaciones en Facebook tratando de buscar algún indicio en páginas de Nayarit, se encontró con una fotografía en la que reconoció a Josué. Era la cuenta de una mujer, que más tarde sería borrada, en la que aparecía su hermano muerto, con la cara pixelada. En esa imagen, Guadalupe reconoció la ropa de su hermano: “Dudé por un momento que fuera él, pero distinguí su ropa. Me fui a Nayarit dos días después y puse la denuncia. Me dijeron que iban a hacer lo posible por encontrarlo, pero en la fiscalía y el asesor jurídico me dijeron que no podían subir a la zona que identificaron como el lugar en donde estaba porque es ‘una zona de combate”.
Historias como esa inundan estos días redes y medios en el país, que ha descubierto la forma en la que miles de jóvenes son reclutados a la fuerza por el narcotráfico. Tras el hallazgo del rancho, empresas como Honda, en Celaya, Guanajuato, o Big Force, en Chilpancingo, Guerrero, han tenido que salir a pronunciarse públicamente para desmentir que sean ellos los que ofertan empleos en sus instalaciones. Entre sus modalidades criminales, los delincuentes suplantan la identidad de empresas conocidas para atraer a las víctimas.
En esos ofrecimientos, la mayoría de ellos subidos a páginas de Facebook o en cuentas de Tik Tok, los supuestos reclutadores ofrecen sueldos mucho mayores al resto de ofertas y, en los casos del reclutamiento directo para las filas del CJNG, aseguran que el dinero incrementará paulatinamente, que serán parte de un adiestramiento —pese a que estarán incomunicados en distintos momentos— y que, además, tendrán hospedaje y un “buen ambiente”. Los sueldos que muestran van desde los 4.500 pesos semanales (220 dólares) y más, de acuerdo con su desempeño. El salario mínimo en general en México es de 1.672 pesos semanales (82 dólares).
Un antiguo mando policial de una de las ciudades más importantes de Guanajuato, estado en pugna entre el CJNG y un grupo local autodenominado Cartel Santa Rosa de Lima, recuerda un caso de hace unos meses, en que criminales “reclutaban estudiantes graduados o a punto de graduarse de ingeniería en informática, para trabajar en una ‘compañía internacional’ que se iba a instalar en Nuevo León y la zona metropolitana de Guadalajara. Lo que detonó la alarma”, añade, “fue que esa empresa no estaba radicada en la zona y sus ofertas laborales no eran normales”, dice, en referencia al salario ofrecido. “Nosotros, a través de la policía cibernética, hablamos a la empresa para pedir informes y, sobre todo, para verificar si estaban reclutando personal”, añade. De esa forma los descubrieron.
El caso Teuchitlán y la oleada de historias de reclutamiento exhibidas estos días interpelan necesariamente al andamiaje de protección estatal. ¿Cómo puede hacer el Estado para evitar este tipo de actividades por parte del crimen? David Pérez Esparza, parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), apunta a tres factores, más allá del Estado. “Por un lado, la censura familiar, que no es fácil. Como tiene que ver con adolescentes, no es sencillo. La otra tiene que ver con las capacidades de patrullaje interno de las redes sociales, que se puede hacer mediante inteligencia artificial o labor humana. Pero claro, implica un costo que luego las empresas no quieren. Y tercero, el patrullaje por parte del estado, que ya se hace en el C-5”, dice, en referencia a los centros públicos de videovigilancia.
El experto apunta que el desarrollo de políticas públicas en materia de ciberseguridad es lento, centrado en general en la prevención. “Con López Obrador, se creó un registro nacional de incidentes cibernéticos, que buscaba que las autoridades pudieran recibir denuncias de robo de identidad, hackeos, duplicidad de identidad, robo de WhatsApp, etcétera… Ese fue el inicio del asunto. Se avanzó, pero, para que esto tuviera sentido, debía crearse una policía cibernética”, señala. “Ahora hay una dirección general de ciberseguridad, que depende del Gobierno federal, pero se debe crear un centro nacional que dé seguimiento a estos temas”, zanja.
La situación preocupa. Así lo atestiguan los diagnósticos más recientes. Un análisis nacional sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos del crimen organizado realizado por la Secretaría de Gobernación en 2021, pero retomado públicamente tras el hallazgo del rancho en Teuchitlán, revela que siete de cada 10 reclutados en esas edades crecieron en entornos de alta criminalidad. El texto también explica la forma en la que los grupos de la delincuencia organizada van empleando a menores, primero, para trabajar como mensajeros, y así escalar en una estructura piramidal que termina con la formación de sicarios o de otras posiciones con niveles de violencia muy altos.
También explican que el modo en el que operan para el reclutamiento es el siguiente: vigilancia previa, selección de la víctima y del lugar; el empleo o no de amenazas o de armas; el uso de la seducción para llegar a menores y adolescentes a través de videojuegos o engaños; en el caso de personas migrantes: la retención de sus documentos; falsas promesas de ganancias mayores de dinero, o las ofertas falsas de trabajos en redes sociales. De acuerdo con ese documento, las entidades donde más incidencia hay sobre este reclutamiento es en Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Michoacán y Morelos.
Trabajos como jornaleros, guardias de seguridad, choferes, pintores, traductores, —o como uno de los jóvenes sobrevivientes de reclutamiento con el que pudo hablar la madre de Pablo, a quien habían contratado también en Nayarit como cuidador de perros— son algunos de los empleos ofrecidos en las redes sociales como Facebook, TikTok, y otras plataformas que parecen tener toda la seriedad y credibilidad a la hora de buscar oportunidades laborales y que han resultado ser un mecanismo de estafa o de captación de personal para la delincuencia. También existen las cuentas que directamente reclutan para ser parte de grupos del narcotráfico, como las 39 cuentas de TikTok que el pasado 25 de marzo la Secretaría de Seguridad Federal dio de baja por comprobar que reclutaban a personas para integrarse al Cartel Jalisco Nueva Generación.
El panorama de mejores condiciones de vida para personas que solo quieren buscar mejores trabajos, más la precarización laboral que existe actualmente en México, se ha convertido en el terreno fértil para que el narcotráfico engañe y reclute a cada vez más gente joven.
