En apenas 10 días, la Secretaría de Marina, apoyada en el resto de corporaciones, ha decomisado miles de kilos de la droga y millones de litros de gasolinas a las mafias
Pablo Ferri
El Gobierno mexicano ha informado este lunes del decomiso de 10 millones de litros de diesel, almacenados en “el terreno de una empresa de fletes”, en la ciudad de Altamira, en Tamaulipas, en el noreste del país. Ha sido parte del resultado de un operativo múltiple, realizado en dos puntos de la ciudad y en el puerto vecino de Tampico, donde las autoridades han asegurado un buque. Es el segundo decomiso masivo de combustible de contrabando en pocos días, después de la incautación de otros ocho millones de litros de hidrocarburo, la semana pasada, en Ensenada, Baja California.
Con estos golpes, el gabinete de seguridad saca pecho, particularmente la Secretaría de Marina, que en las últimas semanas ha protagonizado además dos operativos importantes contra las redes de narcotráfico que funcionan en el país. Este fin de semana, la Armada interceptó una lancha cerca de Acapulco, en Guerrero, que transportaba 1,8 toneladas de cocaína. Hace un mes, marinos interceptaron igualmente una lancha, frente a las costas de Oaxaca, con 1,9 toneladas de la droga. En los seis meses de Gobierno de Claudia Sheinbaum, las autoridades se han incautado de casi 30 toneladas de cocaína en el mar.
Todas estas actuaciones han ocurrido alrededor de la visita a México de la Secretaria de Seguridad Interior del Gobierno de Estados Unidos, Kristi Noem, la primera de una alta funcionaria del Ejecutivo de Donald Trump al país vecino. Noem se reunió con Sheinbaum en Palacio Nacional el viernes, días antes, además, de la entrada en vigor de los aranceles, este 2 de abril, a productos de la industria automotriz. Entre otras cosas, ambas ratificaron un “memorándum de entendimiento” entre las agencias aduanales de ambos países, acuerdo que apunta, entre otros asuntos, a mejorar la colaboración contra el contrabando. El buque asegurado este lunes, relacionado con el decomiso, venía de Texas.
Las decomisos de combustible de estos días suponen un golpe a las mafias huachicoleras, dedicadas al robo de combustible, directamente de los ductos de Pemex, o a su contrabando desde Estados Unidos. Por la envergadura y los lugares donde se han registrado los decomisos, parece tratarse de esta segunda modalidad, el contrabando desde EE UU, también conocido como huachicol fiscal. Las mafias, aliadas con personal de aduanas, ingresan combustible a México sin declarar, con el objetivo de ahorrarse impuestos, una práctica que, según la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, suma alrededor de 1.000 millones de pesos diarios.
Las denuncias sobre huachicol fiscal en la frontera norte, sobre todo en Tamaulipas, han sido constantes desde hace tiempo, y trascienden al cambio de guardia en las aduanas, en manos del Ejército y la Armada, desde finales de 2020 y principios de 2021. Los operativos de los últimos días, sobre todo el de este lunes, capitaneado por la Secretaría de Marina, tratan de cambiar la percepción en este asunto, en un contexto de negociación constante con el Gobierno de EE UU, en materia de seguridad y migración, como constata la visita de Noem, o los viajes constantes del secretario de seguridad mexicano, Omar García Harfuch, al norte del río Bravo.
Estos dos operativos van más allá del decomiso del combustible, pues parecen desarticular parte del andamiaje logístico de las redes criminales que hay detrás. En el de este lunes, las autoridades aseguraron el buque mencionado arriba, además de “192 contenedores, 23 tractocamiones con remolque, diversas armas de fuego y municiones”, según ha explicado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en un comunicado. En el operativo de Ensenada, las autoridades se incautaron de 100 cajas tipo contenedor, 46 remolques tipo cisterna, 19 tractocamiones de diferentes modelos, 12 motobombas.
El trabajo del gabinete de seguridad en este asunto pone en la mira a la agencia de aduanas, dirigida por un civil, Rafael Marín Mollinedo, pero operadas por el Ejército y la Armada. Empresarios del ramo que han denunciado la corrupción en la agencia estos años, caso de Julio Almanza, presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio de Tamaulipas, han sido asesinadas. Asesinado en julio del año pasado, Almanza, que trabajaba desde Matamoros, siempre criticó la corrupción de la agencia, siempre ligada al huachicol fiscal.
