Una de las formas de reclutamiento que se tiene registrado en la Ciudad de México y el Estado de México es las centrales de autobuses del Toreo y de la Tapo a los cuales llegan decenas o centenas de jóvenes buscando trabajo.
El secuestro y desaparición forzada de jóvenes para enrolarlos de manera forzada a sus filas por parte de los grupos del narcotráfico tiene varios años, quizá dos décadas, en varias regiones del país.
La desmemoria social que ha normalizado la violencia y, sobre todo, la gubernamental que quiere que ese infierno pase al olvido para no ser atendido, se rompe cuando llegan casos como el rancho Izaguirre en Jalisco.
Tal vez los primeros indicios de esta leva del narco la supimos cuando los Zetas y el Chapo comenzaron a secuestrar a jóvenes profesionistas –médicos, ingenieros, químicos, abogados, contadores, expertos en informática, etcétera–, pero también soldados, policías, campesinos y albañiles para darle forma a la estructura delictiva y en el caso del Chapo construir los túneles por lo que traficaba la droga en la frontera con Estados Unidos.
La indolencia gubernamental, llámese policiaca, judicial, militar y de gobierno, han permitido la permanencia de estos lugares de reclutamiento, entrenamiento y de exterminio.
Este último término, el exterminio, no agrada a las autoridades, pero cómo llamarle a esta práctica de terror mediante la cual los grupos criminales exterminan la dignidad y voluntad humana y desaparecen los derechos más elementales de vida de quienes secuestran para sumarlos a sus filas de sicarios. No hay otra forma de llamarle a esta práctica paramilitar que tiene rasgos del entrenamiento que existe en la Escuela de las Américas y en la de los Kaibiles.
En todas las zonas de control de los grupos criminales se han registrado los casos de desaparición forzada de jóvenes e incluso de familias completas que son obligados a realizar trabajos como si fueran esclavos o como aquellos indios acasillados del siglo XIX que Bruno B. Traven retrato en su libro La rebelión de los colgados.
Una de las formas de reclutamiento que se tiene registrado en la Ciudad de México y el Estado de México es las centrales de autobuses del Toreo y de la Tapo a los cuales llegan decenas o centenas de jóvenes buscando trabajo.
En esos lugares y en las redes sociales publicaban anuncios de trabajo de supuestas empresas dedicadas al ramo de la seguridad y vigilancia. Ofrecían buenos salarios y prestaciones. Les pedían que llenaran unos registros con datos particulares para ser contactados tras realizar un filtro. Elegían a los más jóvenes, con familias lejanas.
Los miembros del crimen organizado ofrecían de manera engañosa trabajo con salarios superiores a los oficiales. La oferta es atractiva a quienes forman parte de población económicamente activa, pero que no tiene trabajo y que en noviembre de 2024 formaba parte de la informalidad laboral que ascendió a 32.8 millones de personas y que representó 54.6% de la población ocupada.
En Jalisco el CJNG era más directo en propuestas de trabajo mediante mensajes en redes sociales: “Se da mes y medio de adiestramiento. Durante el adiestramiento se les paga de 4 mil 500 a 5 mil 500 pesos semanales. Pasando el adiestramiento se les sube la paga, depende de cómo trabajen, de 6 mil 500 a 8 mil 500 semanales”.
Campamentos, centros de entrenamiento, estrategia de reclutamiento y la formación de sus propios cuadros son parte de una estructura bien diseñada por los grupos criminales que han saltado de ser simples grupos de narcotráfico de drogas a empresas trasnacionales con ligas en más de 40 países.
Gertz Manero. En sus manos, los miles de casos de desaparecidos. Foto: Eduardo Miranda
El rancho de Izaguirre es apenas la punta de la hebra que el fiscal Alejandro Gertz Manero tiene la obligación de tomar en sus manos para hacer una investigación de los miles de desaparecidos que son reclutados por los grupos del narco.
Por cierto, desde 2015 la entonces Procuraduría y hoy Fiscalía General de la República publicó en un comunicado de la existencia de estos narcocampamentos de entrenamiento en Tamaulipas. En agosto de ese año informó que atrajo la investigación por el aseguramiento de tres campamentos rústicos, así como de un área de adiestramiento físico en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde además fueron asegurados 20 fusiles de diversos calibres. La indolencia.
Enlace: https://www.proceso.com.mx/opinion/2025/3/24/la-leva-del-narco-347972.html
