A pesar de todos los esfuerzos por negarlo, estalló el primer gran conflicto para el gobierno de Claudia Sheinbaum: el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde un colectivo de personas que buscan familiares desaparecidos denunció a principios de este mes el hallazgo de un sitio de entrenamiento y exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación —y en donde fueron hallados más de 200 pares de zapatos, objetos personales de innumerables personas, así como identificaciones, cartas, mochilas, libretas con anotaciones…
Desde la Presidencia se ha tratado de imponer a toda costa la versión de que Teuchitlán era solo un campo de reclutamiento y entrenamiento del crimen organizado, y no uno de exterminio, aunque el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, admitió el hallazgo de osamentas humanas en su interior.
Gertz dio luz verde a un tour de medios por el rancho Izaguirre, en el cual influencers y plumas esclavas de la 4T intentaron desmentir los hallazgos revelados por las madres buscadoras. El resultado fue un rotundo fracaso.
En vez de apaciguar la indignación nacional, y bajar el volumen al hallazgo que se convirtió en noticia mundial (el sábado, The New York Times hizo referencia en su primera plana a un “campo de exterminio” ubicado en Jalisco, y mi compañero de páginas Javier Tejado contabilizó el mismo día 147 notas relacionadas con el rancho de Teuchitlán), la visita a un sitio que debía estar resguardado por la fiscalía general, y en donde las evidencias halladas por las buscadoras habían desaparecido, no hizo sino incrementar el nivel de conflicto en que se halla hoy el gobierno de Sheinbaum.
No bastaron los groseros intentos de Jenaro Villamil y Jesús Ramírez Cuevas, encaminados a diluir el asunto desde los medios “públicos” al servicio del gobierno. El saldo para la administración de Sheinbaum fue absolutamente negativo. El equipo que la acompaña no ha estado a la altura del problema, y otra piedra en su zapato es la política verdaderamente criminal de López Obrador, que se cruzó de brazos ante el avance del crimen organizado y en público llenó de cortesías a sus líderes más conspicuos; política sobre la cual la presidenta está incapacitada para pronunciarse.
Sheinbaum intenta por todos los medios quedar al margen de Teuchitlán. Su orden fue achacarlo todo al gobierno de Jalisco y llamar a cuentas, desde el emecista Enrique Alfaro, que dedicó su sexenio a negar el problema de las desapariciones, hasta el fiscal de justicia Luis Joaquín Méndez, así como a los presidentes municipales que han gobernado Teuchitlán de 2012 a la fecha.
En esa lista aparece tres veces José Ascensión Murguía, primero como perredista, y de 2021 en adelante como alcalde de Movimiento Ciudadano, el partido de “lo nuevo”.
La semana pasada el actual gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, fue citado por la presidenta. Sus asesores le habían recomendado poner sobre la mesa la creación de una comisión de la verdad integrada por expertos de la UdeG y el ITESO. “Lo doblaron”, dijeron fuentes de la Presidencia. “Salió con la cola entre las patas y con la instrucción de poner en charola de plata la cabeza de su predecesor, Enrique Alfaro”.
La versión va en consonancia con lo que declaró la semana pasada el fiscal general Alejandro Gertz, quien presentó una larga lista de omisiones e irregularidades de la fiscalía de Jalisco en el caso del rancho Izaguirre.
A pesar de los resbalones del gobierno de Sheinbaum, la versión oficial será sembrada insistentemente por gobernadores, legisladores, influencers, y plumas y voces plegadas de manera incondicional a la 4T en medios y redes sociales.
Sheinbaum ha negado que Teuchitlán sea su talón de Aquiles, pero ya lo es. El rancho Izaguirre es el atisbo brutal de lo que López Obrador, se tendrá que averiguar por qué, quiso esconder bajo la alfombra.
Pablo Lemus acordó que su administración reconocerá las omisiones del gobierno estatal que rodean el rancho Izaguirre: es por eso que los líderes de Movimiento Ciudadano no han abierto la boca. Los tienen cogidos del cogote.
Para no repetir el error de Enrique Peña Nieto en el caso Ayotzinapa, también se cerrará la puerta a la posibilidad de que organismos internacionales intervengan en la investigación, como ha sugerido la casi invisible oposición. Lo último que Claudia Sheinbaum quiere es un GIEI que ponga en entredicho la versión oficial. Lo que tendremos es la versión de Gertz, apoyada en bloque por todo lo que huela a 4T.
El escándalo del rancho Izaguirre explotó para Claudia Sheinbaum en el peor momento. Fuentes de la Presidencia señalan que el gobierno de Estados Unidos acaba de entregar a Omar García Harfuch, en su reunión con agencias de inteligencia y seguridad norteamericanas, una lista de 250 nombres que el gobierno de Donald Trump quiere presentar ante la justicia de su país. En esa lista aparecen personajes que tarde o temprano Claudia Sheinbaum se tendrá que quitar de encima.
El gobierno federal intentará desautorizar las denuncias de las madres buscadoras en el caso del rancho Izaguirre. Lo que no podrá desautorizar es la realidad de un país que, en medio de carcajadas y señaladamente a lo largo del último sexenio (54 mil desaparecidos), fue convertido en un verdadero cementerio.
