Plan convertiría zona de contención en base castrense, permitiendo a tropas detener a extranjeros
Ariana Figueroa / Ashley Murray / States Newsroom
Washington– La administración de Trump se está preparando para militarizar un tramo de la frontera sur, según un informe del Washington Post publicado el jueves, lo que genera preocupación entre expertos de que esta medida pondría a miembros del Ejército de Estados Unidos en contacto directo con migrantes, una posible violación de la ley federal.
La Casa Blanca está considerando la creación de una instalación satelital militar a lo largo de la franja de tierra federal de 60 pies (18 metros) de profundidad conocida como la Reserva Roosevelt, según el informe.
La medida crearía una zona de amortiguamiento militar que se extendería a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, cubriendo Arizona, California y Nuevo México, lo que implicaría que cualquier migrante que cruce hacia Estados Unidos estaría invadiendo una base militar, permitiendo que las tropas en servicio activo los retengan hasta que lleguen los agentes de la Patrulla Fronteriza.
Casi 10 mil miembros del Ejército ya han sido desplegados en la frontera sur, pero la creación de la zona de amortiguamiento militar representaría una escalada en el uso del Ejército por parte de la administración Trump en sus planes de deportación masiva de inmigrantes sin estatus legal permanente, lo que según expertos sería ilegal.
“El uso del Ejército en servicio activo para lo que claramente equivale a labores de aplicación de la ley en la frontera es absolutamente ilegal”, dijo Stephen Dycus, profesor de derecho de seguridad nacional en la Facultad de Derecho de Vermont, durante una entrevista el jueves. “Es una violación de la Ley Posse Comitatus”.
La ley de 1878 prohíbe generalmente el uso del Ejército en la aplicación de la ley doméstica.
Adam Isacson, director de supervisión de defensa en la Oficina de Washington para América Latina, un grupo de investigación y defensa que promueve los derechos humanos en América del Norte y del Sur, dijo que la escalada de la presencia militar en la frontera es algo nuevo.
Agregó que el uso del Ejército para operar vuelos de deportación ha “implicado una cantidad incómoda de contacto entre soldados y migrantes”.
“La mayoría del personal militar enviado (a la frontera) en los últimos años han sido unos pocos miles de miembros de la Guardia Nacional a la vez, en una misión de bajo nivel”, dijo Isacson. “Así que la probabilidad de contacto entre soldados y civiles en suelo estadounidense era muy, muy baja. Eso está cambiando ahora”.
Un portavoz del Pentágono dijo por correo electrónico a States Newsroom el jueves que el departamento “no tiene nada que anunciar en este momento” sobre el establecimiento de una base a lo largo de la frontera.
La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.
El escenario podría desencadenar más desafíos legales contra la administración Trump, que ya enfrenta problemas por desafiar potencialmente la orden de un juez federal para detener los vuelos de deportación de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros en tiempos de guerra.
Transformación del papel militar
Si bien el despliegue de tropas en la frontera sur ha ocurrido durante más de 20 años en roles de inteligencia y logística, los miembros del Ejército no participan en la aplicación de leyes de inmigración.
Durante una visita a la frontera el 3 de febrero, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo a los periodistas: “Los hombres y mujeres de mi generación han pasado décadas en países extranjeros protegiendo las fronteras de otras personas. Ya es hora de que aseguremos nuestra propia frontera”.
“Todas las opciones están sobre la mesa”, dijo Hegseth.
Joseph Nunn, asesor de libertad y seguridad nacional del Brennan Center for Justice, dijo en una entrevista el jueves que espera que la administración Trump enfrente demandas por usar esencialmente al Ejército para labores de aplicación de la ley civil.
“Esto es una artimaña transparente para tratar de eludir la Ley Posse Comitatus aprovechándose de algo llamado doctrina del propósito militar”, dijo Nunn.
Bajo esa doctrina, explicó Nunn, el Ejército puede mantener el orden o tomar medidas para promover otros propósitos militares, incluso si dichas acciones tienen beneficios incidentales para la aplicación de la ley civil. Por ejemplo, si un conductor ebrio intenta ingresar a una base, la Policía Militar puede detenerlo antes de entregarlo a las autoridades civiles.
Pero Nunn advirtió que instalar específicamente una base a lo largo de la frontera para que el Ejército detenga a migrantes como intrusos no tiene precedentes.
“Es un abuso de la doctrina y uno que los tribunales deberían rechazar porque, en ese caso, la instalación militar habrá sido creada y los soldados habrán sido estacionados allí con el propósito de ayudar en una operación de aplicación de la ley civil”, dijo Nunn. “Eso es control migratorio”.
Encuentros con migrantes en descenso
La transferencia de tierras federales al Departamento de Defensa, que no requiere aprobación del Congreso porque es menor de 5 mil acres (2 mil 023 hectáreas), ocurre en un momento en que los encuentros en la frontera están relativamente bajos.
Las detenciones en la frontera sur han caído a su nivel más bajo en 25 años, con 8 mil 347 encuentros reportados en febrero, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
La tendencia comenzó en febrero del año pasado debido al aumento de la aplicación de la ley migratoria en México y a las políticas de la administración Biden que limitaron las solicitudes de asilo entre los puertos de entrada, dijo Colleen Putzel-Kavanaugh, del Instituto de Políticas Migratorias, un centro de estudios de inmigración no partidista.
“Como ocurre con cualquier cambio de administración, y esto fue cierto en la primera administración de Trump, debido a la retórica general sobre la inmigración, vimos una disminución inicial, por lo que no es del todo sorprendente ver esa disminución”, dijo Putzel-Kavanaugh, quien estudia las tendencias migratorias a lo largo de la frontera.
“Hay un período de espera y observación en el que las personas intentan averiguar qué les conviene más en términos de sus necesidades y su viaje”, agregó.
Las secciones a lo largo de la frontera sur que la administración Trump está considerando —los sectores de la Patrulla Fronteriza en San Diego; Tucson, Arizona; y El Paso, Texas— son “constantemente las más concurridas”, señaló.
Putzel-Kavanaugh agregó que es típico que los patrones migratorios entre sectores cambien.
“Creo que es razonable asumir que, si tienen esta campaña de militarización en el lado occidental de la frontera, es probable que los flujos comiencen a moverse hacia el este”, dijo.
Reaccionan legisladores de NM
Los demócratas criticaron la idea, cuestionando por qué se deberían utilizar fondos de defensa en la frontera mientras aumentan los conflictos globales.
El senador estadounidense Ben Ray Luján, demócrata de Nuevo México, expresó escepticismo sobre el uso de recursos de defensa para resolver problemas migratorios.
“Asegurar nuestra frontera y proteger la seguridad de los nuevos mexicanos es una prioridad principal, por eso apoyé el acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza, un esfuerzo que finalmente fue bloqueado por el entonces candidato Donald Trump”, dijo Luján en un comunicado.
“Desviar recursos militares para este propósito debilitaría nuestra preparación militar. Hay un amplio consenso bipartidista de que necesitamos una reforma migratoria integral y una seguridad fronteriza más sólida, pero no a expensas de las misiones de defensa existentes”.
El representante Gabe Vásquez, también demócrata de Nuevo México, dijo en un comunicado que el plan informado es “otra propuesta imprudente y derrochadora que no hace nada para arreglar nuestro sistema de inmigración roto”.
“En tiempos de incertidumbre global, nuestros recursos militares son mejor utilizados para combatir amenazas internacionales serias en el extranjero”, dijo Vásquez.
Las oficinas de los comités republicanos del Senado y la Cámara sobre las Fuerzas Armadas no respondieron a las solicitudes de comentarios.
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