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Desde la ciencia, un estudio encabezado por Jorge Urbán Ramírez, del Programa de Investigación de Mamíferos Marinos (Primma) de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) advierte de los riesgos que conlleva.
“El tránsito de buques de GNL por el Golfo de California amenaza con convertirse en la principal causa de muerte de grandes ballenas por colisiones”, señala la publicación.
El documento, publicado en enero de 2025, señala que los impactos por ruido y colisiones afectarán a 30 especies de cetáceos. Las principales afectadas serían el rorcual común (Balaenoptera physalus), el rorcual tropical (B. edeni), la ballena azul (B. musculus), la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), el cachalote (Physeter macrocephalus), la orca (Orcinus orca), el delfín de Risso (Grampus griseus) y el calderón de aletas cortas (Globicephala macrorhynchus).
“La población residente del rorcual común, considerada como indicadora de la salud del Golfo de California, será la más afectada con el desarrollo de este proyecto”, advierte el equipo de investigadores.
También cuestionan que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de 2006, en la que se basa la concesión, corresponde a una planta de regasificación y no a una de licuefacción como la propuesta actual, lo que implica impactos diferentes y mayores.
¿Ballenas o gas?
Desde la sociedad civil, 30 organizaciones lanzaron la campaña “¿Ballenas o Gas?” para exigir la cancelación del proyecto.
En rueda de prensa virtual, Vanessa Prigollini, directora de MAREA, subrayó que el Golfo de California es zona de crianza, descanso y apareamiento de ballenas, lo que eleva el riesgo de colisiones con buques.
“Los cetáceos dependen del sonido, y el estruendo de los buques puede desorientarlos y desplazarlos”, afirmó la activista.
Por su parte, Carlos Mancilla, director de BCSicletos, destacó la importancia económica del avistamiento de ballenas.
“La economía de miles de familias de La Paz depende de un océano vivo y sin alteraciones por contaminación y tráfico marítimo. Este proyecto pone en riesgo el sustento presente y futuro de la población”.
Los beneficios que promueve Mexico Pacific
En contraste, Sarah Bairstow, directora general de Mexico Pacific, defiende que el proyecto traerá beneficios sociales, económicos y ambientales.
Su compañía ha prometido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, un desembolso de 15 mil millones de dólares en una terminal de gas natural licuado en el norte del país.
De acuerdo a su página oficial, la planta importará gas natural estadounidense, lo licuaría y lo enviaría a clientes principalmente en Asia.
Mexico Pacific ofrece generar un impacto positivo tanto en las comunidades locales como en el medio ambiente.
“A veces eso requiere inversiones más altas, y está bien. Se trata de tomar las decisiones correctas hoy para asegurar un mejor mañana”, expresan en su página web.
La empresa afirma estar alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y haber realizado evaluaciones de riesgos climáticos que descartan afectaciones físicas significativas para sus operaciones.
Asimismo, la empresa defiende que el uso de gas natural contribuye a reducir emisiones globales, al compararse con otras fuentes más contaminantes como el carbón.
Afirma que la ubicación estratégica del proyecto, más cercana a Asia, reducirá hasta en un 60% las emisiones asociadas al transporte marítimo del combustible.
Aseguran que con tecnologías más eficientes y gas con bajo contenido de dióxido de carbono, estiman una reducción de decenas de millones de toneladas del gas invernadero durante el ciclo de vida de la planta.
Insuficientes medidas de mitigación, exponen
Sin embargo, el estudio científico advierte que los modelos de mitigación propuestos son insuficientes.Sin embargo, el estudio científico advierte que los modelos de mitigación propuestos son insuficientes.
“Ni la MIA ni el Programa de Protección y Conservación de la Biodiversidad consideran adecuadamente el impacto acústico ni las rutas de colisión en todo el Golfo”, concluyen Urbán y su equipo.
Sugieren rehacer los estudios, establecer velocidades máximas para los buques y considerar la incompatibilidad del proyecto con zonas críticas como el corredor Loreto-Los Cabos y la región norte del Golfo.
El proyecto permanece en suspenso legal, mientras la presión ciudadana, la evidencia científica y la falta de autorización ambiental siguen tensando los cables entre industria, gobierno y sociedad civil.
