La Fiscalía de Jalisco actualiza el catálogo de prendas encontradas en el rancho Izaguirre, utilizado como lugar de operaciones por el Cartel Jalisco Nueva Generación
Beatriz Guillén
Una boca se ha abierto en Teuchitlán y de ella ha salido el horror. Está lleno de polvo, arrugado y con agujeros. Tiene medidas y talla, se puede ver y tocar. Cabe en 18 maletas y 170 mochilas. En unos guantes de boxeo. En 154 pares de zapatos sin dueño, en todas estas blusas de colores. ¿Cuántos se cubrieron con las decenas de cobijas halladas en el rancho Izaguirre? ¿A quién pertenecen los 305 de pantalones encontrados en el centro de exterminio? ¿Qué pasó con sus dueños? ¿Dónde están ahora? En un país con más de 124.000 desaparecidos, ha sido un inventario el que ha recogido todo el terror de México.
La Fiscalía de Jalisco ha publicado esta semana la actualización de los objetos encontrados en el rancho de Teuchitlán. En total, ya suman 1.308. La mayoría han sido fotografiados junto a su número de indicio y clasificados por tipo de prenda. Se ven sobre lonas de plástico encima del concreto. Han pasado de estar amontonados a ser un catálogo perverso. Fueron encontrados por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco juntos a hornos crematorios, restos óseos y fosas. Las buscadoras entraron al terreno, situado a poco más de una hora de Guadalajara, la capital del Estado, el 5 de marzo. Desde entonces han estado recibiendo llamadas de supervivientes del lugar: hablan de reclutamiento forzado, torturas, violaciones y asesinatos ejecutados por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El lugar de su hallazgo convierte a estos 1.308 objetos en un rastro de dolor. Hay cientos de familias buscando entre ellos pistas de sus desaparecidos, desde Veracruz a Guanajuato, de Nayarit a Tamaulipas. Muchas de las prendas son de hombre, como los 195 boxers, pero también hay 14 vestidos, tres faldas o tres sujetadores. Entre los indicios también se han hallado algunos pantalones de talla de niño. En el rancho, que se presume que sirvió durante años como una sede de operación del CJNG, se han encontrado 143 cobijas, de esas 65 son iguales, grises y a cuadros, solo cambiando el color de los hilos, como compradas en lotes. También hay algunas toallas viejas.
Entre las 168 playeras que ha catalogado la Fiscalía, Danny creyó reconocer una de su hermano, Carlos Jonathan Alejandro Zúñiga, que desapareció en Tonalá (Jalisco) en febrero de 2021. Las hay de todas las tallas, formas y colores, de manga larga y corta, de seguidores de los Chicago Bulls, de la selección española o del Tigres de Alica, el equipo de fútbol de Tepic, la capital de Nayarit. La que Danny identificó era beisbolista, de los Texas Ranger; trató de poder verla en persona, pero las autoridades todavía no se lo permitieron. Le avisaron de que en los próximos días les tomaran ADN para poder hacer las comparaciones, pero que el proceso “va para largo”: “Nos dijeron que puede durar años”. La Fiscalía de Jalisco ha animado a las familias a revisar el listado para tratar de acelerar la identificación, pero ha advertido que “el hallazgo de estas evidencias no implica, en ningún caso, la confirmación de la identidad o condición actual de posibles víctimas”.
Verónica Reséndiz todavía no se atreve a escarbar en el inventario de Teuchitlán. “No he visto todos los zapatos. Tengo miedo”, dice la mujer, “quiero encontrar a mi hijo, pero tengo también temor de encontrarlo así y que ya pueda volver a verlo”. Marco Antonio Ponce tenía 25 años cuando se esfumó el 30 de mayo de 2020 de Ciudad Madero, en Tamaulipas. Su cena se quedó sin terminar dentro de su vivienda, pero de él su madre no encontró ni un rastro: no sirvieron los drones, ni los perros, ni las cámaras de seguridad, ni los vecinos. “Nada”, resume. Ella siempre sospechó del Cartel Jalisco Nueva Generación, puesto que un integrante del grupo criminal había amenazado a su hijo cuando trabajaba en una refinería en Tamuín (San Luis Potosí). “Con los zapatos es con lo que lo puedo identificar. Pero pensar qué sigue después…”. En esos tenis azul eléctrico empieza y termina todo.
La publicación de este catálogo es un ejercicio sin precedentes en un país en el que hay registradas más de 5.600 fosas clandestinas. Algunas de proporciones enormes, como la de La Bartolina, en Tamaulipas, donde empezaron encontrando media tonelada de huesos en 2021 y el número sigue subiendo. O la red de decenas fosas de Colinas de Santa Fe, en Veracruz, donde se rescataron restos de más de 300 personas. Solo en la zona metropolitana de Guadalajara, Zona Docs reportó la localización de 28 “sitios de exterminio” en 2019. Se denominan así a los lugares donde se tienen secuestradas a las personas, se les somete a tortura y muchas veces son asesinadas. El horror se conocía, pero Teuchitlán lo ha hecho estallar.
El hallazgo del rancho lleno de evidencias por las buscadoras —después de que fuera cateado en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco y presuntamente asegurado— ha logrado colocar la tragedia de las desapariciones en la primera línea política. La presidenta Claudia Sheinbaum una serie de medidas para tratar de afrontar la crisis, como unificar los descontrolados registros de identificación —empezando por los datos con los que cuentan las fiscalías y los servicios forenses para que pueda cruzarse la información—, equiparar el delito de desaparición al de secuestro o fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda. También anunció algunas iniciativas —como no esperar a las 72 horas para poner la denuncia— que ya estaban en la ley.