El 20% de la población indígena en el país es analfabeta, lo que equivale a 1,3 millones de personas. El Gobierno lanza un proyecto para atajar las condiciones de pobreza y marginación detrás del rezago educativo
Carlos S. Maldonado
Cuando el viernes pasado la secretaria mexicana de Cultura, Claudia Curiel, asistió a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, llevaba una promesa bajo el brazo para los pueblos indígenas. Curiel anunció que junto al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) el Gobierno implementará el llamado Programa de Educación Indígena, que entre otras acciones llevará el fomento artístico y cultural a las infancias de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua y Durango, a la zona purépecha de Michoacán, a la montaña de Guerrero y a Oaxaca. Se trata de una iniciativa que pretende atajar el gran rezago que sufren estas comunidades, en un país donde la educación parece vetada para los habitantes de los pueblos originarios: cuatro de cada diez no acuden a la escuela. “Es un problema histórico”, dice Carolina Sánchez García, directora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. “El rezago se ha mantenido porque no ha sido suficiente la respuesta que se ha dado para poder atender a estas poblaciones”, critica.
Las autoridades mexicanas mantienen un discurso público de admiración a las poblaciones indígenas, de fomento de sus tradiciones, apoyo a su producción artesanal y hasta respeto de las controvertidas normas no escritas llamadas usos y costumbres que regulan la vida en estas comunidades, pero en la práctica sus pobladores se han enfrentado a un enorme desdén público para cubrir las necesidades de estas poblaciones. Los indicadores son alarmantes, porque muestran que nueve de cada 10 personas hablantes de lengua indígena tenían en 2020 al menos una carencia social, lo que representa el 94% de los habitantes indígenas del país, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Esa misma institución revela que ocho de cada diez personas que declararon hablar alguna lengua indígena están en situación de pobreza (76.8%), el 80.9% no cuenta con seguridad social y el 67.4% no tiene servicios básicos de la vivienda. De la educación, ni hablar: los datos más recientes muestran que cuatro de cada diez personas (47.0%) no acuden a la escuela.
“Cuando uno revisa las estadísticas sobre las condiciones, en este caso de la educación, de la población indígena, entonces las cifras son preocupantes. Hay un problema que está relacionado con varios factores, entre ellos, las condiciones de pobreza, de marginación, que todavía prevalecen en varias comunidades de pueblos originarios”, dice Sánchez García. La pobreza hace que los padres no envíen a los hijos al colegio, sobre todo si no hay una escuela en su comunidad, porque desplazarse a otros espacios implica un costo que no pueden asumir. También está el tema de la precariedad de la infraestructura, porque según un informe del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, el 31% de las escuelas cuenta con daños estructurales, 45% carece de drenaje, 23% no tiene red de agua potable y 3% no tiene energía eléctrica. El internet es un lujo: 69% no cuenta con este servicio.
La presidenta Sheinbaum ha prometido en sus viajes por comunidades indígenas becas para los estudiantes y apoyos para las mujeres, madres y amas de casa, pero la ayuda parece insuficiente ante el enorme olvido en el que han estado sumidas estas poblaciones durante siglos. Las estadísticas del Inegi muestra que en el país hay un estimado de 12 millones de personas que habitan en hogares indígenas y más de siete millones hablan una lengua indígena. El 45.5% del total de esta población habita en tres Estados: Chiapas, Oaxaca y Veracruz y le siguen Puebla, Yucatán y Guerrero. No es coincidencia que se trate de las entidades más pobres de México. El Inegi muestra que casi el 20% de la población indígena en el país es analfabeta, lo que equivale a 1.3 millones de personas, es decir, que dos de cada 10 personas no saben leer ni escribir.
La pandemia de covid-19 y los recortes de ayudas sociales golpearon también a estas comunidades. La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) analizó el impacto que la pandemia de covid-19 tuvo en regiones pobres de Chiapas. El resultado mostró un escenario complejo: 45% de las niñas y niños beneficiarios del programa social Prospera, cancelado por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, no pudieron continuar sus estudios y tuvieron que abandonar la escuela durante la emergencia sanitaria. Prospera entregaba fondos a las familias más necesitadas con la condición de que enviaran a sus hijos a las escuelas y a revisiones médicas. El programa fue sustituido por las Becas para el Bienestar, que entrega 800 pesos mensuales por familia.
El país cuenta con leyes que protegen los derechos de las poblaciones indígenas, pero las estadísticas muestran que estas han quedado solo plasmadas en papel. Si asistir a la escuela se convierte en una hazaña, la educación superior es un sueño casi inalcanzable: sólo el 17% de personas en edad escolar pertenecientes a comunidades originarias llega a la universidad. “Es necesario impulsar una política educativa que logre que se erradique esta situación de rezago que existe actualmente en todas las zonas indígenas del país”, recomienda Sánchez García, de la UNAM, institución académica que ofrece becas para que estudiantes indígenas puedan culminar sus estudios.
Esta experta afirma que una estrategia de educación pública debe partir de un estudio a conciencia de la situación de las comunidades indígenas, resolver la falta de infraestructura y aumentar la cobertura para que los niños de las comunidades más distantes no queden fuera de la escuela, además de encontrar alternativas para erradicar el trabajo infantil. “A lo largo de muchos años se han implementado proyectos que muchas veces no son acordes a la realidad. Lo que se necesita es tener conocimientos actuales y confiables para poder impulsar una política que permite erradicar esta situación. Se tiene que revisar todo lo que se ha realizado hasta la fecha y ver cuál va a ser la estrategia para impulsar una política que realmente logre este modificar esta situación”, recomienda Sánchez García.
