Ciudad de México. En su última sesión antes de su extinción, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó este martes que la Secretaría Anticorrupción será la responsable de definir el futuro de sus cerca de 750 trabajadores, así como de garantizar sus derechos laborales y de gestionar las indemnizaciones para aquellos que no sean reubicados en la nueva estructura de transparencia que sustituirá al organismo autónomo a partir de este viernes.
La sesión, que entró en receso esta noche y que será reanudada mañana, estuvo marcada por protestas de empleados que exigían certeza sobre su situación laboral y garantías de sus derechos. El pleno, integrado por las comisionadas Blanca Lilia Ibarra Cadena, Josefina Román Vergara, Julieta del Río Venegas y el comisionado presidente Adrián Alcalá Méndez, centró la discusión en los mecanismos de compensación económica para los trabajadores.
Desde hace semanas, el pleno exploraba opciones para indemnizar a su personal, muchos de los cuales llevan más de una década en la institución. Sin embargo, las diferencias internas dificultaron un acuerdo definitivo.
En este contexto, esta tarde algunos servidores públicos del INAI hicieron una protesta en el salón de plenos del instituto, previo a que arrancara la última sesión del pleno.
Cuando pudo iniciarse la reunión, el pleno del INAI optó por alterar el orden del día de la sesión para que Alcalá Méndez pudiera presentar una propuesta de compensación voluntaria para empleados que decidieran renunciar a sus cargos antes de la extinción del INAI. Los montos irían de entre 55 mil 198 y 86 mil 372 pesos para trabajadores de menor rango, y entre 327 mil 625 y 389 mil 373 pesos para los de mayor jerarquía.
La iniciativa provocó un tenso debate. Las comisionadas Del Río Venegas, Román Vergara e Ibarra Cadena señalaron que no habían sido informadas previamente sobre los montos propuestos, lo que llevó a un receso para evaluar la situación. Tras casi tres horas, votaron en contra de la propuesta de Alcalá Méndez.
Las comisionadas argumentaron que las leyes secundarias en materia de transparencia, cuya votación en la Cámara de Diputados se prevé para este miércoles, establecen que los derechos laborales de los empleados serán respetados. Además, advirtieron que aceptar la compensación podría impedir a algunos trabajadores continuar en la Secretaría Anticorrupción o que incluso, si alguna autoridad objetara las compensaciones, podrían verse obligados a devolver los recursos recibidos.
Tras la decisión, la incertidumbre persiste entre los empleados del INAI, quienes expresaron su inconformidad y escepticismo sobre la posibilidad de ser reubicados en la nueva institución.
En los próximos días, la Secretaría Anticorrupción deberá definir cuántos empleados podrá absorber y en qué condiciones. Mientras tanto, cientos de trabajadores enfrentan un panorama incierto, sin respuestas concretas sobre su futuro laboral.
