El asunto denota la cultura que permeó a las autoridades durante el sexenio pasado. Mejor no hacer olas. Mejor no indagar. Mejor voltear a otro lado.
Como “campo de exterminio” y “centro entrenamiento criminal” ha caracterizado la prensa al rancho Izaguirre en el municipio jalisciense de Teuchitlán. Ahí se han encontrado todo tipo de objetos personales —ropa, zapatos, mochilas, libretas— de personas desaparecidas. También fragmentos de huesos y un crematorio clandestino.
Es el horror. Muestra de la barbarie que ha vivido México por lustros.
Pero también el escándalo porque este rancho ya había sido descubierto por las autoridades, no una, sino dos veces en ocasiones anteriores.
La primera fue hace seis años: “Un informe oficial consultado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) detalla que elementos de la Guardia Nacional reportaron el 10 de agosto de 2019 que habían localizado una finca con varios cuerpos que habían sido calcinados en Teuchitlán, cerca de la comunidad de La Estanzuela, la misma zona donde los buscadores localizaron a inicios de marzo de 2025 el crematorio”.
¿Qué pasó en ese entonces?
Narra el reporte de MCCI:
“Siete meses después del hallazgo de los cuerpos calcinados, fue remitido a la Coordinación estatal de la Guardia Nacional en Jalisco un reporte del comisario de Teuchitlán, en el que informaba que el representante de un grupo criminal había contactado al batallón a su cargo para intentar sobornar a los agentes a cambio de que ‘le bajen a la intensidad de las operaciones’. El reporte fechado el 21 refiere que la persona que los contactó solicitó: ‘Lo único que ellos (los criminales) piden es que los dejen trabajar’. El contacto quedó en volver a llamar para ‘llegar a un acuerdo sobre la cantidad de dinero y la fecha de entrega’. Según el reporte, el comisario le respondió que ‘no ocupaba dinero ni obsequios’, por lo que rechazó el soborno. Y ante posibles actos de venganza, se reforzó la seguridad perimetral en la base de operaciones”.
No se supo más del rancho Izaguirre hasta hace seis meses en que de nuevo fue cateado gracias a una denuncia anónima a la Guardia Nacional y el Ejército. Las autoridades llegaron el 20 de septiembre de 2024 al rancho.
Dice MCCI:
“Un comunicado difundido aquella tarde de septiembre presume que en el rancho Izaguirre fueron detenidos 10 presuntos delincuentes, quienes portaban armas de fuego, y fueron rescatadas dos personas maniatadas. Las autoridades catearon el rancho y además de las dos personas secuestradas, encontraron cuatro fusiles de asalto, dos armas cortas, 21 cargadores, una granada de mano, diez placas balísticas, cinco chalecos tácticos y cuatro vehículos. Sin embargo, en el cateo pasó de largo que en el sitio había indicios de que el sitio había funcionado como crematorio clandestino”.
Ahí quedó, de nuevo, el asunto.
Ahora, una organización de buscadores de desaparecidos comenzó a recibir mensajes de que debían hacer pesquisas en el rancho en cuestión. Según el testimonio de Raúl, uno de los padres buscadores, “llegando al lugar no había acordonamiento, no había cadenas, no había candado, no había sellos, no había nada; así que nosotros decidimos ingresar y empezar a hacer nuestros trabajos”.
Ni hace seis años ni hace seis meses las autoridades hicieron su trabajo. Les valió un sorbete.
El asunto denota la cultura que permeó a las autoridades durante el sexenio pasado. Mejor no hacer olas. Mejor no indagar. Mejor voltear a otro lado.
No es que hayan sido “abrazos y no balazos”. Fue “olvido y no investigación”.
Así lo relata Raúl:
“Queríamos que vieran lo que habían dejado de hacer, de trabajar; tanto Fiscalía como Policía Municipal (…) No se llevaron la evidencia, porque encontramos muchísima evidencia en el lugar. No entendemos el por qué no hicieron los trabajos que tenían que hacer como llevarse las cosas que sirven. Es evidencia que les pudo haber servido para ver si traía las huellas, para poder proceder con las personas que fueron los responsables”.
Pues no. Nada. Ni la Guardia Nacional ni el Ejército ni la Fiscalía de Jalisco ni las policías ni ninguna autoridad. Cero.
La impunidad como política de Estado frente a la barbarie.
Ahí están, ahora, las fotografías de centenas de zapatos apilados que recuerdan a los campos de exterminio nazis. Rancho Izaguirre no es, desde luego, de la misma magnitud que aquellos, pero sí trasmite la idea de un lugar donde se asesinaba impunemente y se calcinaban los cadáveres.
El reporte de MCCI concluye que “el predio era utilizado como centro de encierro de personas secuestradas, campo de entrenamiento y crematorio”. Se supone que hay decenas de estas fincas a lo largo y ancho de la República. Es la barbarie. Nuestra barbarie.
