El Gobierno de Sheinbaum presenta por primera vez sus argumentos ante el Alto Tribunal, un paso crucial para definir si tiene derecho a sentar a los gigantes de la industria en el banquillo de los acusados
Miguel Jiménez
El litigio de México contra el tráfico de armas vive horas decisivas. El Supremo de Estados Unidos tiene previsto escuchar este martes los argumentos del Gobierno de Claudia Sheinbaum y de los gigantes de la industria armamentística, el último paso antes de que se defina si las autoridades mexicanas tienen el derecho a demandar a ocho de las marcas más conocidas del sector en los tribunales de ese país. En paralelo a la cita crucial ante el Poder Judicial, Sheinbaum y su Gabinete trabajan en un acuerdo de último momento para evitar la imposición de aranceles del 25% anunciados por Donald Trump, justo cuando vence la pausa concedida por el republicano, con el objetivo de conseguir, al menos, una nueva prórroga en medio de las presiones de la Casa Blanca.
En un acto sin precedentes, México demandó originalmente a 11 pesos pesados en una corte de Massachusetts en agosto de 2021, como Glock, Beretta y Smith & Wesson. La base del litigio es que las compañías acusadas se habían beneficiado de prácticas comerciales negligentes que han alimentado el poder de fuego de los cárteles de la droga. En compensación, se exige un pago en el orden de los miles de millones de dólares por la ola de violencia que azota al país.
El juez rechazó el primer intento del Gobierno mexicano en octubre de 2022, debido a que Estados Unidos tiene leyes que protegen a la industria armamentística de recursos legales y les dan inmunidad por motivos de seguridad nacional. Las autoridades recurrieron el fallo con éxito ante una corte de apelaciones en enero del año pasado y en octubre, el Supremo atrajo el caso para decidir si el litigio podía avanzar o era descartado de forma definitiva. La decisión está prevista para mediados de 2025, pero lo que pase en esta audiencia puede inclinar la balanza del caso.
Al margen del frente legal, el Gobierno mexicano ha llevado el litigio a la mesa bilateral de negociaciones para enfrentar las presiones diplomáticas de Washington en el combate al crimen organizado y al tráfico de fentanilo. Después de lograr un primer acuerdo para frenar los aranceles el pasado 3 de febrero, Sheinbaum aseguró que la Administración de Trump estaba dispuesta a colaborar contra el tráfico de armas, aunque Washington excluyó esa parte de sus comunicados oficiales. La llegada del republicano ha llenado de incertidumbre el proceso legal, por la enorme influencia política de la industria y el derecho constitucional de portar armas, ampliamente defendido por las bases que apoyan al presidente.
El principal argumento de México es que alrededor del 74% de las armas incautadas en su territorio provienen de Estados Unidos, de acuerdo con el último informe de los reguladores estadounidenses. “Es un elemento sustantivo porque ya hay una institución de Estados Unidos que lo está reconociendo y el juicio es en Estados Unidos”, señaló la presidenta hace un par de semanas. También apuntó que la designación de los cárteles como grupos terroristas puede fortalecer la demanda, al prever penas más graves para las empresas que tengan vínculos económicos con estas organizaciones.
“Este es el inicio, la punta de lanza, de algo que puede permitir estrategias de litigio mucho más amplias en el futuro”, apuntó Pablo Arrocha, el funcionario que encabeza la causa mexicana, en un foro especializado por el Centro de investigación y Docencia Económicas la semana pasada. Arrocha se dijo listo para enfrentar cualquier escenario y confió en que la brecha abierta por la Administración anterior tenga continuidad. La clave del reclamo mexicano es demostrar que existe un vínculo causal entre la conducta de las armerías y el daño que causaron en el país latinoamericano. El cálculo oficial es que cerca de 200.000 fusiles cruzan la frontera de forma ilegal.
Además del blindaje legal que favorece a las compañías demandadas, ocho de los once ministros del Supremo estadounidense son de tendencia conservadora. “Es un espacio hostil para los intereses de México”, afirma el periodista John Lindsay Poland, con más de una década de experiencia en el tema. El especialista asegura que el alto tribunal suele favorecer las empresas, pero considera que la cruzada del país latinoamericano va más allá del terreno legal y ha ayudado a cambiar la narrativa sobre la ola de inseguridad que se vive en su territorio. “La demanda ha logrado centrar la responsabilidad en el papel de la industria de las armas en la violencia”, agrega.
Alejandro Celorio, que lideró el equipo legal de México hasta octubre pasado, señala, en cambio, que una interpretación conservadora de las leyes puede propiciar un fallo favorable para que avance el caso y espera que el alto tribunal no se contamine con las cuestiones políticas que lo rodean. “México llega muy fortalecido después de varios años de insistir en el tema”, comenta. “La estrategia que planteamos en un inicio se ha cumplido, sabíamos que las armerías iban a defenderse con uñas y dientes, y que el asunto iba a llegar a estas instancias”, agrega.
“Es un momento muy sensible para Estados Unidos, en un contexto político plagado de retos y un contexto cultural, estrictamente ajeno, pero igualmente relevante para la causa mexicana”, afirma León Castellanos-Jankiewicz, especialista en Derecho Internacional del Asser Institute de La Haya. El experto en Derecho Internacional confía en que el camino recorrido por las autoridades mexicanas tenga un efecto de disuasión en las prácticas de los fabricantes de armas y que tengan mayor cuidado en que sus productos no acaben en las manos equivocadas. “El costo para las empresas ha aumentado”, coincide Poland. “La mera identificación de las compañías sugiere nuevas estrategias de incidencia, presión social, cambios de leyes estatales y la educación de la comunidad”, agrega. “Esta lucha ha creado puntos de coincidencia entre el Gobierno mexicano y organizaciones de la sociedad civil que no se han dado en otros asuntos”.
El fallo puede impactar directamente en la relación bilateral y en el margen diplomático del Gobierno de Sheinbaum frente a Trump. A pesar de que México tiene otra demanda abierta contra cinco distribuidoras de armas en un tribunal de Arizona, una decisión desfavorable puede sentar un precedente que limite futuras acciones legales en Estados Unidos y echar por tierra casi cuatro años de esfuerzos. Al contrario, si el caso avanza puede abrirse una puerta para que otros países de Latinoamérica y el Caribe se sumen a la causa de México, así como las víctimas de la violencia armada y los tiroteos en ese país. La última palabra está en manos del Supremo, mientras se viven momentos críticos entre ambos países.
