Ciudad de México. El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Pablo Arrocha, informó este martes que en junio se conocerá el resultado de la audiencia programada para el 4 de marzo en la Suprema Corte de Estados Unidos, que determinará si las empresas fabricantes de armas demandadas por México pueden gozar de inmunidad legal.
En foro organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Arrocha aseguró que, independientemente del fallo, el gobierno de México ha diseñado una estrategia legal y política más amplia para enfrentar “al gran poder económico de la industria de las armas estadunidense”.
Las demandas interpuestas en Estados Unidos contra fabricantes y distribuidores de armas han mostrado avances significativos, dijo Arrocha. Agregó que la Cancillería contempla distintos escenarios, tanto en la Corte Suprema como en la corte de Tucson, Arizona, donde también se lleva a cabo un proceso legal contra cinco tiendas de armas. En este último caso, la jueza de distrito ha autorizado la fase de “discovery”, lo que permite la recolección de pruebas clave para el litigio.
El litigio en la Corte Suprema de EE.UU. es parte de una demanda presentada en 2021 por México en una corte federal de Boston, Massachusetts, contra fabricantes de armas. Arrocha señaló que este caso, junto con el de Arizona, representa una estrategia jurídica innovadora, que podría abrir la puerta a más acciones legales en el futuro. “Ambos litigios son punta de lanza en un proceso que podría permitir estrategias legales más amplias a largo plazo”, puntualizó.
El gobierno de México busca, a través de estas acciones legales, imponer mayores controles en la venta de armas en EE.UU. para reducir el flujo de armamento ilegal hacia territorio mexicano. Además, se busca influir en la narrativa dentro de la sociedad estadounidense, subrayando los efectos negativos de la proliferación de armas en la región.
El consultor jurídico mantiene comunicación constante con Jonathan Lowy, presidente de Global Action Against Gun Violence, y Steve Shadowen, abogado que representa a México en ambos litigios. Añadió que se reunirá con ellos para participar en la audiencia del 4 de marzo.
El consultor jurídico afirmó que el Gobierno de México continuará reforzando su estrategia integral contra el tráfico ilícito de armas, explorando todas las vías legales disponibles a nivel nacional, regional y global para disminuir el flujo de armamento que contribuye a la violencia en el país.
