Hispanos asociados a círculos republicanos, encabezados por la mexicana-estadunidense Betty Cárdenas, ofrecen pertenencia a un “club selecto” con acceso a la administración del mandatario
Esther Herrera
Un grupo de empresarios hispanos de Estados Unidos vinculados al Partido Republicano impulsa una coalición denominada Bienvenido Empresarios (sic), la cual busca afiliar a hombres de negocios regiomontanos, a quienes les ofrecen acceso directo con el presidente de aquella nación, Donald Trump, a cambio de un “donativo” de 250 mil dólares.
MILENIO pudo saber que miembros de la coalición han visitado Monterrey para promover entre el empresariado nuevoleonés las ventajas de pertenecer a ese “grupo selecto”.
Una fuente cercana a la comunidad empresarial de Monterrey, la cual solicitó el anonimato, aseguró que la coalición pretende convertirse en el principal vínculo entre acaudalados mexicanos y la administración del republicano.
“Al menos así es como lo están vendiendo; vienen y te piden que te afilies y que le metas lana, 250 mil dólares para asociarte con ellos. Con ello te venden el acceso directo a la administración Trump”, añadió.
Afirmó que empresarios mexicanos ya han accedido a formar parte de este grupo: “Lo que sé es que ya le entró Javier Garza Buffington, quien financió el Official Hispanic Inaugural Ball”, uno de los eventos que formó parte de la toma de posesión de Donald Trump como el presidente número 47 de Estados Unidos.
“Ya llegaron a Monterrey y andan buscando gente, reuniéndose con varios empresarios de la localidad; sin embargo, estos empresarios hispanos, encabezados por Betty Cárdenas, una figura política defensora de la Segunda Enmienda en EU e involucrada con la Asociación Nacional del Rifle (NRA), tienen un vínculo directo con Trump y ella lo está utilizando”, indicó la fuente.
Lazos con Donald
Betty Cárdenas es de origen mexicano; nació en Guadalajara, Jalisco, pero lleva muchos años viviendo en la nación vecina.
Es la primera mujer hispana en obtener un permiso para poseer una armería en Estados Unidos y tiene una fuerte presencia en ese sector.
Además de su participación en la NRA, Cárdenas ha ocupado diversos cargos en organizaciones políticas; se desempeñó como presidenta nacional de la Asamblea Nacional Hispana Republicana durante la primera administración del magnate y ha sido asesora principal de Latinas for Trump.
De acuerdo con un documento en posesión de MILENIO–Multimedios, la mexicana-estadunidense ha utilizado su activismo para impulsar políticas que protejan los derechos individuales, especialmente en relación con la posesión de armas de fuego.
“El activismo de Cárdenas se extiende más allá de la NRA; ella ha expresado abiertamente la necesidad de proteger los derechos de propiedad de armas y trabaja para alentar a otros, especialmente dentro de la comunidad hispana, a participar en la defensa de la Segunda Enmienda”, señala el documento.
“Su enfoque combina el activismo de base con la intención de llegar a las comunidades subrepresentadas, ayudándolas a comprender la importancia de los derechos de armas en el panorama político y constitucional más amplio”, añade.
Además, Cárdenas impulsa la carrera política de su hijo Abraham Enríquez, a quien han empezado a perfilar como un candidato serio para postularse como gobernador de Texas.
Conflicto legal
En 2021, el gobierno mexicano presentó una demanda contra los fabricantes de armas estadunidenses y la NRA en un tribunal federal de Massachusetts.
La demanda acusó a los fabricantes en Estados Unidos de negligencia por permitir el tráfico de armas de fuego a través de la frontera con México, lo que ha contribuido a la violencia y el crimen en el país.
México argumentó que la NRA, a través de su apoyo a la industria armamentista y sus esfuerzos de cabildeo, ha facilitado el flujo ilícito hacia el país.
La demanda busca responsabilizar a los fabricantes estadunidenses, incluida la NRA, por su papel en el tráfico transfronterizo de armas.
“La demanda afirma que los fabricantes de armas, al comercializar sus productos a compradores ilegales y no tomar medidas razonables para evitar que caigan en manos equivocadas, son responsables del daño causado en México”, señala el documento.
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