Un informe de las secretarías de Salud y Medio Ambiente reconoció que, tras un monitoreo de agua y aire cerca del derrame de Grupo México, los locatarios de la cuenca del Río Sonora tienen plomo, cadmio y arsénico.
SINEMBARGO
Ciudad de México, 23 febrero (SinEmbargo).– Martha Patricia Velarde Ortega, de Baviácora (Sonora), era una de las miles de afectadas por el derrame de metales pesados de la mina de Grupo México sobre los ríos Sonora en agosto de 2014. Falleció a sus 66 años el sábado 15 de febrero tras diez años de activismo contra lo que ella llamaba “negligencia criminal” y tras padecer plomo en la sangre e insuficiencia cardiaca.
Los metales pesados que quedaron en los pozos y aire de la zona son bioacumulables, por lo que las consecuencias por consumirlos por medio de agua contaminada pueden tardar meses o años en aparecer. Martha Patricia, a quien detectaron plomo en la sangre, murió en Hermosillo de un paro cardiaco a partir de una falla múltiple de sus órganos, de acuerdo con sus familiares.
La reacción inmediata del Gobierno de Enrique Peña Nieto fue atender quemaduras y problemas gastrointestinales, pero se ignoró la exposición crónica a sustancias químicas tóxicas que se acumulan en el riñón, sangre o cerebro.
En agosto de 2022, Martha Patricia y otros integrantes de los Comités Río Sonora compartieron el informe “Camino hacia la verdad” en que las secretarías de Salud y Medio Ambiente reconocen que, tras un monitoreo de agua y aire, los locatarios de la cuenca del Río Sonora tienen plomo, cadmio y arsénico, lo que les ha ocasionado alergias en la piel y cáncer.
De acuerdo con las muestras de sangre y orina aplicadas por la Secretaría de Salud, el 95 por ciento tiene plomo; el 79 por ciento, cadmio; y el 50 por ciento, arsénico, con el alto riesgo de desarrollar arsenicosis o neuropatía, por lo que llevan años solicitando una clínica de especialidades con perspectiva ecotoxicológica sin hasta la fecha una respuesta clara.
En Baviácora, municipio donde vivía Martha Patricia, se detectó la presencia en sangre y en orina de aluminio, manganeso, hierro, níquel, mercurio, plomo, cromo, arsénico, bario y sulfatos.
Cynthia Arco, abogada de PODER y acompañante de las víctimas de la cuenca Río Sonora, comentó sobre este informe que de la muestra de mil 500 personas (de 22 mil afectados), 705 de ellas necesitan atención especializada por presencia de metales pesados, pero hasta la fecha la Secretaría de Salud no ha contestado a la petición tras la reunión con la Semarnat hace dos meses. Y la gente sigue consumiendo agua con presencia de metales pesados.
“La Semarnat dejó muy claro que no es competencia de ellos, pero se comprometió a coordinar con la Secretaría de Salud a implementar un plan en conjunto para lograr la remediación ambiental y la atención médica especializada en toxicología para las víctimas del derrame. Pero han transcurrido más de dos meses que tuvimos esa reunión y no se ha concretado ningún plan ni hemos recibido noticias al respecto”, dijo.
En agosto de 2024, a diez años del derrame de la mina del magnate Germán Larrea, Martha Patricia dijo que estaban aumentado las muertes por cáncer y por lesiones de diferentes órganos como el corazón, el hígado y el riñón, así como los gastos propios en atención médica y garrafones de agua.
“Grupo México en el caso de río Sonora ha afectado de muchísimas maneras. Lo de la salud es lo más fuerte que estamos viviendo. La economía también está deteriorada. Aumentan cada día las muertes por cáncer, por lesiones de diferentes órganos como el corazón, el hígado, el riñón y lo que también es mucho muy importante, y que se ha estudiado, es las afectaciones neurocognitivas en las infancias. Vivimos en una constante zozobra porque sabemos que el agua que bebemos está contaminada con metales pesados”, aseguró el 21 de agosto pasado, durante un foro virtual organizado por PODER, la organización civil que ha acompañado a los afectados.
Cierre de clínica
En entrevistas previas con SinEmbargo, Martha Patricia compartió que después del derrame de la mina Buenavista le detectaron plomo en la sangre e insuficiencia cardiaca, debía tomar seis medicamentos y por ello debía recibir atención médica especializada. Pero desde 2019 cerró la clínica Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental de Sonora, ubicada en Ures, la única que atendía a los afectados por intoxicación de metales pesados.
El Centro de Salud que operaría de 2015 a 2019 quedó en obra negra, luego de que el Fideicomiso Río Sonora por 2 mil millones de pesos, formado por Grupo México y el Gobierno peñista, fue cerrado en 2017.
Entonces de 61 años, Martha Patricia aseguró: “El Gobierno federal de Enrique Peña Nieto nos dio un golpe mortal a todos los afectados en la salud. La atención médica ya estaba pactada para 15 años por la autoridad y sin fundamento ni motivos hicieron este convenio de cierre de UVEAS, del cual nosotros no fuimos notificados, para el 6 de agosto de este año (2019). Es nuestro regalo de aniversario”.
Hasta entonces había recibido la atención médica de manera gratuita, pero Grupo México y la Cofepris del periodo de Peña Nieto acordaron el cierre para 2019 y tuvo que absorber los gastos derivados de la negligencia de la mina.
María Filomena, de San José Gracia (Hermosillo) por donde pasa el Río Sonora, fue compañera de activismo de Martha Patricia, a quien describe como una mujer excepcional. Mena, como le dicen, tiene diabetes, descalicificación y quistes en la tiroides, lo cual no tenía antes del derrame de tóxicos de la mina. En los exámenes de sangre y orina realizados para el informe de la Secretaría de Salud, ella salió con metales pesados, pero no ha recibido ninguna atención especializada en toxicología.
“Tengo los resultados de los laboratorios que nos hicieron en 2021 (muestra de sangre y orina con metales pesados). He estado yendo al Hospital General, pero no hay una atención especializada. Traigo afectaciones en la movilidad de mis piernas, tengo descalcificación, necesito prótesis. Alteraciones de mi azúcar, aunque esté llevando la alimentación que llevo, los medicamentos, se me sube constantemente o se me baja de más y así estoy. Últimamente me detectaron quistes de tiroides en el lado derecho. En enero me detectaron diez, pero me dicen que no hay seguimiento porque están muy pequeños”.
Sobre su compañera de lucha, Martha Patricia, Mena recordó que era la que más los motivaba para seguir en la lucha.
“Decíamos que no queríamos despedir a un compañero más sin ver justicia. Aún no asimilamos que ya no esté con nosotros, que no la vamos a ver en las siguientes reuniones porque era la que más nos motivaba a seguir en esta lucha. No queremos irnos sin ver justicia”, resaltó.
Pese a su condición médica, Martha Patricia fue una de las principales activistas que hasta sus últimos días de vida exigió justicia para la cuenca del río Sonora. Ante la violación de su derecho humano a la salud, comentó en 2019: “En Grupo México son criminales, corruptos, depredadores medioambientales y causantes de daños irreversibles. Toda esta criminalidad exacerbada de esa empresa y de ese ecocida asesino [Germán Larrea] no pudiera ser si no hubiera una autoridad omisa, complaciente o cómplice que se lo esté permitiendo”.
Tras una década de documentarse sobre el caso, aseguró que el derrame no fue un accidente, sino una “negligencia criminal” en la presa de jales de la mina Buenavista ubocada en Cananea, por lo que pidió comprometerse al Gobierno de Claudia Sheinbaum a “desnormalizar las capturas corporativas” como la de Grupo México sobre las autoridades.
“El derrame de 2014 se debió a que había un área de la presa (de jales) en construcción que ya estaba almacenando todo lo que se derramó, sin tener ningún medio de contención en caso de que ocurriera lo que podríamos denominar un accidente, que en este caso no lo fue. Yo lo menciono con todas sus letras y su nombre: fue una negligencia criminal”, afirmó en el foro virtual de agosto pasado.
En noviembre de 2024, Martha Patricia compartió un comunicado de los Comités Río Sonora del que formaba parte, en el cual se publicaron los acuerdos con la Semarnat y la Profepa del Gobierno de Claudia Sheinbaum.
“La Secretaría de Salud e IMSS-Bienestar siguen evadiendo su responsabilidad de atender la salud de las víctimas de forma especializada en toxicología”, plantearon en la mesa de diálogo con representantes de la Semarnat y Profepa.
La Semarnat, dirigida por Alicia Bárcena, se comprometió a “pedir a la Secretaría de Salud dialogar sobre la falta de atención especializada en toxicología y plantear cómo resolverlo de manera inmediata”.
También enfatizaron que sigue sin haber plantas potabilizadoras suficientes frente a los pozos contaminados con metales pesados y cuestionaron por qué el río Sonora no está contemplado en el plan nacional de saneamiento de ríos.
Al respecto, la abogada Cynthia Arco comentó: “Existe un mandato constitucional que le corresponde a las autoridades brindar el derecho a la salud y el acceso al agua, independientemente de que con posterioridad se le cobre los gastos erogados a Grupo México. En el transcurso de los años, la gente sigue enfermando y sigue muriendo”.
La imagen de perfil que Martha Patricia dejó en su Facebook plantea la pregunta: “¿Cuándo llegará la justicia al río Sonora?”.
