PRENSA ARIZONA
En una escalada de medidas migratorias cada vez más agresivas, varios operativos recientes en Arizona han desatado preocupación y protestas por parte de organizaciones comunitarias y defensores de los derechos de los inmigrantes. Los casos de inspecciones intimidantes en negocios, separaciones familiares y la detención de veteranos de guerra han puesto en el centro del debate la dureza y aparente arbitrariedad de la política migratoria actual en Estados Unidos.
El pasado 11 de febrero, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) irrumpieron en el restaurante de comida mexicana “La Indita”, en Tucson, para realizar una inspección del formulario I-9, el documento que verifica la elegibilidad laboral de los empleados.
Sin embargo, la dueña del local, Denise Shafer, denunció la forma en que los agentes llevaron a cabo el operativo.
“Lo están haciendo de una manera muy intimidante, como diciendo ‘aqui estamos y danos lo que queremos’”, declaró Shafer.
Organizaciones locales confirmaron que inspecciones similares han ocurrido en otros negocios, lo que genera temor en la comunidad inmigrante y cuestionamientos sobre el uso de estrategias de intimidación en operativos laborales.
Madre separada de sus hijos
El mismo día, en otro episodio que evidencia la rigidez de las actuales políticas migratorias, “Yesenia”, una madre migrante venezolana, fue detenida en Tucson tras haber sido parada por manejar por debajo del límite de velocidad. Su detención, que inició con una infracción de tránsito, derivó en su deportación junto a dos de sus hijos, dejando a sus otros dos hijos en Estados Unidos.
“Yesenia” relató que los agentes de la Patrulla Fronteriza le negaron la posibilidad de ver a sus hijos antes de ser expulsada del país.
“Dijeron que ese no era su problema, que era mi problema”, lamentó.
Según su testimonio, durante su detención fue interrogada sobre supuestos vínculos con pandillas y amenazada con la posibilidad de ser enviada a Guantánamo, sus hijos fueron cuestionados y asustados por los oficiales, lo que dejó una profunda marca psicológica en ellos.
La situación de Yesenia y su familia ha despertado la indignación de la comunidad local y la iglesia a la que asistía en Tucson ha iniciado una campaña para recaudar fondos con el fin de ayudar a su esposo a reunirse con ella en México.
“Estamos viviendo tiempos injustos”, dijo un líder comunitario, quien denunció que estas acciones reflejan un patrón de separaciones familiares cada vez más comunes bajo la actual administración.
Veterano de guerra detenido por ICE
El caso de Yesenia no es el único que ilustra la dureza de las nuevas políticas migratorias. Marlon Parris, un veterano del ejército estadounidense que ha vivido en el país por más de 30 años, fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Laveen, Arizona.
Parris, quien sirvió en Irak en tres despliegues y sufre de trastorno de estrés postraumático (PTSD) y traumatismo cerebral, fue interceptado por varios vehículos de ICE el 22 de enero; su esposa, Tanisha Hartwell-Parris, aseguró que los agentes le informaron que su esposo estaba en una “lista” de detención, sin darle mayores explicaciones.
A pesar de que Parris contaba con un documento oficial de ICE que confirmaba que no estaba sujeto a deportación, su situación cambió tras la llegada de la nueva administración y su esposa señaló que la detención de su marido parece estar vinculada a la política migratoria endurecida y a una revisión de casos por parte de autoridades en Washington.
“Nada ha cambiado, excepto el presidente”, denunció.
Hartwell-Parris también manifestó su preocupación por la salud de su esposo, quien está recluido en un centro de detención en condiciones precarias y sin acceso adecuado a su medicación.
“Estos son tiempos injustos. Marlon sirvió a este país con honor y ahora lo están tratando como a un criminal”, afirmó.
Protestas y reacciones
Las acciones recientes han generado indignación y movilizaciones en Phoenix, Tucson y otras ciudades de Arizona, donde defensores de los derechos de los inmigrantes y organizaciones comunitarias han denunciado la creciente criminalización de migrantes, incluso de aquellos sin antecedentes criminales o con servicio militar en el país.
Joanna Williams, directora de Kino Border Initiative, señaló que los arrestos y deportaciones reflejan un cambio alarmante en la estrategia de las agencias migratorias.
“Si el Departamento de Seguridad Pública está participando en este tipo de arrestos, veremos más familias separadas y más residentes de largo plazo arrancados de sus hogares”, señaló.
A medida que estas políticas se endurecen, las comunidades migrantes en Arizona enfrentan un panorama incierto, marcado por el temor y la incertidumbre sobre su futuro en el país que consideran su hogar.
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