Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (ICRESON) se concibe para dar confianza al público y garantizar la legalidad de actos jurídicos y se rige por La Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora, y que bien señala el ARTÍCULO 1º.- Las disposiciones de la presente Ley, son de orden público y de interés social. Su observancia es obligatoria y su ámbito espacial de validez es el Estado Libre y Soberano de Sonora.
Hace algunos años, desde que empezaron con más fuerza los movimientos reivindicativos de vivienda, que los ayuntamientos sonorenses decidieron interpretar la ley a su manera para dificultar que los dueños y posesionarios tuvieran acceso a la información catastral.
Básicamente, los ayuntamientos panistas como San Luis Río Colorado (SLRC), Puerto Peñasco y Hermosillo emplearon el modelo de restricción en la información catastral que se inauguró en SLRC y que todavía sigue vigente; ya no bastaba que los propietarios tuvieran su clave catastral para ver estados de cuenta y poder pagar en línea, sino que tienen que ir personalmente a las oficinas catastrales para poder ver su situación.
Si el dueño está enfermo o fuera del país o no quiere ir ni pagar, ni los familiares ni conocidos pueden hacerlo; dicen tramposamente que, por la Ley de protección de datos personales, lo cual no puede ser cierto; ya que son leyes diferentes y con sentido y contenido diferente. Aquí de los que se trata es que solo la administración municipal tenga plena información, al extremo que las páginas de SLRC y Puerto Peñasco, tienen años con la página en mantenimiento en lo relacionado con el pago del predial. No está sobrando recordar que la ley municipal no está por encima de la Ley Catastral y Registral del Estado.
Hasta ahí llegaron precisamente las administraciones municipales que fueron múltiples veces acusadas de lucrar con viviendas y terrenos baldíos.
Pero no todo estaba dicho, a diferencia de cualquier entidad donde usted puede buscar desde su dispositivo o en dispositivos y libros del mismo Registro Público la certeza de inmuebles, pues resulta que el ex vocal ejecutivo, Gerardo Vázquez Falcón, un día se despertó con imaginación, tipo Ley de Herodes y por la vía de los hechos canceló el acceso a los libros, y por si faltara más, se le ocurrió mandar a decir que las computadoras estaban en mantenimiento; el asunto es que después de un año y medio las computadoras brillan por su ausencia.
Pero la censura no quedaba ahí, otro innovador volvió a sentirse funcional e “inteligente” y decide darle “mantenimiento a la página web del ICRESON, donde desaparece el usuario, las anotaciones, antecedentes y hasta colindancias.
¿De qué sirve pagar una búsqueda para tener certeza en la compra de un inmueble si no tienes acceso a la información pública?
¿Es delito que un ciudadano con la clave catastral y el número de inscripción pueda ver la información de su inmueble? ¿O quién quiera realizar una compra venta no tiene derecho a la certeza jurídica?
Estamos hablando de ocultar información y hacer una interpretación personal de la ley, de un funcionario que no es cualquiera, porque si es cierto los rumores estamos hablando del Director general de servicios registrales del ICRESON, es decir, del licenciado Jesús Francisco Rodríguez Hernández.
En medio de la hidra inmobiliaria, tomar esos atributos o hacer una interpretación de la ley, es pasarse de listo o de niño; el punto es que medio mundo es muy mal pensado ¿Quién gana ocultando información pública?
Parafraseando a Alejandro Dumas, en El Conde de Montecristo, algunos pensarán que para conocer al culpable hay que ver al beneficiario.
Muy, muy mal, el gobernador debe poner orden.
