Algunos de los criminales más violentos llegan a acuerdos de colaboración
La administración Trump designará como terroristas a varios grupos criminales el próximo miércoles 19 de febrero. Según lo publicado, se tratará del Cártel de Sinaloa, el CJNG, el del Noreste, la Nueva Familia Michoacana y los Cárteles Unidos. Está muy bien, era previsible, pero la designación, abarcando generalidades no dice nada. El Cártel de Sinaloa ya no existe como tal, está dividido en dos grandes bloques, los de La Mayiza y Los Chapitos, que tienen a su vez numerosas y a veces poderosas subdivisiones y enfrentamientos, incluso internos. El CJNG parece más unido, pero tiene debilidades evidentes, como, por ejemplo, procesar su sucesión si muere o cae El Mencho, además de que su desarrollo se basa en una suerte de política de franquicias, que se van estableciendo con grupos locales, así han surgido los grupos Tabasco Nueva Generación, el Michoacán Nueva Generación y muchos otros, alianzas que por definición suelen ser débiles.
Los otros designados no son en realidad cárteles, porque no pueden, no tienen la dimensión de operar como tales y terminan de una u otra forma en la onda gravitacional de los dos grandes. Eso no los hace menos violentos, al contrario, pero suelen tener áreas especializadas, desde el tráfico de gente hasta la extorsión.
Y hay muchos más, además de los designados: el Cártel de los Salazar, por ejemplo, o los del Chapo Isidro, la Gente Nueva o La Línea en Juárez, y Los Rusos en Tijuana.
Estoy convencido de que México debe allanarse, porque nos conviene la definición de terroristas y trabajar en forma conjunta con las agencias de Estados Unidos. Primero, para tener una perfecta definición, un diagnóstico detallado, de cómo está el crimen organizado en el país y a qué tareas se dedican cada uno de esos grupos, para saber cómo combatirlos. Eso no puede tomar demasiado tiempo, aquí y allá está sobrediagnosticado el tema. A partir de ahí se deben definir objetivos a los cuáles atacar y establecer con claridad listas de nombres y compromisos, en México y en Estados Unidos.
Tener la declaratoria de terroristas a los cárteles sin ese trabajo conjunto que tiene que devenir en inteligencia y operación conjunta servirá de poco, salvo para actuar discrecionalmente, sin sentido.
Las listas de nombres son claves y se deben compatibilizar en una lista de objetivos: quiénes son los líderes de los cárteles y sus operadores, sus lavadores de dinero, sus proveedores, sus protectores y socios políticos, y sus principales negocios. Todos esos personajes tienen nombre y apellido y desarrollan alguna actividad muchas veces pública. En esos objetivos es en donde se debe centrar la labor conjunta. El gobierno mexicano pagará costos indudables por los muchos años de empoderamiento criminal, de abrazos y no balazos, que permitieron una relación mucho más estrecha de círculos del poder con el crimen organizado. Pero también les da a nuestras autoridades la oportunidad, si desean hacerlo, de limpiar la casa y ganar una legitimidad que hoy está cuestionada.
Pero también, bajo el mismo esquema, puede intervenir para conocer y romper las tramas de tráfico de armas, de lavado de dinero y de redes de operación en la Unión Americana. Cualquiera que apoye a estos grupos se convierte en un objetivo y los vendedores de armas, los lavadores, los facilitadores lo serán si se trabaja seriamente.
La exigencia son listas de nombres establecidos de común acuerdo, con objetivos bien definidos, estrategias conjuntas para llegar a ellos y también para implementar sus procesos penales. Resulta indignante que algunos de los criminales más violentos y que más han lastimado al país lleguen a acuerdos de colaboración y terminen después de condenas ridículas en la calle y en libertad. El último fue el exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, que dirigió el crimen organizado en su estado durante la administración de Peña y expolió a empresas y constructores. Ya está en libertad con una condena generosa y saliendo incluso ocho meses antes de que esa condena terminara. Una vergüenza.
Las listas y los objetivos claros sirven también para evitar que haya medidas discrecionales y unilaterales, la mayor tentación que hay que atender en la administración de Trump.
Hay ejemplos internacionales que debemos seguir en la implementación de esos acuerdos una vez que esas organizaciones son declaradas terroristas. Podemos centrarnos en los de Colombia, Italia e Irlanda. En el primero fueron declarados terroristas las FARC, el ELN, y las autodefensas unidas, todos grupos políticos, pero que se dedicaban al narcotráfico; en España la designación cayó sobre la ETA y en Irlanda sobre el IRA y otros grupos paramilitares de signo contrario. En los tres casos se estableció una coordinación como la descrita, estrecha, con objetivos claros, tanto materiales como personales y se fueron desmontando estructuras, incluyendo las que tenían en Estados Unidos, al mismo tiempo que caían o eran detenidas las cabezas de los principales líderes o colaboradores.
En ninguno de los tres países se acabó por completo con el fenómeno, pero en los tres se pacificó el país y se incorporó a las alas políticas de esos movimientos a la vida social. Los que quedaron fueran se fueron convirtiendo en expresiones cada vez más marginales, salvo en Colombia donde el gobierno de Gustavo Petro los resucitó y ha permitido el resurgimiento de esos cárteles, incluyendo los mexicanos que operan en su territorio, con su propia política de abrazos y no balazos y complicidades inconfesables.
El escenario, el diagnóstico y la hoja de ruta parecen ser muy claros, ahora habrá que ver si hay decisión política para recorrerlos.
