La entidad cierra el 2024 con aumento de 41% en el delito de incumplimiento de obligaciones familiares; no tiene Ley 3 de 3, para que morosos queden excluidos de cargos oficiales
Alan Gallegos / LA RAZON
Sonora cerró el año pasado en el primer lugar entre los estados en los que hubo incremento en el delito de incumplimiento de pago de pensión alimenticia.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el 2024 se abrieron dos mil 551 carpetas de investigación por este ilícito en Sonora, lo que representa un alza de 41 por ciento respecto al 2023, cuando la cifra fue de mil 807.
- El Dato: Desde el 22 de marzo del 2023, los congresos locales tenían tres meses para crear registros de deudores
El mes del año pasado en que se registraron más casos fue noviembre, con 436, mientras que en el resto del periodo los expedientes rebasaron el número de 100 cada 30 días.
Sonora está entre las entidades federativas que han sido omisas en acatar un mandato del Congreso de la Unión para que armonicen su legislación con la llamada Ley Sabina, que implica mayores sanciones para deudores alimentarios.
El estado gobernado por el morenista Alfonso Durazo tampoco tiene una Ley 3 de 3, mediante la cual se prohíbe que morosos de pensión alimenticia accedan a cargos dentro de instituciones públicas o de elección popular.
El artículo 232 del Código Penal del Estado de Sonora establece prisión de tres meses a tres años, multa de 10 a 150 Unidades de Medida y Actualización (aproximadamente 16 mil pesos), y pérdida de los derechos de familia, en su caso, para quienes incurran en incumplimiento de pago de pensión.
Esta legislación es considerada obsoleta por colectivos de mujeres que luchan por mayores sanciones para quienes incurren en no cumplir con su obligación de mantener a sus descendientes.
Además de Sonora, en los estados de Coahuila, Baja California y Morelos también se presentaron diversos niveles de aumento en la incidencia de este delito.
Al respecto, Diana Luz Vázquez, promotora de la Ley Sabina, dijo a La Razón que el alza en esta conducta se debe, en buena medida, a que el proceso de cumplimiento sigue siendo muy burocrático, donde las mamás tienen que pagar abogados para acceder a justicia para los niños, cuando el Estado debería asumir esta defensa.
La activista lamentó que, a pesar de que hay un mandato del Congreso de la Unión expedido desde marzo del 2023, sólo 17 de las 32 entidades tienen un registro de deudores, pero de éstos, sólo dos son públicos.
Añadió que el no poder conocer los nombres de quienes han incumplido con el pago de pensión se debe a que hay una resistencia de parte de muchos diputados locales que son deudores y, además, hay consejeros jurídicos de Gobiernos estatales que también han incumplido con la pensión de sus hijos.
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