Las invasiones como reclamo para vivienda en Sonora perdieron la legítima justificación; en este sexenio del gobernador Alfonso Durazo se detonó y casi todas, son motivadas por dinero y acaparamiento.
Cuando se decidió dividir en Mirabal para hacer negocio con la asignación de lotes y filtrar información para invadir y vender lotes en El Jito y en el terreno del SUBA, era evidente que esto ocasionaría lo que estamos viendo ahora. Todos los involucrados o conocedores de este tema saben cómo y quién ocasionó esto, pero el mal ya está hecho.
En El Jito no pudieron vender porque los vecinos opusieron una fuerte resistencia de tal suerte que Daniel Fuentes o José Luis Vázquez optaron por retirarse, pero en los terrenos de SUBA una pareja por medio de la violencia ha despojado y vendido solar a más no poder, y las víctimas son jóvenes, hasta de octogenarios y como nadie hace nada, pues ahora se fueron a invadir el sur de la ciudad y no tardan mucho en empezar a vender y a agredir, pues, como ellos dicen “nadie les hace nada”.
Por lo mismo, otra vez Daniel Fuentes y José Luis Vázquez, funcionario del ayuntamiento de Hermosillo, invadieron y vendieron los lotes de Altares junto al bulevar Zamorano.
¿Pero qué está pasando? ¿Por qué la Central Unitaria de Vivienda se opone a estas invasiones, si históricamente ha sido solidario como las luchas de vivienda? Precisamente porque dejó de ser una lucha por vivienda digna, es un fenómeno de rapiña, donde personas en vehículos de lujo acaparan de 10 hasta una hectárea fingiendo que están luchando por una vivienda.
¿Pero por qué sucedió esto? Porque los venden y les aseguran que se van a quedar con esos predios y se aprovechan para “futurear” y, además, cuando empezó este fenómeno se les dijo con anticipación lo que podía suceder y como está sucediendo; está paralizado el gobierno del estado ante una situación creada, y lo repito, ante una situación creada.
En Hermosillo hay básicamente 33 invasiones, pero la de La Campiña, SUBA, y Mirabal, La Santísima Trinidad, son terrenos del gobierno del estado y son relativamente nuevas y la única que se consolidó al inicio de este sexenio fue la de La Campiña donde personas tienen terrenos de 1000 a 1500 metros cuadrados ¿Son estas personas necesitadas? Lo mismo que en el sector que le denominan Santísima Trinidad, ahí mismo también hay terrenos de más de 1000 metros cuadrados.
Esta rapiña no solo está aumentando el desorden urbano, sino que se están convirtiendo en sectores de alto riesgo ante la ausencia de justicia y legalidad. Pero esta práctica no solo se da entre delincuentes urbanos que se hacen pasar por líderes, sino también con los políticos y algunos de cuello blanco, al extremo que está en el Vado de Río es espacio de invasiones; de uno y otro lado; pero ninguna con legítima necesidad de vivienda.
En medio de este contexto puede andar una funcionaria como Bárbara Gutiérrez invadiendo terrenos en Bahía Kino, incluso en zonas de riesgo y protegidas o bien Pedro Fontes, director de Coves, tercamente decide tratar solo con una delincuente que despoja, amenaza y vende terrenos del patrimonio de Sonorenses, y sin ningún resultado social y poniendo el prestigio de la institución por los suelos.
Ahora en medio de este desorden los mismos funcionarios se justifican culpando a sus propios jefes “que no los dejan actuar” porque el gobierno no quiere verse represor, aunque los legítimos solicitantes de vivienda sean víctimas de represión de generadores de violencia que solo tienen los propósitos de sacar dinero.
El problema que se ocasionó ya necesita la atención adecuada; es profundamente lamentable que la oportunidad histórica que represento el gobierno de Dr. Alfonso Durazo en el sector de la vivienda social se vaya al abismo del fracaso; hay tiempo de retomar la ruta, por el bien de todos.
