El pasado 5 de febrero, México conmemoró 108 años de la promulgación de su Constitución de 1917, una carta magna que sentó las bases del sistema republicano con división de poderes, federalismo y soberanía popular. Sin embargo, en los últimos años hemos sido testigos de una preocupante tendencia: la concentración del poder en el Ejecutivo, el debilitamiento de organismos autónomos, la reducción de recursos para estados y municipios, y la modificación de las reglas del juego democrático. La pregunta es inevitable: ¿Mantendrá México el equilibrio constitucional que los constituyentes defendieron en 1917, o estamos ante una transformación que consolida un presidencialismo aún más fuerte?
No olvides suscribirte para que te pueda enviar cada semana contenido exclusivo a tu correo
Nuestra Constitución ha sufrido numerosas reformas que han fortalecido al Poder Ejecutivo y debilitado al Poder Judicial, poniendo en entredicho el equilibrio de poderes originalmente establecido. Desde su promulgación, la Constitución ha sido reformada 841 veces hasta febrero de 2025, conservando solo 17 de sus 136 artículos sin cambios. Aunque estas reformas son necesarias para su vigencia, las frecuentes modificaciones recientes han sido criticadas por desnaturalizar su esencia y concentrar poder en la presidencia.
Este fenómeno se ha visto reforzado por la sobrerrepresentación en el Congreso, que ha permitido que el Legislativo se convierta en una extensión del Ejecutivo, sin ejercer su función de control y balance. En las elecciones de 2024, la coalición oficialista obtuvo una supermayoría en la Cámara de Diputados, controlando el 73% de los escaños, lo que les permite realizar enmiendas a la Constitución sin necesidad de negociar con la oposición.
El federalismo, otra piedra angular de nuestra Constitución, también se ha visto debilitado. La Hacienda Pública federal ha impuesto un control cada vez más asfixiante sobre estados y municipios, limitando su autonomía para diseñar y financiar proyectos de desarrollo. Este centralismo ha llevado al debilitamiento de los entes fiscalizadores y ha generado un fuerte control de la Hacienda Pública federal sobre los estados y municipios, lo que ha impulsado la discusión sobre un nuevo pacto fiscal que redistribuya los recursos de manera más equitativa y garantice mayor autonomía financiera a las entidades federativas que más aportan a la economía nacional.
Desde su promulgación, la Constitución ha sido reformada 841 veces hasta febrero de 2025, conservando solo 17 de sus 136 artículos sin cambios.
El debilitamiento del Poder Judicial es quizá la amenaza más grave a nuestra democracia. La independencia de jueces y magistrados es fundamental para la imparcialidad de la justicia, pero si se permite que factores externos y actores desacreditados influyan en su designación, se abre la puerta a un sistema judicial politizado, en el que el derecho y la legalidad queden supeditados a intereses de grupo. Esto, además de poner en riesgo el Estado de derecho, genera incertidumbre en la economía y la inversión. Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) destaca el retroceso democrático bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, señalando que la concentración de poder en el Ejecutivo ha debilitado los controles y equilibrios necesarios para una democracia saludable.
La falta de un marco jurídico estable y autónomo genera incertidumbre para inversionistas nacionales e internacionales, afectando el crecimiento económico y la confianza en el país. La inversión requiere reglas claras y un sistema judicial que garantice el cumplimiento de contratos y la seguridad jurídica. En un contexto donde las decisiones de los tribunales pueden verse comprometidas, el crecimiento económico se ve afectado por la falta de garantías legales.
Para fortalecer la democracia en México y evitar una deriva hacia un modelo de poder excesivamente centralizado, es fundamental tomar medidas concretas: reforzar la independencia del Poder Judicial con mecanismos transparentes y meritocráticos para la selección de jueces, revisar el sistema de representación en el Congreso para evitar sobrerrepresentación y garantizar una verdadera deliberación legislativa, impulsar un nuevo pacto fiscal que otorgue mayor autonomía financiera a los estados y garantizar elecciones libres y justas que eviten cualquier intento de manipulación de las reglas democráticas.
El reto es grande, pero debemos evitar que el país siga derivando hacia un modelo de poder excesivamente centralizado, donde la división de poderes sea solo una formalidad y no una garantía real del ejercicio democrático. La Constitución de 1917 nos dio un modelo basado en el equilibrio de poderes, un pilar que no podemos permitirnos erosionar. Si no defendemos este principio, podríamos enfrentar un México donde la democracia sea solo una formalidad y el poder se concentre en unas pocas manos.
