AZ LUMINARIA
BOSQUE NACIONAL CORONADO — El pastor Randy Mayer maniobra hábilmente su camioneta SUV por caminos de terracería accidentados, esquivando enormes baches y subiendo por empinadas pendientes en la oscuridad previa al amanecer. El terreno áspero en este tramo remoto de la frontera entre Arizona y México le resulta familiar. Mayer, cofundador de los Green Valley-Sahuarita Samaritans, una organización sin fines de lucro que brinda ayuda humanitaria a migrantes, ha viajado por estas tierras durante casi 25 años.
Su destino, aquel viernes de enero, era un pequeño campamento a unas 20 millas al este de Sasabe, donde durante los últimos dos años, su organización y otros grupos religiosos y humanitarios han proporcionado comida, agua y primeros auxilios a migrantes varados en las montañas Pajarito.
Una valla de bolardos de 30 pies de altura, construida durante el primer mandato del presidente Donald Trump, termina en las colinas. En 2022, los traficantes de personas comenzaron a explotar brechas en el muro para trasladar a más personas hacia el sur de Arizona, lo que contribuyó a un fuerte aumento ese año en la cantidad de migrantes que cruzaban entre los puertos de entrada.
“Hubo días en los que encontrábamos 200, 300, 400, 500 personas caminando por ahí”, dijo Mayer.
Al año siguiente, más de 500,000 personas ingresaron entre los puertos de entrada en el Sector Tucson de la Patrulla Fronteriza, parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. Su número abrumó a los agentes, lo que provocó que tuvieran que esperar días para ser recogidos.
La escarpada cadena montañosa, que se extiende hasta México, puede ser mortal, con temperaturas que en verano alcanzan casi los 100 grados, además de lluvias torrenciales e inundaciones repentinas. En invierno, las temperaturas regularmente caen por debajo del punto de congelación.
“Las personas estaban en grave peligro”, dijo Mayer, quien también es pastor de la Iglesia Unida de Cristo del Buen Pastor en Sahuarita.
La mayoría de las personas que llegan al campamento en el Bosque Nacional Coronado —que cuenta con dos grandes tiendas circulares, fogatas y baños portátiles— quieren entregarse a la Patrulla Fronteriza.
Los Samaritanos y otros grupos que administran el campamento, incluyendo Humane Borders y No Más Muertes, dijeron que cooperan con el Servicio Forestal de Estados Unidos y con funcionarios fronterizos en Arizona, y esperan continuar trabajando con ellos bajo la administración de Trump. La Patrulla Fronteriza y el Servicio Forestal les permitieron operar el campamento durante los últimos dos años, aseguró Mayer, porque no interrumpía sus operaciones —y en algunos aspectos las mejoraba.
Pero unas semanas antes de que Trump asumiera el cargo, un enlace con el Servicio Forestal notificó a los voluntarios que debían cerrar el campamento y desalojar las tierras federales, según Mayer.
Los voluntarios dijeron que no desmantelarán el campamento voluntariamente porque hacerlo pondría en peligro a los migrantes. Los traficantes de personas en el lado mexicano siguen dejando personas en la zona. Y una orden ejecutiva de Trump que efectivamente suspende el acceso al asilo en toda la frontera inevitablemente empujará a los migrantes a intentar rutas más remotas y peligrosas a través de los desiertos y montañas del sur de Arizona, dijeron los voluntarios.
“Si él toma represalias contra nosotros, lucharemos”, dijo Paula Miller, quien es voluntaria en el campamento con Tucson Samaritans, una misión de la Iglesia Presbiteriana Southside en Tucson. “Responderemos a la necesidad porque salva vidas”.
El Servicio Forestal no respondió a las preguntas de Arizona Luminaria y ProPublica sobre el estado del campamento o la solicitud pendiente de los grupos para un permiso de uso especial que les permita seguir operando en tierras federales. La agencia dijo que estaba revisando las órdenes ejecutivas de Trump y determinando cómo implementarlas.
Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, mejor conocida por sus siglas en inglés como CBP, dijeron a las organizaciones de noticias mediante un comunicado por correo electrónico el 24 de enero que el trabajo de los agentes patrullando el Sector Tucson no es realzado por los voluntarios de ayuda humanitaria, afirmando que la agencia puede proporcionar apoyo médico y de rescate cuando sea necesario.
Los agentes suelen interactuar con miembros de grupos de ayuda mientras están de servicio. También alentaron a las organizaciones privadas y ciudadanos a denunciar cualquier actividad ilegal o emergencia de la que tengan conocimiento, agregó la agencia.
El número de cruces fronterizos ha disminuido desde junio, cuando el presidente Joe Biden suspendió el acceso al asilo entre los puertos de entrada. En el campamento en Sasabe, los voluntarios ahora ven un promedio de 35 a 50 migrantes por día, en comparación con cientos de hace poco más de un año, dijo Mayer. Veinticinco migrantes —incluidas familias con niños— llegaron al campamento esa mañana de viernes en enero.
Es difícil predecir si esos números aumentarán o disminuirán a medida que la represión de Trump contra las vías legales para ingresar a Estados Unidos tome fuerza. Pero los voluntarios creen que el trabajo de brindar asistencia humanitaria a las personas que cruzan la frontera conlleva muchos más riesgos legales. Durante el primer mandato de Trump, la oficina del fiscal de Estados Unidos en Arizona procesó al menos a cinco voluntarios que realizaban trabajo de ayuda humanitaria en el sur de Arizona, incluidos miembros de No Más Muertes. Los agentes fronterizos también allanaron un campamento de migrantes administrado por voluntarios cerca de Arivaca.
Aun así, los voluntarios dicen que tienen el derecho constitucional de alimentar, vestir y salvar las vidas de las personas que buscan refugio. Las represalias pasadas, y la que temen que pueda llegar al campamento cerca de Sasabe, violan su libertad religiosa, la cual están preparados para defender, afirman.
“Estamos siguiendo la orden ejecutiva de Dios”, dijo Miller.
“Mitigando muchos de los problemas”
Faltaban 90 minutos para el amanecer cuando Mayer llega al campamento. Las temperaturas estaban bajo cero y los vientos que se canalizan a través de los cañones cercanos intensifican el frío cortante.
Mayer inmediatamente dispone chocolate caliente y café, arma una estufa de camping y comienza a hacer burritos de frijoles con tortillas de harina. Los voluntarios han proporcionado mantas a los migrantes, que se agrupan alrededor de las fogatas del campamento.
El grupo de ese día había rodeado el cerco durante la noche y esperaba la llegada de los agentes fronterizos. Venían de México, Guatemala, Brasil, Guinea y Rusia.
Antes de que los voluntarios establecieran el campamento, los migrantes cortaban vegetación para encender fogatas, con el riesgo de provocar incendios forestales en el área protegida. Además, la basura y los desechos humanos se acumulaban a lo largo de la valla. Mayer dijo que cerrar el campamento haría las cosas más difíciles para la Patrulla Fronteriza y el Servicio Forestal. El campamento funciona como un punto de reunión donde los agentes pueden recoger a los migrantes varias veces al día, explicó.
Las autoridades federales, sin embargo, han alegado que la asistencia humanitaria puede derivar en ayuda a actividades ilegales, como facilitar la entrada de migrantes al país o esconderlos de las fuerzas del orden.
En 2018, agentes fronterizos allanaron una propiedad en Ajo que No Más Muertes utilizaba como base para distribuir agua en el desierto. Scott Warren, un voluntario del grupo, fue acusado de albergar ilegalmente a migrantes y de conspiración, ambos cargos graves. El caso se llevó a juicio dos veces: la primera terminó en un jurado indeciso y la segunda en absolución.
En 2019, cuatro voluntarios de No More Deaths fueron declarados culpables de ingresar sin permiso al Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta, en el sur de Arizona, otro corredor mortal de tráfico de personas. Los voluntarios estaban dejando frijoles enlatados y galones de agua para los migrantes. Fueron sentenciados a libertad condicional y multados con 250 dólares cada uno, pero una juez federal anuló sus condenas en apelación, citando sus “sinceras creencias religiosas”.
No Más Muertes dijo en un comunicado escrito que sigue comprometido con su labor de salvar vidas a pesar de la amenaza de criminalización. El grupo citó situaciones recientes en las que personas estuvieron en peligro de muerte, señalando que la respuesta de la Patrulla Fronteriza fue “prácticamente inexistente”.
“No Más Muertes, al igual que otros grupos de ayuda humanitaria en la región, existe como una respuesta a la absoluta escasez de servicios médicos y de rescate disponibles para los migrantes. Y esto no se debe a la falta de recursos por parte de CBP; es por diseño y una cuestión de política que las personas sean abandonadas a morir en el desierto”, dijo el grupo en su declaración.
Otra demanda en curso ofrece una visión de lo que los grupos de ayuda a migrantes basados en la fe podrían enfrentar en un segundo mandato de Trump. En Texas, los líderes republicanos del estado están tratando de cerrar Annunciation House en El Paso, un refugio católico para migrantes, acusando a la organización de violar leyes estatales al albergar a migrantes indocumentados.
Durante los argumentos orales ante la Corte Suprema de Texas el 13 de enero, los abogados de Annunciation House argumentaron, entre otras cosas, que su labor de cuidado a los migrantes en la frontera está protegida por la cláusula de libertad religiosa de la Primera Enmienda. Cuentan con el respaldo del First Liberty Institute, un grupo legal cristiano conservador que litiga casos de libertad religiosa, el cual argumentó que el trabajo de Annunciation House con migrantes es una actividad protegida bajo la ley de libertad religiosa de Texas.
“La ley dice que el gobierno ‘no puede imponer una carga sustancial sobre el libre ejercicio de la religión de una persona’”, dijo Elizabeth Kiernan, quien compareció en nombre del instituto en la audiencia. “Y cancelar la carta corporativa de una organización benéfica religiosa es, sin duda, una carga sobre ese ejercicio de religión”.
Las políticas obligan a cruces más peligrosos
Cuando Biden dejó el cargo, menos migrantes intentaban cruzar la frontera entre Estados Unidos y México que cuando ingresó a la Casa Blanca, muestran los números de aplicación. También dejó en vigor restricciones que hicieron más difícil acceder al asilo en la frontera sur.
Trump, en la primera semana de su segundo mandato, ha sellado aún más el acceso. El 20 de enero, puso fin al uso de la aplicación CBP One para procesar solicitudes de asilo en los puertos de entrada y canceló todas las citas programadas, dejando varados a unos 270,000 solicitantes de asilo en las ciudades fronterizas mexicanas.
Trump también emitió órdenes ejecutivas que restringen aún más el acceso al asilo al declarar una invasión en la frontera y restablecer los Protocolos de Protección a Migrantes, obligando a los solicitantes de asilo a permanecer en México mientras se procesan sus casos. Además, pidió la construcción de más barreras físicas en la frontera.
Esa directriz podría sellar la brecha utilizada por los traficantes de personas en la actualidad en la zona de la Pajarita Wilderness, una de las últimas porciones no cercadas de la frontera de Arizona con México.
Los trabajadores humanitarios temen que las órdenes ejecutivas de Trump empujen a los migrantes a rutas más peligrosas fuera de los puertos de entrada, incluyendo las montañas Pajarito, para evadir la detección. Los grupos dijeron que, en los últimos 30 años, han visto cómo la construcción de barreras en Arizona empuja a los migrantes a áreas más remotas.
“He estado aquí durante cinco administraciones y cada administración sigue construyendo sobre las malas políticas de la otra”, dijo Mayer. “No hay nuevas ideas”.
Los grupos de ayuda dijeron que ya están anticipando la necesidad de más entregas de agua en el desierto de Sonora para evitar que los migrantes mueran en los tramos remotos de la frontera de Arizona.
Humane Borders, que brinda apoyo al campamento cerca de Sasabe, realiza entregas de agua a lo largo de las tierras fronterizas. También han seguido la recuperación de restos humanos desde 1981. En ese tiempo, se han registrado más de 4,300 muertes de migrantes en el sur de Arizona.
“Hemos estado haciendo esto mucho tiempo. Lo hemos estado haciendo más tiempo que Trump en el poder”, dijo Miller, la voluntaria de Tucson.
“Mi fe me llama a esto”
Cuando llegó el amanecer esa mañana de viernes, aparecieron luces intermitentes al oeste. Los agentes de la Patrulla Fronteriza se dirigían al campamento.
Cuando llegaron, les dijeron a los migrantes que formarán dos filas, una para las familias y otra para los adultos solteros. Miller usa una aplicación en su teléfono para traducir las instrucciones al ruso y portugués.
Los migrantes suben a dos furgonetas con destino a la Base de Operaciones Avanzada de la Patrulla Fronteriza en Sasabe, donde serán procesados. Debido a las nuevas restricciones sobre el acceso al asilo en la frontera, Mayer dice que a la mayoría de las personas que asisten en el campamento se les prohibirá solicitar asilo y probablemente serán deportadas. Algunos, tan pronto como ese mismo día.
Mientras las luces rojas y azules de la Patrulla Fronteriza desaparecen en la distancia, Mayer desarma su estufa de camping y empaca el café y el chocolate caliente en su camioneta SUV.
“En ningún momento en mis votos de ordenación tuve que decir, ‘Solo cuidaré a los ciudadanos de Estados Unidos’”, dijo Mayer. “Soy un pastor del mundo. Mi fe me llama a esto”.
Mayer dice que seguirá regresando al campamento mientras esté en funcionamiento. Si los obligan a eliminarlo, agrega, irá donde la necesidad sea mayor.
