La primera imposición de gravámenes de la Administración republicana va acompañada de la revocación inmediata de visados a los funcionarios del Gobierno de Petro. El presidente respondió con la misma sanción: aranceles del 25%
Juan Esteban Lewin
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo la imposición de aranceles a Colombia después de que este país no permitiera aterrizar a dos vuelos de repatriación de migrantes indocumentados. La activación de un gravamen del 25% a todos los bienes colombianos se elevará al 50% en una semana, según ha informado el mandatario en su red Truth Social. Como respuesta, tres horas después del anuncio de Trump, Petro ordenó a su ministro de Comercio Exterior que elevara los aranceles de importaciones estadounidenses en un 25%. “Los productos norteamericanos cuyo precio subirá dentro de la economía nacional deben ser reemplazados por producción nacional, el gobierno ayudará en este propósito”, añadió Petro en X, apuntando que subirá al 50% el gravamen si Trump, que se refirió a “Columbia” al mencionar al país sudamericano, hace lo mismo.
La de este domingo no solo es la primera represalia que adopta la Administración republicana contra otro país por temas migratorios: también es el primer anuncio formal de aranceles, a pesar de las repetidas amenazas proferidas por el republicano durante la campaña y —más recientemente— en su toma de posesión, el pasado lunes. Estas medidas, ha indicado el mandatario, “son solo el comienzo”. “¡No permitiremos que el Gobierno Colombiano viole sus obligaciones legales con respecto a la aceptación y retorno de los Criminales que ellos forzaron a entrar a los Estados Unidos!”, concluye el post del republicano.
Al margen de lo puramente comercial, el anuncio de Trump incluye un paquete más amplio de sanciones. A los “aranceles de emergencia” se suma “la prohibición de viajar y la revocación inmediata de visados a los funcionarios del Gobierno colombiano y a todos sus aliados y simpatizantes; sanciones relativas a visas a todos los miembros del partido, familiares y simpatizantes del Gobierno colombiano; inspecciones reforzadas de aduanas de todos los nacionales colombianos y de la carga por motivos de seguridad nacional e imposición total de sanciones fiscales, bancarias y financieras”, según se lee en la publicación de Truth Social.
Menos de una semana después de que Trump asumiera de nuevo la presidencia de la primera potencia mundial, su Administración ha chocado frontalmente con el Gobierno de izquierdas de Gustavo Petro en Colombia. El mandatario sudamericano había anunciado en la madrugada de este domingo que no permitirá la llegada de vuelos militares norteamericanos con colombianos deportados. Estaba previsto, sin embargo, que el domingo llegaran dos de estos vuelos con al menos 160 personas a bordo. Según ha explicado posteriormente el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el presidente colombiano había autorizado inicialmente los vuelos, para más tarde cancelar el permiso de entrada cuando los aparatos ya estaban en el aire.
El republicano ha respondido horas después al rechazo de Petro con la suspensión por tiempo indeterminado de las operaciones en la sección de visas de su embajada en Bogotá. Y también con la promesa de más represalias, que han culminado en forma de aranceles.
Para la economía de Colombia, las exportaciones a Estados Unidos son fundamentales. Una cuarta parte del total tienen como destino el país norteamericano, según datos de 2022, y se concentran en productos básicos: casi un 40% fue petróleo crudo, otro 11% café y un 10,5%, flores. Ese último sector, con epicentros cerca de Bogotá y Medellín y 200.000 empleos —la mitad de ellos de mujeres cabeza de familia—, aparece como el primer damnificado: la celebración de San Valentín es momento álgido de ventas a Estados Unidos, con el 20% de todas las exportaciones en 2023. El segundo exportador de flores en el mundo esperaba enviar este año 45.000 toneladas de flores, por valor de 40 millones de dólares (38 millones de euros).
El endurecimiento de la política migratoria fue uno de los ejes de la campaña del magnate, y también uno de los asuntos que concentraron el aluvión de órdenes ejecutivas que han definido su agenda de gobierno. Solo en su primer día en la Casa Blanca fueron detenidos en EE UU más de 300 migrantes en redadas. “La operación de deportación masiva más grande de la historia está en marcha. Promesas hechas. Promesas cumplidas”, decía un comunicado gubernamental emitido el viernes. Colombia es uno de los principales países emisores de migrantes a EE UU, y Petro ha exigido un “tratamiento digno” a quienes sean enviados de vuelta al país.
En un comunicado oficial de Presidencia, el Gobierno colombiano confirmó su participación en la Asamblea Extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), convocada para el próximo 30 de enero, donde se abordarán temas cruciales como la cooperación entre países miembros en materia migratoria y la protección de los derechos humanos. Paralelamente, anunciaron que se dispondrá del avión presidencial para facilitar el retorno digno de los connacionales que iban a llegar hoy a Colombia. “De ninguna manera los colombianos, como patriotas y sujetos de derechos, han sido ni serán desterrados del territorio colombiano”, se lee.
Como respuesta, la secretaría de Estado norteamericana anunció en la mañana del domingo que suspenderá temporalmente el trámite y expedición de visas en Bogotá, medida que afecta a miles de colombianos. Petro, a su vez, respondió recordando que hay 15.560 estadounidenses establecidos de forma irregular en Colombia y exigiendo que se presenten a las autoridades locales.
“Por la dignidad de todos los colombianos”
Laura Sarabia, la número dos del presidente de izquierdas y quien asumirá como canciller el próximo 1 de febrero, también se pronunció en X (antes Twitter). Aseguró que el Gobierno reafirma su compromiso con un regreso “digno” de sus connacionales, a partir de tres puntos: “Garantizar un trato respetuoso y humano, asegurar condiciones adecuadas, con transporte civil y digno, abiertos al diálogo con EE UU para verificar protocolos y fortalecerlos”. Y zanjó: “Por la dignidad de todos los colombianos”.
Hace poco más de un año, durante el mandato de Joe Biden, Colombia y Estados Unidos habían firmado un nuevo protocolo para el retorno de nacionales repatriados o deportados que aceleró el proceso y amplió la frecuencia de los vuelos a un promedio de cuatro por mes. Este acuerdo fue conculcado con la promesa de expulsar a todos los inmigrantes irregulares “masivamente” del país que ahora preside Trump.
La negativa de Petro se produce en medio de la polémica existente en varios países de América Latina por el endurecimiento de las medidas migratorias en Washington. El Gobierno de Brasil denunció este sábado el uso de esposas por parte de las autoridades estadounidenses contra ciudadanos del país durante un vuelo de deportación. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, ordenó a la Policía Federal que pidiera a los agentes la retirada “inmediata” de las mismas, en cuanto el avión hizo una parada técnica en la ciudad de Manaus.
Mientras, constituye una incógnita cómo procederá Washington en la devolución de sin papeles a países con los que mantiene relaciones tensas o incluso inexistentes, como Venezuela —desde 2022 han llegado a Estados Unidos decenas de miles de venezolanos—, el jueves fueron devueltos a Guatemala en aviones militares los primeros deportados de ese origen. La expulsión de personas sin papeles continúa por los puertos de entrada terrestres a lo largo de la frontera sur de EE UU, aunque México también pareció dar la vuelta a un vuelo militar con destino al país la semana pasada, según informó la CNN.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió este viernes que habrá una estrategia integral para garantizar empleo y programas sociales para las personas repatriadas. “Nos hemos estado preparando para recibir a las y a los mexicanos que tengan un espacio en la frontera y en otros lugares para que puedan tener acceso a los programas sociales, al empleo, a poderse mover en nuestro territorio nacional para ir a sus lugares de origen”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina. Los mexicanos son cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos y sus remesas representan casi el 4% del producto interior bruto (PIB) de México, que en 2024 habría recibido un estimado de 65.000 millones de dólares.
